El Gobierno creará este mes de octubre un Grupo de Trabajo Interinstitucional que se encargará de revisar el Anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) después de que se conociera el informe de la Fiscalía en el que se apuntaba que no se ajustaba a las necesidades del Ministerio Público.
Fuentes del Ministerio de Justicia, indican que ese grupo –cuya creación ha avanzado El Español– estará formado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio del Interior, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y expertos universitarios. Cada institución está en estos momentos designando a sus miembros.
Los principales ejes de esta nueva LECrim pasan por los nuevos roles que atribuye a la Carrera Judicial y Fiscal, con un fiscal que ejerce la investigación, un juez de garantías y un juez de la Audiencia Preliminar.
Señalan que dado que es una reforma muy importante, que afecta a un aspecto estructural de la investigación procesal, que es la fase de instrucción -en la que cobrará un nuevo protagonismo la figura del fiscal como impulsor de la misma en detrimento del juez de instrucción- es necesario conocer la opinión de los actores que participan en el proceso.
Esta reforma de la LECrim, impulsada por el exministro Juan Carlos Campo, crea además la figura del juez de garantías, que se encarga durante la instrucción de todo aquello que afecta a derechos fundamentales.
Las fuentes consultadas indican que dado que existe un informe del Ministerio Público que dice que el texto no se ajusta del todo a las necesidades de Fiscalía, ahora se ha decidido abrir ese nuevo grupo de instituciones que tienen que ver con el proceso penal, y en paralelo otro grupo de expertos avanzará en la redacción del texto.
Esta decisión llega después de que se conociera que el Consejo Fiscal había aprobado en julio por unanimidad el informe del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), y que no obstante pedía algunos ajustes en la norma, como limitar la intervención del juez de garantías.
El Consejo se reunió por tres días para debatir sobre este asunto en el Pazo de Mariñán, en la localidad de Bergondo (A Coruña).
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, dijo entonces que el anteproyecto «cambia completamente el modelo procesal» vigente desde 1882, «que no era malo, pero había que actualizar».
Antes, en el mes de junio, trascendió un borrador de documento de trabajo elaborado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en el que se hacía una «valoración general desfavorable» del proyecto porque adolecía de importantes fallos por las «exorbitantes funciones» que seguiría concentrando el denominado juez de garantías.
