El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamamiento a los poderes públicos y a los operadores jurídicos para contar con su “firme” compromiso en el cumplimiento de la “gran” reforma civil y procesal de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Así lo expresa en el número 448 del boletín ‘cermi.es semanal’, ante la entrada en vigor ayer de esta reforma, al mismo tiempo que destaca que “es el momento de que todas las instancias con responsabilidad en su despliegue y aplicación contribuyan a su instauración efectiva y satisfactoria”.
Para el CERMI, las Administraciones competentes “han de realizar las inversiones y poner los recursos humanos y materiales necesarios para operativizar la reforma”, mientras que todos los grupos de interés jurídicos “han de asumir el cambio de paradigma que supone y formarse en el nuevo enfoque de apoyos a la capacidad legal de las personas con discapacidad”.
En este sentido, según señala, ha entrado en vigor una Ley “amplia y ambiciosa” que transformará todos los dispositivos tradicionales que nuestro Derecho Civil dispensaba a la presencia y participación de las personas con discapacidad en el tráfico jurídico, migrando del abordaje de la sustitución al de los apoyos.
Otro de los contenidos del boletín es la entrevista a Mercedes de Prada, directora académica del Centro de Estudios Garrigues, quien desde que asumió esta responsabilidad hace más de año y medio, enfocó sus clínicas jurídicas a la discapacidad y a las personas en riesgo de exclusión porque, según ella, “es el mundo más cercano, más vulnerable y con más necesidades que no están visibles en la realidad social”.
Precisamente, el Centro de Estudios Garrigues ha elaborado una Guía de Buenas Prácticas para la inclusión de personas con discapacidad en las organizaciones, tal y como se recoge en el boletín.
