Será en dos tandas, pero el objetivo de los representantes nacionales de las cuatro asociaciones de jueces en las reuniones previstas con el comisario de Justicia de la Comisión Europea, el belga Didier Reynders, es el mismo: que presione a socialistas y populares para que lleguen a un acuerdo de compromiso que permita romper el bloqueo existente y reformar y renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), caducado desde hace dos años y nueve meses.
Reynders se reunirá en Bruselas, primero, a las 11 de la mañana del lunes, con Fernando de la Fuente Honrubia, viceportavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).
Después, a las 14.30, lo hará con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, con el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, y con la presidenta de la Gestora de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez.
La renovación del CGPJ se ha convertido en un auténtico nudo gordiano que, además, afecta a otras instituciones que precisan del mismo tipo que acuerdo entre PSOE y PP, porque la suma de sus votos son imprescindibles.
Léase los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, los doce consejeros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la dirección general de la Agencia Española de Protección de Datos.
El PP ha puesto como condición mínima previa para la renovación del CGPJ que el PSOE se avenga a firmar un documento por el que se comprometa a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que, dentro de 5 años, los 5.500 jueces puedan elegir a sus 12 representantes en el CGPJ por voto directo y secreto.
Aunque también esgrime la reforma previa de la LOPJ para luego proceder a la renovación.
El PSOE, por su parte, se niega y ha puesto como condición renovar primero el CGPJ y sentarse a negociar después la LOPJ, sin condiciones.
Las cuatro asociaciones coinciden en que la situación es insostenible.
Además, se ha visto agravada por la reciente reforma de la LOPJ, realizada por el Parlamento, que prohíbe a un órgano de gobierno de los jueces en funciones, como este, hacer ningún nombramiento discrecional. Con lo que se están produciendo vacantes en órganos, como el Tribunal Supremo, que pronto van a afectar a su capacidad generadora de sentencias.
La Comisión Europea, y el propio Reynders, ya se ha expresado repetidas veces en el sentido de que los jueces deben elegir a sus representantes en el CGPJ y llamando la atención sobre el hecho de que el bloqueo puede contribuir a que el Consejo sea percibido como «vulnerable a la politización».
