La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Buch por la escolta que se dio a Puigdemont en Bélgica

El fiscal Pedro J Ariche Axpe sostiene que Buch decidió facilitar a Puigdemont un servicio de protección en el extranjero con «personas de su estricta confianza a costa del erario público» y nombró a Escolà asesor de la Consejería para que escoltara al expresidente, «una persona sobre la que había sido dictada orden judicial de busca, captura e ingreso en prisión».

Señala que, según el propio Departamento del Interior, el gasto total derivado del nombramiento de Escolà para el aparente cargo de «asesor» que desempeñó entre julio de 2018 y marzo de 2019 asciende a 52.712,66 euros, cantidad que la Fiscalía reclama que ambos encausados devuelvan al erario público «a resultas de la torticera conducta» desplegada por los acusados, por lo que pide que de momento se les fije una fianza de 70.283 euros.

Lluís Escolà fue hasta octubre de 2017 jefe operativo de la Unidad de Presidencia del Área de Escoltas de los Mossos d’Esquadra, por lo que se encargaba de la coordinación y la planificación de seguridad de la actividad pública y privada de Carles Puigdemont.

Después de que facilitara la salida del expresidente catalán al extranjero desde su domicilio de Sant Julià de Ramis (Girona) sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos le abrió un expediente de investigación y, provisionalmente, le destinó a una plaza en la Comisaría de Martorell (Barcelona).

No obstante, la Fiscalía indica que el ‘mosso’ «no ejecutó un solo día de servicio activo» en ese puesto, en el que aprovechó días de permiso y de vacaciones para «prestar labores de custodia y seguridad» a Puigdemont, a quien el Tribunal Supremo (TS) ya había declarado en rebeldía por no comparecer en la causa del ‘procés’.

Asegura que Buch designó a Escolà como asesor en sistemas de seguridad en «un acto de mera arbitariedad» y con la única intención de que escoltara a Puigdemont.

El fiscal explica que entre el 27 de julio de 2018 y el 13 de marzo de 2019, el agente no acudió ni un solo día a su lugar de trabajo, sino que llevó a cabo hasta 18 viajes «fuera del territorio nacional, en los que se dedicaba a ejercer funciones de protección, escolta, custodia y asesoramiento» de Puigdemont.

De los 224 días que Escolà ostentó el cargo de asesor, precisa el escrito, «en 103 permaneció fuera de Cataluña (en países extranjeros) o en desplazamiento, en 20 se desconoce su ubicación y en otros 101 días se puede inferir que se encontraba en territorio catalán».

El Departamento de Interior aportó a la causa una serie de informes que habría elaborado Lluís Escolà en su cargo de asesor, pero el fiscal advierte de que carecen de registro de entrada y de firma, «versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar» -desde el yihadismo hasta la vigilancia nocturna- y están «plagados de generalidades» que se pueden obtener fácilmente en internet.

Escolà envió el 7 de marzo de 2019 un correo electrónico a Buch en el que le comunicaba su intención de cesar voluntariamente en las funciones de asesor del conseller de Interior.

El fiscal propone interrogar como testigos en el juicio a varios ‘mossos’, al entonces director del cuerpo, Andreu Martínez y a su sucesor en el cargo, Pere Ferrer, que entonces era el jefe de gabinete de Buch, y al exsecretario general del Departamento Brauli Duart.

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