La Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa abierta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la operación Púnica.
Desestima así el recurso de apelación de la Asociación de Abogados Democráticos por Europea (Adade) y del PSOE contra el auto del pasado 20 de abril del juzgado Central de Instrucción 6.
El juez Manuel García-Castellón acordó entonces el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación a la exdirigente del PP, así como respecto de la letrada de la Asamblea de Madrid Tatiana Recoder y el presidente del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández.
Todos ellos estaban investigados por supuestos delitos de prevaricación y cohecho en relación con la adjudicación del contrato de servicio de cafetería, cocinas y comedor de la Asamblea de Madrid en los procesos de licitación de 2009 y 2011.
Ahora, la Sala de lo Penal, en el auto 518/2021, 16 de septiembre, contra el que no cabe recurso, respalda a García-Castellón y señala que de toda la actividad indagatoria se extraen, de manera clara y contundente, la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad en los actos de los tres investigados
Considera que no ha quedado acreditado, «ni siquiera indiciariamente, que la adjudicación de los servicios de explotación del restaurante de la Asamblea de Madrid a la empresa Cantoblanco Colectividades SL durante los ejercicios sujetos a comprobación tengan una relación directa con las donaciones, por importes de 100.000 euros y 60.000 euros, que hicieron las entidades Arturo Grupo Cantoblanco SL y la Confederación Empresarial de Madrid, respectivamente, en favor de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (FUNDESCAM), controlada por el Partido Popular».
Respecto a Cifuentes, la Audiencia señala que del resultado de las diligencias se deduce que no se ha podido constatar que su actuación haya sido determinante para la adjudicación de los servicios de cafetería y restauración de la Asamblea de Madrid en favor del Grupo Cantoblanco.
Tampoco, que en tales adjudicaciones hayan sido relevantes las donaciones efectuadas por el investigado Fernández Álvarez a FUNDESCAM.
El tribunal, formado por Ángel Murillo Bordallo -presidenta-, Carmen Paloma González Pastor y Juan Francisco Martel Rivero -ponente-, añade ante la «inexistencia de indicios de criminalidad que hemos de extender a la conducta consistente en participar en la financiación ilegal del Partido Popular».
