Según consta en la Memoria de la Fiscalía presentada hoy en el acto de apertura del año judicial. Foto: FGE.
La Fiscalía registró en 2020 un aumento del 55% de casos de acoso sexual a menores en Internet
El departamento dirigido por Dolores Delgado advierte de la "preocupante evolución" de los delitos 'online' contra la libertad sexual
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06/9/2021 15:13
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Actualizado: 06/9/2021 15:13
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La Fiscalía General del Estado (FGE) registró en 2020 un aumento de casos de acoso sexual a menores a través de Internet, conocido también bajo el término de ‘child grooming’.
En concreto, un incremento del 55% con respecto a 2019 y de un 175% con respecto a 2018, según consta en la Memoria de la Fiscalía de 2020 que se ha presentado este lunes durante el acto de apertura del año judicial.
El departamento dirigido por Dolores Delgado, según informa Europa Press, advierte de la «preocupante evolución de los delitos ‘online’ contra la libertad sexual», en particular de los que afectan a menores de edad, que suponen un 8,5% del total y representan un incremento del 18,45% con respecto a 2019.
El Ministerio Público explica que los delitos de pornografía infantil «presentan estabilidad respecto de años anteriores», pero avisa de que «estos datos no parecen responder a la evolución real de la elaboración y tráfico de este material ilícito, pues no suelen ser objeto de denuncia».
Según la Fiscalía, en términos generales «se confirma la tendencia ascendente que se viene constatando en relación con los ciberdelitos desde la puesta en funcionamiento de la especialidad en 2011″.
En 2020 se incoaron un total de 16.914 procedimientos, un 28,69% más que en 2019. Se advierte, sin embargo, que este ascenso es «más moderado que en años anteriores»: en 2019 hubo un aumento del 45% respecto de 2018, «lo que se explica por la situación generada por la pandemia».
La FGE explica que el 24,12% de los procedimientos relativos a ciberdelitos son contra bienes jurídicos personalísimos, mientras que el 75,88% se refieren a delitos contra el patrimonio y otros.
La gran mayoría de estos, un 72,43%, por delitos de estafa. «Esto se explica porque son las conductas que más habitualmente se denuncian y porque existe una cifra oculta de criminalidad en otros ilícitos, como los atentados contra la libertad e indemnidad sexual de los menores», sostiene.
El equipo de Delgado asegura que pese a la ralentización de la tramitación procesal que tuvo lugar por la pandemia se presentaron 3.207 escritos de acusación, lo que representa un 12,64% más que en 2019.
Según detalla, el delito más numero es el de estafa (45,62%), seguido de amenazas y coacciones (12,13%), de pornografía infantil (8,98%) y de descubrimiento y revelación de secretos (6,17%). Por su parte, se observó un descenso del 75% de los delitos contra la propiedad.
En cuanto al terrorismo, el 73,41% de los procedimientos que se tramitaron por delitos de terrorismo en la Audiencia Nacional durante 2020 fueron por yihadismo, que acaparó también la mayoría de las sentencias dictadas.
Durante 2020 se tramitaron un total de 173 procedimientos por terrorismo en la Audiencia Nacional, de los cuales el 73,41 por ciento fueron por yihadismo, el 16,18 por ciento por los crímenes de ETA y el 10,40 por ciento por otros grupos.
En ese mismo periodo se dictaron 27 sentencias, que en su mayoría obedecieron igualmente a causas de yihadismo (16), mientras que, de las restantes, 9 estaban relacionadas con el terrorismo etarra y dos con otras modalidades.
Sin embargo, de los 26 escritos de acusación formulados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por este tipo de delitos el año pasado, la mayoría se referían a ETA (15). Diez fueron por yihadismo y otro por apología del mismo.
Las diligencias previas incoadas en 2020 desde el Ministerio Público en esa sede judicial por crímenes terroristas representaron el 34,17 por ciento, una reducción notable, frente al 40,37 por ciento de 2019, que se explica en parte por la pandemia de coronavirus.
De hecho, en general, durante 2020 la Fiscalía de la Audiencia Nacional llevó a cabo menos diligencias de investigación: 103, lo que supone un 18,25 por ciento menos que en el año anterior.
Aumento de los procedimientos por tráfico de droga y tendencia a la baja en las defraudaciones de IRPF
Por otro lado, se observó un aumento de los procedimientos por tráfico de drogas, con un incremento del 5,67 por ciento en 2020, lo que refleja una consolidación de la «tendencia ascendente» de los últimos años.
A pesar de dicha subida, los procedimientos incoados por la Fiscalía Antidroga en la Audiencia Nacional debido a este tipo de delito descendieron un 21,25 por ciento durante el año pasado.
La Memoria de la Fiscalía se refiere también a los delitos relacionados con el crimen organizado y de tipo socioeconómico, para indicar que se incoaron 657 procedimientos por estos ilícitos.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informa de que en 2020 se registró una «tendencia a la baja de las defraudaciones de IRPF», mientras que se mantuvieron o aumentaron «ligeramente» los fraudes de IVA y del Impuesto de Sociedades, así como los fraudes a la Seguridad Social.
En el documento, el Ministerio Público asegura que durante el año pasado tuvo lugar una «disminución importante» de los delitos económicos que atribuye a la situación generada «por la pandemia».
Refleja también el balance de la actividad llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción en 2020, año en que celebró su 25º aniversario. Según los datos de la Memoria, en dicho período intervino en 761 procedimientos judiciales, 15 menos que en 2019, e inició 19 investigaciones, siete menos que en el ejercicio anterior.
Durante 2020, se registró un 17,1% menos denuncias y se emitieron 47 escritos de acusación, siete más que en 2019. «Los delitos por los que se formuló más frecuentemente acusación fueron, por orden, prevaricación administrativa, cohecho, malversación, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contrabando, societarios y blanqueo», precisa la Memoria.
La FGE asegura que el año pasado se concluyeron 32 diligencias de investigación en las que se presentaron 13 denuncias o querellas. Se dictaron 16 sentencias –frente a las 39 de 2019–, 10 fueron condenatorias y seis absolutorias.
Interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de la pandemia en las residencias
El Ministerio Fiscal interpuso 27 denuncias en 2020 vinculadas a la gestión de las residencias de mayores. Incoó 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Se incoaron también 441 diligencias de investigación; 221 seguían abiertas al cierre de 2020.
El Ministerio Público precisa en su dossier que Delgado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, «fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores».
Según consta en la Memoria, la primera orden se dio el 18 de marzo de 2020, cuando se informó a todos los fiscales superiores de que debían remitir «de forma periódica y centralizada» toda la información disponible relativa a centros geriátricos y sociosanitarios.
Posteriormente se emitieron dos decretos: uno de 23 de marzo, por el que se incoaron diligencias de investigación «a fin de determinar la relevancia de los hechos, comisionando al Fiscal de Sala para recabar la información precisa»; y uno de 31 de marzo, por el que se constató la incoación de diligencias de investigación en diversas fiscalías provinciales y se archivaron las abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo, «manteniéndose con las fiscalías territoriales investigadoras el cauce de comunicación de la dación de cuenta».
Según explica la FGE, durante 2020 los fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de «colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales».
En el marco de las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, desde el 17 de abril la Fiscalía General fue «informando puntualmente y con carácter semanal a la sociedad en relación con el alcance y estado de la actividad, tanto de las diligencias civiles de protección como de las diligencias de investigación penal existentes en las fiscalías provinciales» relativas a la gestión de las residencias de mayores.
La Memoria de la FGE subraya que la actividad del departamento durante la crisis sanitaria ha sido «muy intensa» y ha intentado «garantizar la continuidad en la prestación de servicio público de la Justicia», así como la «salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal».
Delgado defiende que «la respuesta no solo fue temprana, sino también pionera» y recuerda que el 9 de marzo se constituyó el comité de prevención del coronavirus «con la finalidad de evaluar la situación».
«Por Decreto de 10 de marzo, tras consultar con las instituciones sanitarias y el resto de operadores jurídicos implicados, la fiscal General adoptó las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia», señala el Ministerio Público en la Memoria, donde destaca que desde entonces y hasta el 3 de junio la FGE dictó 11 Decretos mediante los que fijó los servicios esenciales y el personal mínimo para su atención, acordó la fecha de alzamiento de los plazos procesales y ordenó la reincorporación de los fiscales a la «nueva normalidad».
En dicho periodo el departamento dirigido por Delgado también presentó al Ministerio de Justicia el Plan de desescalada de la Fiscalía, en el que incluía 60 medidas para «agilizar, flexibilizar y modernizar» la Justicia.
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