María Victoria Rodríguez Caro, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ceuta, ordenó, en la tarde-noche de ayer, paralizar durante 72 horas el operativo de repatriación de los menores marroquíes que entraron ilegalmente en la ciudad autónoma el pasado mes de mayo, cuando las autoridades fronterizas del reino alauita abrieron las puertas para que penetraran en España.
Un operativo que contaba con el visto bueno del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y de las autoridades de la propia ciudad, según informó Mabel Deu, del PP y vicepresidenta Primera del Ejecutivo local, en declaraciones a periodistas.
Marlaska, para el que esta decisión, sin duda, supone un revés, y el ejecutivo local tienen tres días para presentar la documentación que valida legalmente la repatriación de dichos traslados.
La consejera, competente en materia de Menores, explicó que la magistrada había desestimado las solicitudes de ‘habeas corpus’ presentadas por cinco jóvenes migrantes marroquíes no acompañados que iba a ser expulsados por la mañana alegando ser víctimas de una detención ilegal.
Pero como medida «cautelarísima», y a la vista del auto que el Juzgado de lo Contencioso-Administración ha dictado ordenando suspender el retorno forzado de nueve chicos en la misma situación, ha mandado paralizar todo el dispositivo.
La magistrada que ha resuelto es la misma que este domingo concluyó que no había lugar a la adopción de las medidas provisionales del mismo tipo que habían pedido ocho menores, ya que todos ellos ya habían sido trasladados a Marruecos cuando pudo dictar su resolución.
LA SUCESORA DE PABLO IGLESIAS, CONTRA LAS REPATRIACIONES DE MENORES
Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos –sucesora de Pablo Iglesias– y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, criticó duramente las repatriaciones de menores migrantes desde Ceuta a través de una misiva que envió ayer a Grande-Marlaska.
Fue enviada después de conocerse el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Ceuta que suspendió la expulsión de 9 de los 12 menores que iban a ser repatriados entre este lunes y el martes.
En la misma le pide a su compañero de gobierno que cese la operación hasta definir adecuadamente un protocolo que establezca dos condiciones fundamentales: que los menores que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad; y que los que no deseen regresar se queden en España en condiciones de acogida dignas.
Fuentes del Ministerio de Belarra subrayan que su postura coincide con la del Defensor del Pueblo en funciones y ONG que han denunciado que el procedimiento de expulsión de los menores llevado a cabo por Interior no es el correcto.
