Las dos iniciativas las firma el vicesecretario general de Cs y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales.
Cs propone deducciones en el impuesto sobre sociedades a cambio de formación y contratación indefinida
También plantea una ampliación del ámbito de aplicación de la Ley Beckham
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04/10/2021 10:19
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Actualizado: 04/10/2021 10:19
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Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) para que se apruebe en la Ley del Impuesto sobre Sociedades una deducción fiscal que «fomente la contratación indefinida de personas que estuvieran cobrando la prestación por desempleo, equivalente al coste del subsidio ahorrado por el Estado».
Además, el partido de Inés Arrimadas ha presentado otra relacionada con la llamada ‘Ley Beckham’, para la extensión del régimen fiscal aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a aquellos profesionales que vayan a realizar en España una actividad económica significativa, un proyecto empresarial de interés para nuestro país o una actividad emprendedora de carácter innovador.
Cs señala que esta deducción podría establecerse con carácter únicamente temporal ligado al ciclo económico, hasta que el nivel de desempleo global se sitúe en un máximo del 8%.
Ambas iniciativas, para su debate en la Comisión de Hacienda, la firma el vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, abogado del Estado en servicios especiales.
Según ha informado Bal a Confilegal, la primera PNL se inspira en la opinión del abogado Rafael Núñez, socio director Next Abogados, quien ha publicado recientemente una columna en este diario con tres medidas fiscales para ayudar a las empresas a salir de la crisis.
Bal explica que Ciudadanos apuesta «por una recuperación de la economía a la italiana, siguiendo las prescripciones que está haciendo Mario Draghi en Italia, procurando bajar impuestos, algo que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacer, y ayudando al empresario a generar empleo y más riquezas, con una correcta aplicación de los Fondos Next Generation para que se hagan las reformas que sean relevantes».
Edmundo Bal hace hincapié en que la crisis económica y social provocada por el coronavirus «ha venido a enfatizar, aún más, los graves problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo». Recuerda que la tasa de paro se situó el pasado mes de julio en casi el 15%, «superando un insoportable 35% entre las personas menores de 25 años».
Además, indica que si bien julio cerró con un número de asalariados similar al del mismo mes del ejercicio 2019, se está intensificando el deterioro en la calidad del empleo y se está acelerando el crecimiento del paro de larga duración.
Así, en estas nuevas ocupaciones, «las contrataciones temporales duplican las indefinidas y más del 75% de las nuevas contrataciones son parciales ante la imposibilidad de encontrar puestos a jornada completa», expone.
Añade que los registros de la Encuesta de Población Activa (EPA) «son claros: casi 5 millones de personas lleva menos de los dos años que marca el umbral del contrato fijo, en su actual puesto de trabajo, algo que pone de manifesto el altísimo grado de rotación en el mercado laboral español con la firma de contratos de trabajo mayoritariamente temporales».
«Al margen del drama que supone para miles de familias la situación de desempleo y empleo precario», pone de relieve que «las consecuencias de las deficiencias de nuestro mercado laboral se extienden también a los datos macroeconómicos y de recaudación tributaria».
Señala que el IRPF es, junto con el IVA, la principal fuente de recaudación tributaria en España, lo que nos convierte en un país con una enorme dependencia de los impuestos originados en el trabajo asalariado para el sostenimiento del gasto público». Cs afirma que esto supone «un grandísimo problema en un país caracterizado por su elevado nivel de desempleo, la precariedad de su contratación laboral y el bajo nivel de sus sueldos medios y del sueldo más habitual, que no llega a los 18.000 euros brutos al año».
También resalta que España tiene unos tipos impositivos por IRPF que ya se sitúan entre los más altos de la Unión Europea, aunque sin embargo, la presión fiscal en nuestro país está alejada de la de los principales países de nuestro entorno.
A juicio de Cs, para incrementar la recaudación tributaria por este impuesto, «la solución no debe pasar por un incremento de tipos impositivos, sino por dinamizar el mercado laboral, generar empleo e incrementar sueldos».
Afirma que todo este contexto pone de manifiesto la «inaplazable necesidad» de poner en marcha medidas que impulsen la actividad económica, la creación de puestos de trabajo de calidad y la activación de políticas de empleo e incentivos fiscales que coadyuven a este objetivo.
Por ello, mediante esta iniciativa parlamentaria propone la regulación, «si quiera con carácter temporal hasta que el ciclo económico cambie y el nivel de desempleo se estabilice en un ratio asumible, de una deducción fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para que las empresas consigan incentivos a la contratación de personal con carácter indefinido, tal y como ya se ha hecho en otras situaciones de crisis».
Los incentivos fiscales a la contratación son frecuentemente utilizados en las épocas de crisis con el fin de dar un impulso al empleo. «El primer precedente en democracia se sitúa en la Ley 50/1977, de 14 de noviembre, sobre medidas urgentes de reforma fiscal, que otorgaba ya una deducción de hasta el 20% del sueldo satisfecho por cada nuevo trabajador contratado con carácter fijo que estuviera en situación previa de desempleo, y siempre que en cómputo anual se hubiera incrementado la plantilla», explica.
Por otro lado, apunta que hasta hace pocos años existía en nuestro ordenamiento una deducción fiscal en el ámbito del Impuesto sobre Sociedades para la creación de empleo; en concreto, para la contratación de trabajadores por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores, que se encontraran cobrando la prestación por desempleo.
Sin embargo, como recuerda Cs, este tipo de contrato fue derogado por el actual Gobierno al poco de llegar al poder y, con ello, la deducción fiscal que el mismo llevaba aparejada, quedando hoy vigente únicamente la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad.
Por ello, con el fin de «dar un impulso decidido al empleo durante la actual situación de crisis», plantea la aprobación de una deducción fiscal temporal en el Impuesto sobre Sociedades por la contratación con carácter indefinido de personas que estuvieran cobrando la prestación por desempleo.
Por otra parte, Cs insta al Gobierno a impulsar la modificación del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que regula el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español.
Edmundo Bal señala que la actividad emprendedora es uno de los mecanismos más útiles para el desarrollo de una economía dinámica y competitiva, y más en tiempos de crisis como el actual. Destaca que «en tiempos de crisis en los que tantos negocios se están viendo abocados al cierre, es más importante que nunca mantener y atraer a emprendedores para que cuenten con un impulso adicional para poner en práctica sus ideas, crear riqueza, puestos de trabajo y futuro».
«Teniendo en cuenta la importancia de la actividad emprendedora para la economía, máxime en estos momentos», Cs reclama al Ejecutivo que se tomen «medidas que permitan estimular la inversión en las compañías de nueva creación y atraer talento».
Asevera que «en este contexto, se hace necesario contar con todo el talento emprendedor extranjero que podamos atraer hacia nuestro país, así como aportar facilitadades de retorno a los compatriotas que tuvieron que emigrar buscando un futuro mejor que el que este país les ofrecía en un momento determinado».
Con esta iniciativa, Cs pretende «fomentar la atracción a España de talento, emprendimiento y capacidad de desarrollo de proyectos empresariales que ya se inició con la aprobación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a emprendedores y su internacionalización, que regula un régimen favorable para la concesión de permisos de residencia a los colectivos emprendedores, pero que no se ha visto avalada por un régimen fiscal beneficioso en la misma línea».
Bal manifiesta que con la aprobación de una medida de estas características «se terminaría, además, con la desventaja competitiva que la falta de regulación de este régimen especial para las actividades económicas y el emprendimiento supone para nuestro país en relación con los países de nuestro entorno».
«En definitiva, apostamos porque se bajen los impuestos a los empresrios, se les ayude, y se inviertan correctamente los fondos de la Unión Europea en las reformas estructurales que hace falta para aumentar la productividad de la economía, para hacer un plan integral de empleo, sobre todo de empleo juvenil, para reforzar la educación, y apostar por la energía sostenible, etc», concluye.
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