El inspector principal del caso ‘Gürtel’, Manuel Morocho, ha declarado ante el juez que investiga la ‘operación Kitchen’ que recibió indicaciones de sus superiores de que el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pedía acabar ya el informe destinado a analizar si había relación entre las empresas constructoras que aparecían en la presunta ‘caja b’ del PP y adjudicaciones públicas.
Morocho, que ha completado este viernes la declaración como testigo que empezó el martes, ha vuelto a denunciar presiones por parte de los mandos policiales del momento para intentar controlar la investigación sobre la trama de corrupción ‘Gürtel’, según fuentes presentes en la comparecencia judicial consultadas por Europa Press.
Como parte de esas tensiones, ha relatado que sus jefes le trasladaron que Fernández Díaz tenía prisa por que se terminara de elaborar el informe dedicado a estudiar si había alguna conexión entre las empresas constructoras que figuraban en los ‘papeles’ del extesorero del PP Luis Bárcenas y los contratos públicos concedidos.
Ese informe no llego a establecer tales lazos, lo que propició que el instructor de la ‘Gürtel’, Pablo Ruz, archivara la línea de investigación encaminada precisamente a determinar si los pagos estaban vinculados a negocios concretos, asunto reactivado años después por el magistrado Santiago Pedraz, que ahonda ahora en la parte de las llamadas comisiones finalistas.
Morocho ha explicado al titular del juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que su impresión fue que el objetivo de esas prisas era cerrar el informe en falso, dado que en este punto de la investigación su unidad policial aún no tenía toda la documentación que había solicitado para confeccionarlo.
De esta forma, ha vuelto a apuntar a Fernández-Díaz. El martes, declaró que su entonces jefe en la UDEF, José Luis Olivera, durante una reunión que mantuvieron en 2013 en una cafetería, recibió una llamada telefónica de una persona que identificó como el ministro de Interior –aunque Morocho no llegó a escuchar su voz ni ver su número de teléfono– para preguntar si había aceptado alguno de los destinos que le ofrecían.
Según expuso ese día a García-Castellón, Olivera le ofreció puestos de trabajos sumamente atractivos, como oficial de enlace en Lisboa para un organismo dependiente de la UE, en la embajada que él quisiera y hasta en Naciones Unidas, con la intención de apartarlo de las pesquisas sobre ‘Gürtel’. Él, aseguró, los rechazó todos por «honestidad».
Sospechas del juez Ruz
Esa «honestidad» es la que, de acuerdo con el relato de Morocho, le habría servido para que el juez Ruz confiara plenamente en él y en los policías a su cargo para desentrañar la madeja de ‘Gürtel’ sin sucumbir a estas supuestas presiones de la cúpula.
Morocho ha contado que las suspicacias de él y de Ruz alcanzaron tal nivel que el juez incluso llegó a sospechar que podían haber instalado aparatos de escucha en su propio despacho, ante lo cual planteó al inspector la posibilidad de realizar un barrido para detectar micrófonos, si bien el agente se lo desaconsejó esgrimiendo que esa operativa recaería sobre las mismas personas que podrían haberlos colocado.
Así las cosas, ha relatado que en alguna ocasión optaron por hablar fuera del despacho de Ruz, llevando a cabo sus reportes verbales en el contexto general de la oficina judicial, donde se sentían más seguros.
Como parte del supuesto boicot a la investigación de ‘Gürtel’, Morocho ha contado que estos mandos policiales intentaron tenderle trampas para propiciar la nulidad de toda la instrucción y hacer naufragar la causa.
En este sentido, ha dicho que un compañero le llamó un domingo para advertirle de que Bárcenas aparecía en una lista de embarque y sugerirle que se procediera a la detención del extesorero para impedir que saliera del país.
Morocho se lo trasladó al juez pero avisando al mismo tiempo de que creía que era una maniobra sin fundamento. Poco después, ha continuado, ese mismo compañero le llamó para comunicarle que había sido un error, lo cual confirmó las sospechas del inspector.
Más adelante, nada más entrar Bárcenas en la prisión de Soto del Real, en junio de 2013, vivió una situación similar. En este caso es Olivera quien le sugirió que se llevara a cabo una entrada y registro en el domicilio del antiguo responsable de las finanzas del PP para localizar material.
Aquí volvieron las dudas de Morocho, porque en ese momento ya había pocas probabilidades de encontrar algo en la casa. Así, entiende que fue otro movimiento para neutralizar las pesquisas.
