La Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) ha pedido hoy al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), que no vuelva a sacarse a concurso público el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) municipal del Ayuntamiento y el Servicio de Orientación Jurídica Municipal para Extranjeros (SOJEM).
Una delegación de la asociación, integrada por la vicepresidenta, Virginia de la Cruz Burgos, Isidro Moreno (vocal y expresidente), Esperanza Marcos (secretaria), Luis Álvarez (tesorero), África Calleja (vocal), y Víctor Hugo Fernández (vocal) se ha reunido hoy con el regidor para transmitirle de forma directa sus consideraciones y opiniones técnico-jurídicas sobre la «controvertida cuestión» de la «privatización» de ambos servicios e instarle a que reconsidere su postura de cara a futuros ejercicios.
La reunión se ha celebrado en el Ayuntamiento, y por parte del equipo municipal también ha asistido la jefa de gabinete del regidor, Ana de Miguel Cabrera.
Como es sabido, ambos servicios venían siendo prestados durante más de 30 años (desde 1989) por el Colegio de Abogados de Madrid mediante convenio y subvención nominativa directa, y fueron sacados a concurso público, el primero de ellos en 2019 por el anterior equipo de gobierno, presidido por Manuela Carmena, y el segundo en 2020 por el actual, y fueron adjudicados a Law & Business Enterprises WorldWide (LABE Abogados).
Altodo considera que el ICAM debe volver a prestar ambos, en vez de sacarse a concurso público.
Y ello, según explica, en base a «la exclusividad que a los Colegios de Abogados otorga la normativa vigente para la prestación de servicios jurídicos gratuitos, si estos se prestan con fondos públicos».
Altodo recuerda que el Ayuntamiento «ha venido defendiendo desde 2019 que este tipo de servicios se tienen que contratar mediante licitación pública y no de forma directa con el ICAM mediante convenio», pero esta asociación destaca que «ni la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público ni las directivas europeas sobre contratación pública que dicha ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, impiden que el SOJ municipal pueda y deba seguir prestándose mediante convenio suscrito con el Colegio de Abogados».
Para Altodo, la prestación de este servicio público por parte del ICAM es «la mejor solución tanto para los ciudadanos beneficiarios del servicio, como para la propia Corporación Municipal», según ha informado en un comunicado.
«Y la única legalmente posible», señala a Confilegal Isidro Moreno, portavoz de Altodo.
