El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al excomisario José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo, a los mandos policiales Constancio Riaño, Enrique García Castaño y Antonio Bonilla, así como a otras dos personas, por los informes de investigación realizados sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano en relación con una disputa económica que éste mantenía con una particular.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 ha finalizado la instrucción de la pieza 8 del denominado ‘caso Tándem’ y considera que existen indicios para juzgar a Villarejo, Redondo y David Macías González por delito de cohecho pasivo, a Marzena Katarzina -la mujer que reclamaba a Zotano una cantidad económica- por cohecho activo, así como a Riaño, García Castaño, Bonilla (en segunda actividad en el momento de los hechos) y Redondo, por delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En el auto de transformación en procedimiento abreviado, fechado a 30 de julio, también acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José María Serrano Ydígoras, así como de Juan Carlos Escribano Cárcel.
Contra esta esta resolución cabe recurso de reforma en el plazo de 3 días y/o recurso de apelación, subsidiariamente o por separado en el plazo de 5 días.
El magistrado explica en el auto que Marzena Katarzina entró en contacto con el bufete Stuart & McKenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Zotano con el objeto de que este le restituyese las cantidades que ella le había entregado a cuenta de una relación inmobiliaria entre ambos.
Señala que con posterioridad, el Grupo Cenyt, de Villarejo, elaboró un informe prejudicial, patrimonial y un análisis documental del empresario en el que se examinaba su persona, su entorno familiar, sus colaboradores y personas cercanas, su trayectoria profesional, su patrimonio, su entramado societario y su situación financiera y se apuntaban, dice el juez, “indicios de la existencia de fraude fiscal y blanqueo de bienes en su actuación”.
Para la confección de este informe, prosigue, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público” y a los que pudo acceder por la intervención de los responsables policiales investigados.
El juez señala que dicho informe prejudicial fue presentado por Marzena Katarzina en las causas judiciales que tuvo contra el empresario.
García-Castellón destaca que cuando se llevaron a cabo los hechos José Manuel Villarejo era comisario de Policía en activo y que “no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de datos de Felipe Gómez Zotano”.
En relación con la investigación del delito de extorsión, el magistrado lo descarta toda vez que no se aprecia ningún acto de violencia ni de intimidación preordenados a que el empresario realizase ni omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
Apunta, además, que el encargo de Marzena Katarzina se produjo en el verano de 2015, por lo que no se pueden conectar con el Grupo Cenyt ningún hecho anterior a ese año.
OTRAS INVESTIGACIONES QUE HA FINALIZADO Y PROPONE JUZGAR
García-Castellón también ha finalizado recientemente la instrucción de la pieza ‘Kitchen’ del ‘caso Tándem’ y ha propuesto juzgar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la excúpula del Ministerio por el presunto operativo policial puesto en marcha con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel.
La semana pasada también finalizó la instrucción de la pieza 12 del caso Tándem, en la que ha investigado la presunta contratación del excomisario José Manuel Villarejo por parte del Grupo Planeta para investigar a un árbitro que participó en el procedimiento de arbitraje entre dicho grupo y Radio Blanca Kiss FM, y ha propuesto juzgar a Villarejo, al director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración de Planeta, Luis Elías Viñeta, al responsable de seguridad del Grupo, Antonio López López, así como al expolicía Antonio Gimémez Raso.
A los expolicías por delito de cohecho pasivo y a los exdirectivos de Planeta por delito de cohecho activo.
