Para los hombres públicos siempre ha sido motivo de preocupación lo que la posteridad dirá de ellos. Porque, no nos engañemos, vivir en la memoria de las gentes es una forma de sobrevivir a la muerte.
Groucho Marx, mucho más prosaico y pegado al suelo, afirmó un día: “¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”.
Era su forma de entonar el “Carpe Diem”, el vive el momento frente a lo efímero de la vida.
Y, aunque este punto de vista es comprensible, el ser humano no puede sustraerse a la idea de dejar su huella para el futuro.
Quizá lo importante no sea que todo el mundo conozca quién ha sido y qué ha hecho sino que los que deben saberlo lo sepan y lo aprecien como parte de su historia, de sus raíces.
Un buen ejemplo de esto es Manuel Alonso Martínez, una de las mentes jurídicas mejor amuebladas de nuestra historia.
Todo el mundo conoce la céntrica plaza de Alonso Martínez, en Madrid, donde se erigió una estatua suya, vestido con toga.
Y ahí sigue.
Pero pocos saben quién fue.
Sólo los iniciados en el mundo del derecho, porque han tenido que estudiar sus textos legales, todavía hoy vigentes, casi 120 años después de ser escritos.
Alonso Martínez, burgalés, nació el 1 de enero de 1827 fue uno de los grandes políticos y abogados de la segunda mitad del siglo XIX.
A los 28 años se convirtió en ministro de Fomento en el gobierno del general Baldomero Espartero, en 1855.
Gozó de la confianza de la Reina Isabel II, de su hijo Alfonso XII y de la reina regente María Cristina de Hadsburgo. Después, llegó a ser ministro en varias ocasiones.
Su despacho de abogados fue, durante décadas, uno de los más prestigiosos e influyentes de España.
Además, fue el principal impulsor de la carrera política de su yerno, Álvaro de Figueroa y Torres Sotomayor, conde Romanones, autor de aquella famosa frase de «Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos».
Pero fue a partir de 1875 cuando su huella, y su leyenda, comenzó a gestarse.
En aquel año fue nombrado presidente de la Comisión General de Codificación del Congreso de los Diputados.
España, como el resto de Europa, se hallaba inmersa en un movimiento de codificación, nacido tras la Revolución francesa, cuyo objetivo era gestar nuevas leyes a partir de las que estaban dispersas y dar a luz otras a nuevas, ordenadas en un cuerpo legal con unidad de criterios.
Desde esa Comisión Parlamentaria, primero, y después desde el puesto de ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez dio a luz, en 1882, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el código procesal español que rige la forma de funcionamiento de los procedimientos, tanto en su fase de investigación criminal como en su fase de juicio.
Fue seis años antes de que Louis Aimé Augustin Le Prince consiguiera grabar las primeras imágenes en movimiento, dando lugar al nacimiento del cine.
Un año después, en 1889, también dio a la luz al Código Civil.
Tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como el Código Civil siguen hoy, en 2021, vigentes.
A pesar de ser ministro de Gracia y Justicia, Alonso Martínez se implicó de forma personal y directa en su elaboración y en su redacción.
Porque era muy consciente de la importancia que ambos textos legales tendrían para la posteridad.
La grandeza de su trabajo sólo puede compararse, salvando las distancias, con la de los constructores de catedrales, que levantaban sólidos edificios para resistir el paso del tiempo, y quedar para la posteridad.
En el año 1889 se le nombró académico de número de la Real academia de Jurisprudencia y Legislación y en 1890 fue elegido presidente del Congreso de los Diputados.
Pocos meses después, al amanecer del 13 de enero de 1891, murió Alonso Martínez.
Dos días más tarde, tuvo lugar un impresionante y multitudinario entierro.
Su viuda, doña Demetria Martín y Baraya, fue distinguida con el título de marquesa de Alonso Martínez.
Para el gran público Alonso Martínez se ha convertido hoy en una estación del Metro de Madrid y en una céntrica plaza de la capital de España.
Para los iniciados, siempre será un referente en la historia de nuestra justicia. Una de las mentes más preclaras y precisas del Derecho al servicio del interés general.
Casi nada.
