La Audiencia Nacional ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujo Soley, sus 7 hijos y otras 11 personas entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola -el primogénito del exdirigente catalán- Mercé Gironés o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les envía al banquillo por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución.
En el auto de apertura de juicio oral, con fecha 15 de junio y contra el que no cabe recurso, el magistrado requiere a Jordi Pujol Ferrusola para que en el plazo de 10 días deposite 7 millones y medio de euros y a Mercé Gironés 400.000 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse en este procedimiento por los delitos contra la Hacienda Pública que se les imputan.
El juez ratifica la situación de libertad de los acusados y explica que no existe la necesidad de asegurar su presencia en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que han mantenido durante el proceso, incluida la de dejar constancia del domicilio en España y la obligación de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos.
Les concede un plazo de un mes a los acusados, hasta el 16 de julio, para que presenten sus escritos de defensa e incluye los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la acusación representada por Grand Tibidabo SA en los que se indican los delitos y las penas de prisión solicitadas para los acusados.
En junio de 2020, el anterior instructor de esta causa propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas.
En este procedimiento también se ha investigado a empresarios que presuntamente realizaron pagos millonarios a la familia, según explicaba el juez José De la Mata en su auto, disimulados bajo estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales.
