La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha solicitado al Tribunal Supremo que aclare el alcance de la pena que impuso al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez.
Lo ha hecho dos días después de que el PSOE y el grupo confederal, que suman mayoría este órgano, concluyeran el martes que esa condena no implicaba tener que dejar sin escaño al parlamentario canario.
La decisión de Batet se produce como consecuencia de la votación de la Mesa de la Cámara, celebrada hoy, que se pronunció a favor de solicitar el informe aclaratorio a la Sala de lo Penal del Supremo que fue la que condenó a Rodríguez.
La presidenta no tomó parte en la votación.
Batet es la autoridad competente para responder al oficio que le envió Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Supremo, el pasado miércoles, solicitándole información sobre cuando empezaría a aplicarse la condena al diputado de Podemos, que comprendía la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y, por lo tanto, su inhabilitación como miembro del Congreso.
En función de lo que le respondan del Palacio de Justicia de la Plaza de París, tomará una decisión.
El debate en el seno de la Mesa del Congreso se centró en la necesidad o no de pedir aclaraciones al Supremo sobre el alcance de la sentencia.
Para el PP y Vox, no era necesario pedir ninguna aclaración porque interpretan que Rodríguez debe ser despojado de su escaño, pero los representantes de PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno votaron a favor de solicitar detalles al respecto al Alto Tribunal.
Hace dos días, en la reunión que celebró la Mesa del Congreso para abordar este mismo asunto, la mayoría –PSOE y Unidas Podemos– votó a favor de que Rodríguez pudiera mantener su acta.
Basaron su decisión en el informe de los letrados de la Cámara Baja, que defienden que el diputado ‘morado’ puede permanecer en su puesto pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.
Un día después, Marchena se dirigió a Batet pidiéndole que remitiera al Alto Tribunal dicho informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta a Rodríguez.
Este es el oficio que ha llevado a la presidenta a volver a reunir al órgano de gobierno de la Cámara hoy.
