De izquierda a derecha, Alejandro Abascal, de la Asociación Profesional de la Magistratura; Luis Alfredo de Diego (Foro Judicial Independiente); Natalia Velilla (Asociación Judicial Francisco de Vitoria); y Manuel Olmedo (Juezas y Jueces para la Demcoracia), en un momento del debate que fue moderado por Carlos Berbell, director de Confilegal.
Las asociaciones de jueces se posicionan sobre el conflicto: ¿Renovar el CGPJ y reformar después la LOPJ o hacerlo al revés?
En un acto organizado por Confilegal y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte sobre este tema de máxima actualidad
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31/10/2021 06:50
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Actualizado: 31/10/2021 22:54
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Este es el nudo gordiano al que se enfrentan el PSOE y el PP. El PSOE quiere renovar un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que está caducado desde 2018 –hace 2 años y 11 meses–, de acuerdo con la Ley.
Sin reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para permitir que los 5.500 jueces y magistrados elijan a sus 12 vocales jueces (de los 20 que componen el CGPJ), aunque una vez renovado el órgano de gobierno de los jueces podrían sentarse a hablarlo.
El PP, por su parte, ha puesto al PSOE como condición para renovar la reforma previa de la LOPJ, para que la carrera judicial pueda elegir a sus representantes de forma directa y secreta, como aconseja el Consejo de Europa y apoya la Comisión Europea.
Aunque también podría ser posible hacerlo en las condiciones actuales, por elección directa del Parlamento, si el partido socialista se aviniera a suscribir, por escrito, su compromiso de reformar la LOPJ en la línea que han planteado desde el PP.
Una cosa que el PSOE –a estas alturas–, ni en sueños está dispuesto a hacer.
Aquí, lamentablemente, no disponemos con un Alejandro Magno quien, en el siglo IV antes de nuestra era, resolvió su nudo cordiano de la forma más directa que pudo encontrar: cortándolo por la mitad de un espadazo. «Es lo mismo cortarlo que desatarlo», sentenció entonces.
Este nudo gordiano solo puede resolverse mediante el acuerdo y el consenso de las dos formaciones políticas, el PP y el PSOE.
Solo ellas dos. No necesitan ningún voto más.
Porque en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, suman los 210 votos necesarios. Justo las tres quintas partes de los 350 escaños. La llamada mayoría reforzada. En el Senado no hay problema. Lo superan.
Con este conflicto político, abrió, precisamente, fue abierto el debate el pasado jueves por la tarde-noche en el Palacio de Boadilla del Monte, localidad al oeste de Madrid.
Un debate en el que participaron cuatro magistrados en ejercicio, dentro del espacio Dialogos Jurídicos, organizado por Confilegal y por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte –representado por su alcalde, Javier Úbeda Liébana, y el primer y segundo teniente de alcalde, Javier González Menéndez y Jesús Egea Pascual– en esta segunda entrega, de tres.
Cada uno de los magistrados –llamados así porque pertenecen a la segunda categoría de la carrera judicial (hay tres categorías: juez, magistrado y magistrado del Tribunal Supremo)– representó a cada una de las cuatro asociaciones nacionales de jueces existentes.
Todas ellas comparten la idea, desde el invierno de 2014, de que ha llegado el momento de que los jueces elijan a sus 12 vocales en el órgano de autogobierno y no que lo siga haciendo el Parlamento, como ha sido costumbre desde 1985.
A diferencia del primer CGPJ, el presidido por Carlos Sainz de Robles, en el que los 12 vocales jueces fueron elegidos por la carrera judicial, formada en 1980 por 1.800 jueces y magistrados.
NO COMPARTEN UNA POSTURA COINCIDENTE SOBRE SI RENOVACIÓN-REFORMA O REFORMA-RENOVACIÓN
Las posturas de las cuatro asociaciones en la actualidad, sin embargo, no son coincidentes sobre si renovación-reforma o reforma-renovación.
A la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, la cual cuenta con 1.345 afiliados, según datos de 2020) la representó el magistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal; la defensa de las posiciones de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV, con 845 asociados) le correspondió a la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Móstoles de Familia y Apoyo a la Discapacidad, Natalia Velilla; el magistrado juez de Adscripción Territorial de Madrid, Manuel Olmedo, por Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD, 451) hizo lo propio; lo mismo que el titular del Juzgado Central 2 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Luis Alfredo de Diego, por Foro Judicial Independiente (FJI, 336).
Y fueron muy claritos.
«Nosotros siempre hemos defendido en todos los foros», abrió el fuego Abascal, «que los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser elegidos por los jueces. Dada la situación actual es necesaria que se haga renovación y reforma, las dos cosas a la vez. De forma simultánea».
«Recientemente, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha sacado un informe en el que pone de manifiesto las deficiencias que están padeciendo. Para que se hagan una idea, en la Sala Tercera actualmente hay seis vacantes de magistrados. Esto se va a traducir en 450 sentencias menos al año. En la Sala Cuarta hay ya tres vacantes, que van a superar 400 sentencias al año. Y lo mismo podemos decir de la Sala Primera, donde hay una vacante, al igual que la Sala Quinta. La grave situación a la que hemos llegado requiere ya una renovación y una reforma de la LOPJ. Porque el sistema se va deteriorando y los ciudadanos lo van a pagar», precisó Abascal.
Natalia Velilla, por su parte, afirmó que el dilema renovación y reforma o reforma y renovación «es una trampa. Llevamos tres años sin renovar. ¿Por qué no se hizo hace un año? ¿O hace dos? ¿Por qué ahora? No se puede decir que la reforma de la LOPJ sea imperiosa cuando ya se ha reformado para impedir que los vocales del Consejo elijan a nadie y para presionar al PP».
Añadió: «Se han aprobado 9 leyes orgánicas en lo que va de año. Y no son leyes cualquiera. Está Ley de Eutanasia, la Ley Orgánica de Protección del Menor o la Ley Orgánica que ha cercenado las facultades del CGPJ en los nombramientos. Luego no hay voluntad de modificar la LOPJ. Ni la va a haber ahora ni después. La única salida posible es reformar la LOPJ para que los jueces elijamos a los 12 vocales de extracción judicial; el 60 por ciento del Consejo. Lo que se ha hecho hasta ahora han sido cambios de cromos. Un mercadeo impúdico. Por lo tanto, reforma y después renovación».
El representante de JJpD, Manuel Olmedo, también afrontó el confllicto de frente: «Por lo que yo sé, el partido socialista no tiene ninguna intención de renovar la LOPJ. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley como está hoy. Tenemos que renovar el Consejo. Es muy legítimo querer cambiar la LOPJ, pero tenemos que cumplir la que está vigente hoy».
A Olmedo le pareció muy peligroso «este chantaje de decir al partido en el Gobierno que si usted no reforma la LOPJ no pactamos la renovación del CGPJ. Usted, Partido Popular, tiene que pacar la renovación porque la Constitución les obliga a ustedes dos, al PP y al PSOE. Porque reúnen la mayoría. Dicho esto, mi asociación también es favorable a la elección por parte de los jueces. ¿Por qué? No porque el sistema de elección por parte de los políticos sea intrínsecamente malo. El sistema que tenemos ha demostrado que no ha funcionado bien. Hay que explorar otras vías de elección para ver si funciona mejor».
Luis Alfredo de Diego, de FJI, fue más allá que el resto: «¿Renovación? No. Regeneración. Regeneración democrática del Consejo. Mantener este sistema, que ha sido criticado por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, atenta contra la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Si continuamos con el sistema actual todo esto peligra».
«Y además, hay algo que se está evitando repetir. El Consejo de Europa ha dicho que esa reforma es necesaria para poner barreras y lindes a la corrupción institucional. Nosotros no aceptamos tener que soportar cinco años más un CGPJ elegido por los políticos. Nosotros defendemos que se regenera y que se reforme. Si no lo han reformado es porque no les ha dado la gana. No puede haber otra salida lógica que una reforma regenerativa y después la renovación», remachó. .
El debate fue moderado por el director de Confilegal, Carlos Berbell, quien recordó a los presentes que el propio generador de la idea de la separación de poderes, Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu, describió al poder judicia como «un poder débil», el más débil de los tres poderes; siendo los otros dos el Ejecutivo y el Legislativo.
Un poder tutelado ya que no administra el presupuesto de la Administración de Justicia –a los jueces los paga el Ministerio–, ni dispone de recursos para ello. Una Administración de Justicia que, en realidad, son 14: El Ministerio, con competencias completas en 5 Comunidades Autónomas, 12 Comunidades Autónomas con competencias transferidas y el CGPJ.
Sin olvidar el Ministerio Fiscal, que también juega un papel importante.
Un «galimatías» sobre el que ahora el Ministerio, a través de la llamada «cogobernanza», de la digitalización y de los fondos europeos, está tratando de poner orden.
Durante el debate se habló de la desconfianza de la clase política hacia los jueces y se hizo hincapié en una idea: Si no hay contrapesos hay excesos.
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