Este jueves el auditorío de Uría Menéndez reunió a profesionales del Derecho para presentar el Informe 2025 realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Profesor Uría.
Este documento, que este año ha elaborado se segunda entrega, nació con la idea de visibilizar problemáticas en materia de derechos humanos que afectan a grupos vulnerables. Como explicó el coordinador del Informe 2025 y conductor del acto, Bernat Domeyó: «Con las sentencias y resoluciones que tenemos no solo ayudamos a nuestro cliente, sino que sirven para también para mayores colectivos. Y es allí donde tuvimos esa visión de crear el Observatorio».
La presentación del Informe 2025 del Observatorio de Derechos Humanos ha contado con la participación de Pedro Cruz Villalón, catedrático emérito de Derecho Constitucional y expresidente del Tribunal Constitucional y escritor de la Introducción de dicho texto, Carmen Rodrigo-Vigil, pediatra en la unidad oncológica del niño del hospital de Zaragoza, y Carolina Albuerne, una de las abogadas voluntarias en su redacción y socia del área de Finanzas en la firma.
La discapacidad como eje central
El Informe 2025 trata la discapacidad como categoría jurídica y social que exige un replanteamiento profundo de los derechos fundamentales, desde la igualdad y la libertad reales y efectivas.
La elección del tema no es baladí, ya que que coincide con la reforma reciente del artículo 49 de la Constitución. Este precepto aunque no ha modificado la esencia de la protección, ha reforzado la visibilidad y la obligación de los poderes públicos de garantizar la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad.
El Informe no se limita a describir situaciones, sino que pretende señalar grietas jurídicas y prácticas para orientar reformas legislativas, jurisprudenciales y administrativas.
Albuerne resumió los objetivos que persigue este informe: «El primero es que la ciudadanía conozca situaciones que se dan en nuestra sociedad. Y segundo, ayudar sobre la base de de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje, de lo que hemos vivido en casos que hemos llevado, casos reales que hemos que en los que hemos participado»,
El cambio de término en el artículo 49 de la CE
Como catedrático de Derecho Constitucional, Cruz Villalón resaltó la importancia de la carta magna como eje jurídico para el respeto de los derechos de las personas con la discapacidad: «El lema aquí hoy es constitución para todos».
El expresidente del TC centró su intervención en el gran acierto del legislador al reformar el artículo 49 comenzando con la frase «las personas con discapacidad tienen los mismos derechos del título primero que el resto de las personas»: «Permite unir este artículo con el 14, nuestro principio de igualdad y por otra parte también, con el principio de dignidad humana», concede.
«La dignidad de la persona afecta directamente a las personas con discapacidad de una forma muy especial. Desde ese punto de vista, defender el estatus de las personas con discapacidad es defender a la sociedad y es defender a nosotros mismos», finaliza el catedrático y consigue el arranque de los aplausos del público asistente.
La presentación también contó con la participación del Embajador en Inglaterra en España, Alex Ellis, quien advirtió de un riesgo que puede provocar una brecha en la defensa de los derechos humanos: que la realidad social actual en ocasiones no se manifiesta en la ley.
Hecho que no se cumplió con la reforma del artículo 49, que suprimió el término ‘disminuido’ para referirse a las personas con discapacidad: «Porque en vez de hablar sobre los disminuidos, usa el adjetivo que reduce la persona, simplemente algún característica, se habla sobre las personas con discapacidad», explicó.
El Código Postal determina el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades raras o minoritarias
En menor medida, en este Informe 2025 de la Fundación Profesor Uría han querido dedicar un espacio a las enfermedades raras o minoritarias, denominadas así por su poca frecuencia en la población.
Este tratamiento es desde el punto de vista de la vulneración de derechos fundamentales que sufren estos pacientes debido a la desigualdad territorial en el acceso al diagnóstico, a los tratamientos y a las prestaciones sociales.
Según la doctora Rodrigo-Vigil, en España hay casi 3 millones de personas que sufren algún tipo de enfermedad de estas características. En su intervención, hizo alusión a que «aunque la Constitución Española exige que el sistema sanitario española sea completo en cada región», en la práctica no es así.
Para Rodrigo-Vigil, el Código Postal, es decir, el lugar de nacimiento/residencia de una persona, es determinante para recibir un diagnóstico o un tratamiento precoz o eficiente. Ello provocado porque no todos los centros de salud/hospitales cuentan con los mismos recursos o con herramientas de última tecnología.
«Tenemos que plantearnos si en España a día de hoy por donde nazcas puede condicionar que te traten o que no te que tengas una vida sin secuelas o con secuelas… desde mi punto de vista, el de los médicos o incluso el ético no tiene en un sentido», denuncia la pediatra.
La presentación dejó claro que tanto la discapacidad como las enfermedades minoritarias plantean retos que atraviesan nuestro sistema jurídico, sanitario y social. Pero también evidenció que existe un compromiso firme por transformar esta realidad.
El Informe 2025 aspira precisamente a eso: a convertir el conocimiento técnico y la experiencia profesional en palancas de cambio, para que la igualdad y la dignidad no sean solo principios constitucionales, sino realidades tangibles para todas las personas.
