La Asociación de Fiscales (AF) insta al Ministerio de Justicia a regular un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «que lo blinde de toda injerencia política», que se dote de autonomía presupuestaria a la Fiscalía, «como tiene el Consejo General del Poder Judicial», y le atribuya capacidad de gestión y de reglamentación para alejar así a la Carrera Fiscal de la «tutela» del Ministerio.
Así lo reivindica la asociación mayoritaria de fiscales «como requisito indispensable para la atribución al fiscal de la investigación penal» que recoge el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), según señala a Confilegal la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona.
El Consejo Fiscal aprobó ayer por unanimidad el informe al anteproyecto de la LECrim y pide algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías, «en la misma línea que planteaba la Asociación de Fiscales en su informe presentado al Ministerio de Justicia el pasado mes de abril en trámite de alegaciones», indica Dexeus.
Una de las críticas de la AF al Ministerio es que «conjuntamente con el Anteproyecto de atribución al fiscal de la investigación penal debía haber presentado un nuevo EOMF que asegurase la independencia de la Fiscalía del Ministerio de Justicia y del Gobierno, para asegurar la investigación y la neutralidad de la institución».
La AF lleva años reclamando la necesidad de un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, «más necesario ahora todavía cuando se va a atribuir la investigación penal a los fiscales», «para blindar la figura del fiscal general y salvaguardar tanto su imparcialidad como su apariencia de neutralidad».
También exige que «se blinde de toda injerencia política el nombramiento del fiscal general del Estado».
Entre las medidas propuestas por la AF para evitar cualquier politización en la elección del fiscal general está que su mandato no coincida con el del Gobierno que lo propone, sino que tenga un plazo superior, y que el cese del Ejecutivo no determine también el del máximo representante del Ministerio Fiscal.
«De esa forma no resulta tan aparentemente vinculado al Gobierno que lo nombró», apunta Dexeus.
La AF también propone «para evitar sospechas de parcialidad la prohibición de que el Ejecutivo proponga para el cargo a quien en los últimos 10 años haya desempeñado cargos políticos de relevancia, como por ejemplo ministra de Justicia, como es el caso de la actual general del Estado, Dolores Delgado, o haber desempeñado representación política en los Parlamentos».
Reivindica, asimismo, «establecer un sistema de contrapesos para limitar el poder del fiscal general, dotando al Consejo Fiscal, como órgano democrático de representación de los fiscales, de mayor relevancia en la toma de decisión del fiscal general en los asuntos de su competencia, especialmente en los ascensos a la primera categoría».
Y vuelve a reclamar por enésima vez la autonomía de la Fiscalía General respecto al Ministerio de Justicia «para cortar el cordón umbilical que les une y lograr finalmente la ansiada autonomía presupuestaria, de gestión reglamentaria del Ministerio Fiscal, con una formación de fiscales que no dependa del Ministerio de Justicia».
Igualmente, la AF ve necesario que se regulen las causas de abstención y recusación del fiscal general y el cauce para hacerlo.
También afirma que con la plantilla actual es imposible asumir las nuevas funciones que el Anteproyecto de la nueva LECrim atribuye a los fiscales.
La fiscal general del Estado informó a principios de junio que pediría al Ministerio de Justicia la ampliación de plantilla de la Carrera Fiscal, en la que en los últimos diez años únicamente se han creado 146 plazas de fiscales, 80 de ellas en abril de 2019.
La propuesta de la Fiscalía consiste en un incremento progresivo para los próximos tres años, concretado en 130 plazas para 2021, 116 para 2022 y 103 para 2023, y que todas ellas sean de segunda categoría.
La AF pide que se haga un estudio de las cargas de trabajo que supondrá la atribución de la investigación penal junto con aquellas funciones que ya tienen atribuidas actualmente, como son los servicios de guardia, la asistencia a las vistas penales y civiles, el desempeño de las funciones en la jurisdicción de menores, la calificación de los asuntos penales, etc., y que se tenga también en consideración el volumen de población y la litigiosidad del lugar, el número de órganos judiciales y cuantos parámetros sean precisos para realizar un cálculo adecuado de las necesidades reales de la Carrera.
«No se puede esperar más para presentar un Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para el que necesariamente debe tomar en consideración las propuestas de la Fiscalía y de las asociaciones», sostiene Dexeus.
Lamenta que no se haya adelantado el trabajo estatutario a la aprobación del Anteproyecto e insiste en que «no debe demorarse más» y que «no puede aprobarse la reforma procesal sin un cambio estatutario en el sentido que reclama la AF para evitar toda sombra de duda sobre la neutralidad de la institución y reforzar la confianza de la ciudadanía en ella».
La AF muestra su disponibilidad a colaborar con el Ministerio de Justicia en la elaboración de un proyecto de Estatuto «para defender los valores de imparcialidad y legalidad» que rigen la institución.
«Esta institución debe ser fuerte y autónoma, pues es un pilar fundamental del Estado de Derecho, basado en el imperio de la ley y la separación de poderes», sentencia Dexeus.
Noticias relacionadas:
Delgado reclama un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y un nuevo Reglamento
