«En mi país hay una Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos y traslados de magistrados. En esa Comisión está integrada el Colegio de Abogados del Uruguay, que juega un papel fundamental en la evaluación de los jueces«, ha explicado Elena Martínez Rosso, expresidenta de la Corte Suprema de ese país y magistrada en de ese órgano judicial en la actualidad.
Ha sido durante su intervención en el panel sobre «La independencia del poder judicial en las Américas», en el que ha intervenido, y que ha estado compuesto por Richard Wagner, presidente de la Corte Suprema del Canadá, y sus homónimos de Puerto Rico, Maite Oronoz, México, Arturo Zaldívar, Perú, Marianella Leonor Ledesma Narváez, y Guatemala, Roberto Molina Barreto.
Un panel que forma parte de la cumbre de juristas que esta teniendo lugar en Madrid, entre el 5 y el 6 de julio, en la Casa de América de Madrid, organizada por la World Jurist Association (WJA), Asociación Mundial de Juristas, que está presidida por el abogado español Javier Cremades.
De acuerdo con Martínez Rosso, «No es la mera valoración técnica de los conocimientos jurídicos de los jueces sino también esas cosas que solo los abogados pueden percibir. Y que no se puede ver al tener un recurso de apelación, un expediente, delante, porque no aparecen esas causas que hacen a la esencia de un buen juez. Los abogados aportan mucho a la hora de promocionar a los jueces a cargos superiores».
Y ha precisado: «Por ejemplo, los abogados nos hablan, en esa Comisión que yo integré hasta hace poco, de cómo se cómo se comportan los jueces, las actitudes de los jueces. Si son laboriosos, si son puntuales, si tratan bien y con respecto a las partes, si son humildes o tienen acceso de autoridad y no toleran demasiado las sugerencias de las partes. O los pedidos de las partes. Si hay desbordes de autoridad, cosa bastante frecuente, en un proceso oral por audiencias«.
«Todas las consideraciones que hacen al perfil de un buen juez solo los abogados las traen. Y entonces se compensa que sean evaluados a través de sus superiores procesales», ha especificado.
Esta Comisión está integrada, además de por el Colegio de Abogados, por miembros de la Corte Suprema de Justicia –como se llama allí a lo que en España se denomina Tribunal Supremo–, la Asociación de Magistrados del Uruguay, la única asociación de jueces existente, y la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Cada dos años, la comisión confecciona listados de hasta veinte magistrados que se reputan más aptos, en cada grado y categoría, para el ascenso durante los dos años siguientes.
En Uruguay, país con una población de 3.462.000 habitantes (la Comunidad de Madrid, en España, cuenta con 6.642.000 habitantes), no tienen Consejo General del Poder Judicial o Consejo de la Magistratura.
Esa función la asume la Corte Suprema de la Nación.
El poder judicial uruguayo está compuesto de 493 magistrados, 4.015 funcionarios de la Administración de Justicia –de diferentes categorías–, 293 defensores públicos –equivalentes a abogados del turno de oficio–, tres asesores de confianza y 51 informático.
Uruguay es el país de América Latina donde más confianza hay en el sistema judicial. Entre las Américas, está segundo detrás de Canadá, según la última edición del Barómetro de las Américas, de 2015.
Canadá lidera el ranking, con 58,3% de confianza, seguido por Uruguay con 54,1%. En tercer lugar está Costa Rica, con 53% y cuarto Estados Unidos, con 52,3%.
