Ciudadanos ha preguntado al Gobierno qué medidas piensa tomar para favorecer la permanencia de los jueces y magistrados en destinos en Cataluña.
Edmundo Bal Francés, vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de Justicia del partido, que es abogado del Estado en servicios especiales, registró el pasado viernes en la Cámara Baja varias preguntas sobre este asunto para las que solicita respuesta por escrito.
Cs quiere saber qué medidas piensa tomar el Gobierno para reducir el número plazas sin cubrir de jueces y magistrados en Cataluña».
También pregunta si está entre los planes del Ejecutivo algún tipo de incentivo para favorecer la permanencia de los jueces y magistrados en destinos en Cataluña, y de ser ser así, en qué consistiría.
Por último, pregunta en general, qué medidas va a tomar para asegurar que hay suficiente cobertura de plazas de funcionarios públicos en todo el territorio nacional.
Bal recuerda al Ejecutivo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha vuelto a pedir la aprobación de “algún tipo de incentivo para favorecer la permanencia de los jueces y magistrados en destinos en Cataluña” y tratar de paliar el continuo flujo de salidas que deteriora el funcionamiento de los juzgados en Cataluña.
Expone que en el año 2020, y siguiendo la tendencia de años anteriores, un total de 37 jueces y magistrados concursaron para marcharse a otros lugares de España, mientras que solamente siete solicitaron trabajar en Cataluña.
Así, destaca que el resultado es que de las 837 plazas existentes en Cataluña, 78 (casi el 10%) permanecen sin cubrir.
Ciudadanos manifiesta que «la falta de medios suficientes en cualquier servicio público es ya motivo suficiente de preocupación» y subraya que «cuando la falta de medios afecta, además, a uno de los tres poderes básicos, nos encontramos ante una situación crítica pues se pone en cuestión la propia definición constitucional de España como Estado social y democrático de Derecho».
En la misma línea, el pasado 17 de junio, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) reclamó a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, mejoras salariales por penosidad en ciertos destinos, entre ellos Cataluña y el Campo de Gibraltar.
Edmundo Bal manifiesta a Confilegal que «es un problema que se está produciendo en todos los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración del Estado en Cataluña ante la situación de desamparo en la que los deja el Estado frente al independentismo».
Señala que «el acoso que reciben de los separatistas genera mucha inseguridad sobre su futuro profesional, de manera que incluso funcionarios nacidos en Cataluña deciden concursar a otras partes del territorio nacional».
Añade que «si no les queda más remedio que ir a Cataluña por el número que saquen en la oposición, se van en cuanto pueden debido al clima de hostilidad hacia el Estado».
Ante esta situación, espera que el Gobierno «medidas que permitan realizar su trabajo de servicio público al servicio del Estado y que garanticen su mayor permanencia en Cataluña».
