No todo se quemó en el incendio del Tribunal Supremo de 1915: Hubo cuadros que fueron robados en la confusión
Este cuadro, titulado “Desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823”, obra de José Aparicio Inglada, tenía unas grandes dimensiones: 7,30 metros de largo por 4,62 metros de alto. Fue rescatado del interior pero sustraído y cortado en 21 trozos. En 2015 se recuperaron parte de ellos.

No todo se quemó en el incendio del Tribunal Supremo de 1915: Hubo cuadros que fueron robados en la confusión

Esa es la realidad. En el Museo del Prado hay un expediente sobre los depósitos de cuadros hechos al Tribunal Supremo desde el año 1882 hasta 1915 y el resumen es que se salvaron 24 cuadros, 37 se quemaron y 26 «desaparecieron».

Pongo desaparecidos entre comillas porque, a día de hoy, es una evidencia que algunos de esos cuadros fueron sustraídos de la propia calle.

Uno de ellos es el titulado “Desembarco de Fernando VII en el Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823”. En 2015, con motivo de la conmemoración del centenario del incendio, se tuvo noticia de su existencia. Se encontraba en el Museo del marqués de Cerralbo, en la calle Ventura Rodríguez de Madrid.

Era un cuadro de tema histórico-político que había sido pintado en 1827 por el pintor neoclásico José Aparicio Inglada.

En el centro se ve al monarca y al duque de Angulema entrechándose las manos. A su lado, personajes de la familia real, representantes de la nobleza, y generales franceses entre otros. El autor dejó por escrito la descripción y nombres de los representados en el cuadro.

Tenía unas grandes dimensiones: 7,30 metros de largo por 4,62 metros de alto, por lo que en un primer momento se pensó que se había quemado.

Como el anterior, era propiedad del Museo del Prado y lo tenía el Supremo en depósito y exposición en su Palacio de Justicia, edificio que entonces comprendía el Tribunal Supremo, la Audiencia Territorial de Madrid (antecedente del actual Tribunal Superior de Justicia de Madrid), la Audiencia Provincial,  los Juzgados de la capital de España, el llamado tribunal de blancas, el tribunal de Niños, los juzgados de guardia, la Fiscalía, los calabozos, el Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores de Madrid.

Y es que el Madrid de aquel entonces era más pequeño que el actual. Tenía 650.000 habitantes. Una cifra pequeña comparada con los 3.334.730 habitantes actuales.

El lienzo, localizado por causalidad en el mencionado Museo, había sido fragmentado en 21 piezas, de las cuales 14 estaban enmarcadas bajo la firma de “autor anónimo”.

El Rey Fernando VII, uno de las 21 partes en las que fue troceada la obra.

Es evidente que el cuadro fue salvado de las llamas y que “alguien”, aprovechando la confusión producida por el incendio, lo cortó y se lo llevó.

Así de fácil.

Por fortuna, el autor había pintado una copia del mismo lienzo en un tamaño reducido que se encuentra en el Museo Romántico de Madrid.

“Abraham y los tres ángeles”, obra de Juan Antonio de Frías y Escalante, fue recuperado completo en 1994 por la Policía cuando iba a ser subastado en Fernando Durán de Madrid con un precio de salida de cuatro millones y medio de pesetas (27.045 euros).

La obra, pintada entre 1667 y 1668, pertenecía al Museo del Prado pero estaba deposito en el Tribunal Supremo.

Es verdad que hubo que indemnizar a su anterior propietario porque demostró que lo había adquirido de buena fe. Hoy lo podemos contemplar en nuestro Museo más universal.

“Abraham y los tres ángeles”, obra de Juan Antonio de Frías y Escalante fue recuperado completo en 1994 por la Policía.

Foto publicada por “Mundo Grafico” en la que se ven algunos cuadros “salvados” de las salas y galerías del Palacio de Justicia, colocado a la derecha de la puerta principal del Tribunal. Bien a la vista de los “peristas”.

Es muy probable que, con el tiempo, sigan apareciendo otros cuadros “desaparecidos” que los amigos de lo ajeno sustrajeron de la calle, donde fueron siendo depositados por los bomberos y por las personas que colaboraron en aquel incendio.

CUADROS PRESTADOS AL SUPREMO

Es costumbre en la Administración española que el Museo del Prado preste en depósito obras a instituciones y organismos oficiales.

El Tribunal Supremo era uno de ellos.

Elias Tormo, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, durante la «dictablanda» del general Dámaso Berenguer, y crítico literario, publicó, el 1 de septiembre de 1918 en el “Boletín de la Sociedad Española de Excursiones” una relación completa de todos los cuadros depositados por el Prado con el título de “La Galería de cuadros del incendio del Palacio de Justicia”.

Comprendía los que tenía el propio Tribunal Supremo, que procedían de cuando estaba en el edificio del Palacio de los Consejos y los que en ese momento se encontraban en la vivienda del presidente, que había sido ocupada provisionalmente, hasta un mes antes, por la Presidencia del Consejo de Ministros de España, porque estaban rehabilitando su edificio.

Los 20 o 21 cuadros que llevaron durante ese tiempo se salvaron todos.

Sobre el famoso «Cristo» de Alonso Cano, que no aparece ni en la relación de salvados, ni de quemados y que en ese momento se había tasado en 250.000 pesetas, el diario “La Época”, lo da por destruido. En aquel entonces estaba colgado en la Sala de lo Civil.

Por eso el que actualmente está en la Sala de lo Penal parece ser de un discípulo.

Cristo atribuido a Alonso Cano que figura en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La autora del artículo cree que es de un discípulo y que el original se quedó en el incendio.

TAMPOCO ARDIERON TODOS LOS SUMARIOS

No se quemaron asuntos antiguos, como los de las dos épocas constitucionales porque, en contra de lo que alguna publicación publicó en 2017, se encontraban en el Archivo Histórico desde el año 1898 y 1899, por Acuerdos de Sala de Gobierno.

Se salvaron los pleitos civiles desde 1856 al 13 de septiembre de 1913. Todo lo anterior había sido enviado a lo que hoy sería el Archivo Histórico Nacional, según consta en acta de Sala de Gobierno del año 1898.

Incluidas las dos épocas constitucionales, que esa misma publicación del año 2017 dio por perdidas, por falta de información.

En cuanto a causas criminales, se salvaron todas, desde desde 1871 a diciembre de 1913 y los contenciosos, desde 1888 a final de diciembre de 1913. En esta materia hay que exceptuar los años en que la ejercía el Consejo de Estado, hasta 1904.

También todas las actas del Tribunal Pleno.

Se perdieron, eso sí, los asuntos civiles que estaban para encuadernar en el Archivo desde septiembre de 1913 al 14, ambos inclusive; y de lo contencioso el año 1914 entero, así como expedientes personales de magistrados y procuradores, algunos libros de registros, y como algunos expedientes de Sala de Gobierno.

Como nota curiosa hay que decir que se salvaron las dos palmeras que había. Hoy, todavía una de ellas ondea en el patio del claustro principal, conocido entonces como “la huerta de Blas”, porque así se llamaba el portero mayor de la Audiencia.

Curioso también fue que cuando se produjo el incendio se acababa de hacer el único baño que existía en todo el edificio que estaba en las dependencias del Colegio de Abogados.

Así quedó el edificio original del Tribunal Supremo tras el incendio.

Así quedó el edificio original del Tribunal Supremo tras el incendio. Foto: Tribunal Supremo.

LA ESTATUA DEL JUEZ HERÓICO SÍ SE PERDIÓ

La estatua, que estaba situada en la entrada principal del edificio, representaba a la justicia apoyando su mano derecha sobre un medallón que contenía un retrato con una inscripción que decía: “A la memoria del Juez de Primera Instancia de Arnedo, D. Juan Lapeña, muerto heroicamente en cumplimiento de su deber”.

Juan Lapeña era un juez de Primera Instancia de Arnedo, La Rioja, que fue asesinado. Un vecino, al que había separado minutos antes en una violenta pelea con otro, le había seguido hasta su casa. Allí, en el portal, se abalanzó por detrás sobre él y le cortó el cuello. Lapena murió desangrado.

El asesino fue detenido, juzgado y condenado a muerte.

EL TRIBUNAL NO ESTABA ASEGURADO

El presidente del Tribunal Supremo, José Aldecoa había propuesto en 1912, tres años atrás, cuando era ministro de Justicia Diego Arias de Miranda, que se suscribiese un un contrato de seguros sobre el edificio y mobiliario. Aldecoa ordenó que se formalizase un expediente y que se enviara envió al Ministerio; el Ministerio nunca contestó.

Aldecoa también solicitó que se cambiara la vieja techumbre por una nueva. Tampoco obtuvo respuesta del Ministerio.

El Colegio de Abogados y el Colegio de Procuradores fueron más precavidos. Ellos sí tenían seguro de incendios. Y fueron indemnizados por ello.

Los abogados, además, pudieron salvar todos sus enseres, incluyendo la magnífica biblioteca jurídica, considerada la mejor de España.

La Iglesia de Santa Bárbara, que está pegada al edificio judicial, también tenía seguro. Había aprendido después del pequeño incendio que sufrió en 1907.

El Tribunal Supremo en llamas. Los bomberos actuaron a toda velocidad pero no pudieron impedir que las llamas consumieran su interior, construido mayormente con madera. Foto: Tribunal Supremo. 

El Tribunal Supremo en llamas. Los bomberos actuaron a toda velocidad pero no pudieron impedir que las llamas consumieran su interior, construido mayormente con madera. Foto: Tribunal Supremo.

EL INCENDIO EMPEZÓ EN UN GUARDILLÓN

Le correspondió al juez de Primera Instancia del distrito de Buenavista, Félix Jarabo, realizar la instrucción del procedimiento para determinar el origen del incendio. El sumario 213/1915.

El fuego se desató poco antes de la 1 de la tarde del 4 de mayo –martes– de 1915. A esa hora el edificio se hallaba en plena actividad. En los pasillos del edificio, cuando se produjo el incendio, había abogados y testigos esperando para declarar. También se celebraba el juramento de un magistrado.

En los calabozos había un preso que iba a ser juzgado por violación y al dejaron salir rápidamente, junto a muchos otros.

Hay que explicar que en las buhardillas y en los sótanos del edificio vivían los ujieres, los empleados y un retén de la Guardia civil.

Todos tuvieron que elegir entre familia o deber, por lo que las mujeres, niños y desvalidos que habitaban en el edificio se tuvieron que valer solos. Fueron protagonistas de escenas conmovedoras, desde las ventanas a arrojaban a la calle colchones, ropas y toda clase de objetos no rompibles.

Mientras tanto, en el exterior comenzaron a desplomarse los tabiques de la última planta. El templete del reloj se tambaleó y se desplomó, cayendo al piso principal, hecho añicos.

El incendio tuvo su origen en un guardillón, un desván corrido y sin divisiones que queda entre el techo del último piso y la armadura del tejado.

Estaba situado a la derecha del reloj y fue casual.

Probablemente por la chimenea que pasaba por una de las paredes del archivo. Los dos días anteriores se habían encendido todas las chimeneas del edificio, cosa inusual en un mes de mayo.

UN NIÑO PUDO SER EL QUE DIO LA PRIMERA VOZ DE ALARMA

Se desconoce quién fue la primera persona en avisar del incendio y en llamar a los bomberos. Fueron muchos los que se lo atribuyeron como un mérito.

Dicen que un niño de ocho años llamado Guillermo Valle que vivía en Bárbara de Braganza fue el primero que dio en la vía pública la voz de ¡¡fuegooo!!

Lo cierto es que efectivamente los bomberos recibieron varias llamadas. Las crónicas dicen que se reaccionó de forma rápida y positiva.

Los Boy Scouts (los exploradores), que tenían su sede en la calle General Castaños, al ver el fuego desde sus balcones rápidamente montaron una tienda en la plaza de la Villa, con camillas y todo lo necesario para primeros auxilios.

Allí, después de llamar también a los bomberos, atendieron a los heridos hasta que la Cruz Roja se instaló en la Casa de los Canónigos, o Capellanes, (hoy Tribunal Superior de Justicia de Madrid).

En el incendio solo murió una persona, por inhalación de humo: José María Armada y Soto, el secretario relator, en su afán por salvar documentos.

Muchos de los documentos oficiales rescatados fueron custodiados por los Boy Scouts en su local.

El magistrado instructor terminó archivando el procedimiento.

Había sido un accidente.

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