El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos ‘populares’, entre los que ha mencionado a Francisco Álvarez Cascos, trataban con donantes de la ‘caja b’ sobre adjudicaciones públicas.
Bárcenas, que ha acudido por su propio pie a la Audiencia Nacional porque en estos días se encuentra disfrutando de un permiso que le mantiene fuera de la madrileña cárcel de Soto del Real, ha comparecido esta vez ante el juez que investiga si las inyecciones de dinero que se hacían a la ‘caja b’ tenían como objetivo lograr adjudicaciones concretas.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el que fuera responsable de las finanzas ‘populares’ ha ratificado lo que ya expuso en su última confesión, plasmada en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de febrero, donde dijo que algunas donaciones eran finalistas.
Si bien en esta comparecencia, de apenas una hora, ha ido un paso más allá al asegurar que todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los gobiernos del Partido Popular trataban con empresarios donantes sobre dichas licitaciones.
En concreto, ha recordado un episodio que le habría transmitido en su día su antecesor en la Tesorería del PP, el fallecido Álvaro Lapuerta. De acuerdo con Bárcenas, Lapuerta acudió al director general de Carreteras del Estado y el entonces ministro, Francisco Álvarez Cascos, le abroncó indicándole que debía dirigirse siempre a él para esos asuntos.
Ese supuesto desencuentro entre Álvarez Cascos y Lapuerta habría sido el punto de inflexión. De acuerdo con Bárcenas, a partir de ese momento todas las gestiones relativas a esa cartera pasaron directamente por el que fuera titular de Fomento entre los años 2000 y 2004.
El extesorero ha manifestado que los pagos a la contabilidad oficiosa tendrían en realidad como principal objetivo tener acceso a los responsables de las administraciones licitadoras.
Ha descrito una dinámica que tendría como primer eslabón a los donantes y a los tesoreros, que se encargarían de recabar el dinero y las pretensiones.
Bárcenas se ha referido a este entramado como una suerte de ‘lobby’ en el que tanto él como Lapuerta harían de relaciones públicas. En el siguiente escalón, la maquinaría funcionaría con los ministros de Fomento y Medio Ambiente y con sus secretarios de Estado.
Además, ha diferenciado dos estructuras: una nacional, de la que formarían parte los ministros y las empresas que contactaban con Génova con miras a obtener adjudicaciones estatales, y otra autonómica donde estarían implicados los presidentes de las distintas comunidades.
A este respeto, Bárcenas ha explicado que en el PP habría surgido una disputa interna entre el partido de Madrid y el nacional por las obras de una carretera ubicada en la zona norte de la región. Lapuerta habría estado, en sus palabras, muy encima de este tema, hablando con María Dolores de Cospedal y otros dirigentes de la formación.
Interrogado al detalle por las partes –todas menos el PP, a cuyo abogado no ha querido contestar–, Bárcenas no ha sabido precisar quién habría pagado para qué adjudicación. El extesorero ha justificado que esos datos estaban en la documentación que le habría robado la ‘Operación Kitchen’.
Esta vez ha culpado al comisario Andrés Gómez Gordo, antiguo jefe de seguridad de Cospedal, de la desaparición de estas supuestas pruebas sobre la ‘caja b’ a causa del espionaje parapolicial que se habría montado en 2013 en el Ministerio de Interior para encontrar esa documentación comprometedora y evitar así que cayera en manos de la Justicia.
No obstante, sí ha sido capaz de recordar algunas cosas. De este modo, ha declarado que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir tenía una relación privilegiada con Lapuerta, a quien entregaría directamente el dinero donado. En cambio, de ACS ha indicado que no fue donante en ningún momento.
Sobre el dueño de la constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, uno de los condenados por la primera época de ‘Gürtel’, ha aseverado que era un pagador importante con mucho interés por la Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Bárcenas ha querido aclarar asimismo que su disposición a colaborar con la Justicia sigue en pie. Otro juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya le llamó para materializar su ofrecimiento en lo relativo a algunos de los asuntos que investiga: ‘Púnica’ y ‘Kitchen’.
El extesorero del PP, ya condenado a 29 años de cárcel por ‘Gürtel’, dio a conocer este relato escrito el mismo día que el juicio por el uso que se le habría dado a la ‘caja b’ del PP para pagar la reforma de la sede ‘popular’ de Génova quedó visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para Bárcenas por este asunto.
