La guerra de precios en el sector legal vive un nuevo capítulo. El contrato para la representación y defensa en juicios del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), organismo con varios procedimientos y recursos anuales, acaba de ser adjudicado a una oferta cuyo precio se sitúa un 35% por debajo de lo presupuestado.
Tras evaluar las propuestas de varios despachos de abogados, la mesa de contratación de Transparencia ha acordado conceder la gestión de este servicio a GC Legal al obtener la mayor puntuación conforme a los pliegos.
Recibió una valoración total de 85,7 puntos, diez puntos por encima del segundo licitante, de los cuales 45 corresponden a criterios económicos, apartado en el que presentó una cantidad al límite del precio establecido.
Esta firma, dirigida por el abogado del Estado en excedencia Tomás González Cueto, ofreció un precio de 47.999 euros (sin impuestos), cuando la adjudicataria había fijado en 44.000 euros el nivel para una oferta anormalmente baja. La autoridad independiente encargada de promover la transparencia pública presupuestó el contrato en 80.000 euros por un año de contrato.
El proceso despertó el interés de hasta 11 bufetes, entre los que se incluían algunos de mayor tamaño y referencia en el sector, como Roca Junyent, EY Abogados o Écija.
No obstante, además de presentar el precio más bajo permitido, GC Legal consiguió la mejor calificación técnica (40 puntos) en relación a los trabajos realizados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo realizados en los últimos cinco años.
Así pues, tras ganar esta licitación, el despacho de González Cueto se encargará de defender las resoluciones dictadas por Transparencia en aquellos casos en que el servicio no pueda ser prestado por la Abogacía del Estado.
En lo que va de año este organismo ha participado en 8 procedimientos ordinarios, frente a los 33 de 2020, 14 en apelación y 7 en casación. Sin embargo, el mayor volumen se registró en 2019, con 39 procedimientos ordinarios, 19 en apelación y 7 en casación.
Son procedimientos en los cuales la asistencia letrada y representación del CTBG ha correspondido a abogados privados, ya que la Abogacía del Estado interviene en recursos presentados por particulares, o recursos presentados por las Administraciones Territoriales.
