La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha informado que entre el año 2000 y abril de 2021 se han intervenido 24.467 teléfonos móviles en las cárceles dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP), según los datos oficiales facilitados a petición del sindicato al Portal Transparencia.
Según informa, entre el año 2000 y 2005 se incautaron cerca de dos centenares de teléfonos móviles, de los 16 del primer año a los 169 del último. Sin embargo, es a partir de 2006, con 500 terminales incautados, y sobre todo, 2007, con 1.244 teléfonos intervenidos, cuando se ha registrado un fuerte incremento hasta ahora, con una media de 1.350 teléfonos móviles requisados por año.
Durante 2009 y 2010 hubo un gran incremento de requisa, con 1.784 y 1.779, respectivamente.
En el 2019 se produjo el récord histórico de incautaciones, con un total de 2.585 teléfonos intervenidos, una media de siete al día, cifra que doblaba el número de los intervenidos en 2007.
En 2020 se requisaron 2.186, seis móviles al día, y en los primeros meses de 2021, de enero a abril, se han incautado 698 teléfonos.
«Y ello, pese a que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias nos lo ponga difícil, al no dotarnos de los medios materiales necesarios para su incautación, así como de la falta de personal cifrada en más de 3.000 funcionarios», señala a Confilegal su presidente, Francisco Llamazares, que vuelve a insistir en las reivindicaciones del colectivo que, según denuncia, llevan «años sin ser atendidas».
La APFP denuncia la «falta de medios materiales con los que cuentan los funcionarios de prisiones en la lucha contra el uso de teléfonos móviles por parte de la población reclusa».
Según explica, «se carece de detectores digitales portátiles para la localización de teléfonos móviles, unido a la falta de nuevos sistemas de detección telefónica para el 4 y 5G».
Este sindicato quiere «agradecer y reconocer el magnífico trabajo diario» de los funcionarios de prisiones, ya que son «el medio más eficaz para evitar la introducción de móviles en las cárceles y detectar su uso”.
Destaca que con su incautación están dando «protección a las víctimas de violencia de género y contribuyendo eficazmente en la lucha contra el terrorismo, las bandas organizadas y el narcotráfico desde el interior de los centros penitenciarios», contribuyendo con su profesionalidad en su trabajo a la seguridad del Estado.
LA LUCHA DE LOS FUNCIONARIOS CONTRA LOS NEGOCIOS DESDE DENTRO DE LA CÁRCEL
Llamazares explica que los internos utilizan los móviles para hacer negocios desde la cárcer, contactar con personas o familiares con los que no comunican de forma habitual. También se han detectado e incautado móviles a internos clasificados como banda armada, presos del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES).
Señala que el control de internos terroristas en el ámbito penitenciario ha sido una de las políticas con mayores éxitos en la lucha antiterrorista, promovidas por todos los gobiernos.
La APFP indica que el informe balance del director general de ejecución penal y reinserción social de la SGIIPP en materia de seguridad y tratamiento del primer trimestre de 2021 recoge expresamente que en las últimas semanas se habían producido actuaciones judiciales en el interior de los centros penitenciarios en relación a población que pudiera colaborar con grupos radicales yihadistas, en alusión a las seis detenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde diciembre, en colaboración con los funcionarios de prisiones, de presos que pretendían reclutar a otros para adoctrinarlos en el ideario terrorista.
Llamazares informa que el trabajo de los funcionarios de prisiones contra el terrorismo radical islamista se centra principalmente en la «responsabilidad de prevenir la preparación de posibles objetivos, así como la de evitar los procesos de captación o revertir los procesos de reclutamiento ya iniciados, desde el interior de las prisiones, «lo que pone de relieve y de manifiesto la importancia del trabajode los funcionarios de prisiones dentro de las políticas de la Seguridad del Estado y hacia la sociedad».
Del 1 de enero del 2000 al 30 de abril de 2021 se han incautado 17 teléfonos móviles a internos FIES 3, que integra a todas y cada una de las bandas terroristas.
A los internos FIES CE -presos por radicalismo islámico- y a los del Grupo B -internos que realizan labores proselitismo y radicalización- se les intervinieron un total de 20 móviles; y a los del Grupo C -internos vulnerables hacia un proceso de fundamentalización- 32 teléfonos.
«Gracias al trabajo y profesionalidad de los funcionarios de prisiones con estas incautaciones se han podido evitar males mayores», subraya Francisco Llamazares.
SUS REIVINDICACIONES
La APFP vuelve a reivindicar que los funcionarios de prisiones sean considerados autoridad en el ejercicio de sus funciones, la creación de un estatuto propio para los trabajadores penitenciarios, y contar con medios materiales y humanos suficientes para poder ejercer con mayores garantías el trabajo que prestan a la sociedad, en el que están expuestos a todo tipo de agresiones diarias por parte de la población reclusa.
El presidente de la APFP pide a los partidos políticos que «reconozcan de una vez el trabajo y la responsabilidad que conlleva ser funcionario de prisiones» y les doten de los medios necesarios.
