El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha enviado un nuevo escrito a la Audiencia Nacional donde insiste en que se revoque la decisión del juez instructor de procesarle por la ‘Operación Kitchen’, alegando que carece de sentido «encapsular» en el Ministerio del Interior el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas, por lo que apunta que, en caso de continuar, las pesquisas deberían dirigirse hacia la supuesta trama política vinculada al PP.
En este último escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández Díaz realiza una serie de alegaciones tras la decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García-Castellón, de rechazar su recurso de reforma y subsidiario de apelación, que en consecuencia pasa a la Sala de lo Penal, donde denunciaba un «cierre en falso» de la instrucción sobre esta pieza separada del caso ‘Tándem’.
Al poner fin a la investigación judicial, en un auto del pasado 29 de julio, García-Castellón procesó a Fernández Díaz, el que fuera su secretario de Estado Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo, junto a otras ocho personas, por el operativo que se habría desplegado desde el Ministerio del Interior entre 2013 y 2015 para espiar a Bárcenas y robarle la documentación comprometedora que pudiera tener del PP y sus dirigentes.
La defensa de Fernández Díaz, que dirige el abogado Jesús Mandri, reitera que «la consideración de que la ‘Operación Kitchen’ se ideó y ejecutó en el marco institucional del Ministerio del Interior, ‘encapsulando’ los hechos en dicho ministerio, constituye una interpretación ajena a toda lógica», así como a las diligencias practicadas.
Considera que resulta «cuanto menos extraño» que el instructor comparta –«incluso copiándolos literalmente»– los razonamientos de la Fiscalía Anticorrupción en lo relativo al procesamiento de su cliente y, sin embargo, rechace esos mismos razonamientos «respecto a la existencia de una ‘trama política’ ajena a dicho Ministerio del Interior y que afectaba al PP entonces al frente del Gobierno».
En la misma línea, carga contra el magistrado por dar credibilidad a unos mensajes y obviar otros, refiriéndose en el primer caso a los protocolizados ante notario por el ex secretario de Estado, que inculparían a Fernández Díaz, y, en el segundo, a otros que habría enviado Martínez al ex policía Silverio Nieto donde se habla de la posible citación de «Rajoy» y «Jorge».
«Resulta paradójico que por el instructor se haga referencia a este mensaje, en el que supuestamente el señor Martínez se refería a los señores Rajoy y Fernández Díaz, y se rechacen las diligencias solicitadas por la Fiscalía que dirigen la investigación hacia el Partido Popular», expone.
En este sentido, lamenta que parece usarse cualquier material contra su cliente mientras «se desecha el que hace referencia a otras personas», reivindicando que «o se concede valor y credibilidad a todos los mensajes o a ninguno». «Es ajeno a toda lógica seleccionar determinados mensajes y desechar otros», subraya.
PENA DE «BANQUILLO» Y «TELEDIARIO»
A pesar de lo que vuelve a calificar como un «cierre en falso» de la investigación judicial, Fernández Díaz afirma que debe quedar fuera de la misma porque –según sostiene– no tenía conocimiento ninguno sobre el presunto espionaje parapolicial a Bárcenas.
Aduce que su imputación y procesamiento se basan «única y exclusivamente» en las declaraciones realizadas por Martínez, que tacha de «interesadas» porque también está investigado, y en los mensajes protocolizados, de los que dice que «después de tanto envío y reenvío» no puede garantizarse su autenticidad.
Así, cree que los señalamientos en su contra solo se sostienen en una «responsabilidad objetiva» por razón del cargo, sin que haya ningún elemento que indique que conocía o participó de algún modo en la ‘Kitchen’.
A este respecto, pone de relieve que «en aquellos años, de 2013 a 2015, aproximadamente había 155.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que no cabe inferir que el Ministerio del Interior debiera estar al corriente de los operativos policiales que estaban llevando a cabo en cada momento».
Y, «aún encapsulando el instructor los hechos en el Ministerio del Interior, no se puede determinar objetivamente la responsabilidad de nuestro representado por conocimiento y/o participación, pues es claro que había otras personas con capacidad decisoria y autonomía suficiente para ejecutar cualquier operativo policial sin el conocimiento del Ministerio del Interior», enfatiza.
Por todo, la defensa concluye que estas «meras conjeturas derivadas de su condición de ministro del Interior en aquellos años» no son motivo suficiente para mantener investigado a Fernández Díaz y advierte de que, si se persevera en su procesamiento, se corre el riesgo de «someterle injustificadamente a una pena de banquillo adicional a la pena de telediario que ya ha sufrido».
