A Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), no le cabe la menor duda de que la futura ley del derecho de defensa está muy cerca, al caer o a punto de caramelo.
Cualquiera de las tres versiones es válida.
Y también está muy segura de que una vez que salga de los hangares jurídicos del Ministerio de Justicia y empiece a rodar por la pista de despegue del Parlamento como Anteproyecto de Ley, no tendrá nigún problema para que sea aprobada y para que formalmente despegue.
Es muy posible que la ministra de Justicia, Pilar Llop, que clausurará hoy las VIII Jornadas de las Juntas de Gobierno de la Abogacía Española haga alguna referencia a esta circunstancia tan esperada por todos.
El escenario, sin duda, lo merece: Palacio Euskalduna, más de 800 miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España, de la Mutualidad de la Abogacía y del propio CGAE; el primer evento multitudinario que la Abogacía celebra desde la eclosión de la pandemia, en marzo de 2020.
Ortega recordó que la Ley del Derecho de Defensa se inició con Juan Carlos Campo y que se partió de dos proyectos anteriores, uno de Rafael Catalá y otro, que había hecho el CGAE.
Se hizo una Comisión un borrador primero, del que se le dio traslado al CGAE. Luego se hizo un segundo borrador y ahora están a la espera del desenlace final.
La presidenta del CGAE recordó que habían conseguido sacar el Estatuto de la Abogacía, que llevaba muerto la intemerata, así como la ratificación de la modificación del Reglamento de Justicia Gratuita en un tema tan fundamental como es el abono del turno de oficio por designación judicial.
Los objetivos de estas jornadas, según explicó Ortega, han sido tres. Primero, volver a reanudar las relaciones entre compañeros; segundo, abordar los temas que más preocupan a los abogados en estos momentos; y el tercero, compartir lo que están haciendo unos colegios y otros.
Y los tres se han cumplido al ciento por ciento.
