La Fiscalía ha pedido al juez instructor del ‘caso niñera’ que cite a declarar como investigados al tesorero y a la gerente de Podemos, Daniel de Frutos y Esther del Val, quienes habían sido citados como testigos.
En cambio, se opone a que el juez investigue al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
Así lo expone en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, fechado a 25 de junio y que se ha conocido hoy.
Pide que se fije la declaración de ambos trabajadores de Podemos para el próximo 14 de julio, fecha prevista para el interrogatorio de Teresa Arévalo, asesora del Ministerio de Igualdad investigada en la causa por un presunto delito de administración desleal a raíz del relato de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, quien sostiene que la ministra de Igualdad, Irene Montero, habría usado a Arévalo -entonces empleada de Podemos- como cuidadora de su hija durante la campaña de 2019.
El Ministerio Público recuerda que el pasado 27 de abril el juez citó como investigada a Teresa Arévalo, se comunicó la existencia del procedimiento a la ministra Irene Montero, y se acordaron testificales.
Una acusación popular pidió al magistrado el 2 de junio la citación como investigado de Iglesias, que se solicitase testimonio de las actuaciones del Juzgado de lo Social 3 de Madrid en relación al presunto despido improcedente de una testigo, y la citación como investigados de Daniel de Frutos y Rocío Ester Val.
El fiscal se opone a la citación de Pablo Iglesias como investigado «en los mismos términos» que el auto del 21 de junio que desestimó su citación como testigo.
Afirma que de los hechos relatados en el escrito remitido por «Carmona no existe ningún elemento que acredite siquiera indiciariamente la participación de Pablo Iglesias en hecho delictivo alguno, por mucho que la hija de Irene Montero sea, a su vez hija de Pablo Iglesias».
En relación a las actuaciones del Juzgado de lo Social 3, manifiesta que «no procede dado que son hechos que no están siendo investigados en este procedimiento». Y ello porque en el escrito de Carmona «no se aportaba ningún principio de prueba más allá de informaciones en un medio digital».
En este sentido, afirma que los indicios referidos están siendo objeto de otro procedimiento, por lo que» si el Juzgado de lo Social observa indicios de delito, deducirá el correspondiente testimonio».
La Fiscalía destaca «dado que no se aportaba principio de prueba alguno en relación a estos hechos, no se ha incoado procedimiento penal alguno».
Por otro lado, indica que puesto que el peticionario en este procedimiento está personado en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid debería, en su caso, haber recurrido el Auto del Juzgado de Instrucción 42 en este sentido, «cosa que no ha efectuado».
Finalmente, se adhiere a la consideración de Daniel de Frutos y Rocío Ester Val como investigados, «dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal, los referidos fueron los que ordenaron el pago y por lo tanto, y, en su garantía deben ser oídos como investigados».
