Ametic ha premiado este año a la Secretaría de Estado de Justicia del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La patronal de la industria digital española le ha concedido el Premio al impulso de la digitalización 2026, un galardón que reconoce —según la propia entidad— la contribución del departamento a la transformación tecnológica de la Administración de Justicia.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, recogió la distinción este lunes en Santander, durante la 40 edición del Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que organiza Ametic.
No es un acto menor: cuatro décadas de trayectoria avalan a un foro que reúne cada año a buena parte del sector tecnológico español.
En su intervención, Olmedo situó la digitalización como el motor de la mayor transformación de la Justicia en décadas, vinculada a un nuevo marco organizativo y a reformas procesales orientadas a reducir los tiempos de respuesta del sistema.
Cifras al margen, el mensaje de fondo es claro: Justicia quiere presentarse como un departamento que ha roto con la imagen de lentitud que históricamente ha perseguido a los tribunales españoles.
¿Y las cifras? Según explicó Olmedo, el proceso se ha financiado con 410 millones de euros de los fondos europeos NextGeneration, a los que se suma un presupuesto anual superior a 140 millones. Son datos aportados por el propio secretario de Estado durante su intervención.
El hito normativo detrás de todo el proceso tiene nombre y número: el Real Decreto-ley 6/2023, que sentó las bases de un modelo de Justicia digital construido sobre expedientes electrónicos, interoperabilidad, gestión de datos y comunicaciones telemáticas.
La norma abrió también la puerta —esto es lo que más deberá seguirse de cerca en los próximos meses— a la incorporación de inteligencia artificial y automatización en los procedimientos judiciales.
Ese despliegue, según los datos facilitados en el acto, ya se traduce en 350.000 tareas administrativas automatizadas, principalmente en la tramitación de procedimientos de reclamación de deudas, lo que habría agilizado la gestión de expedientes por un importe superior a 700 millones de euros.
La inteligencia artificial, por su parte, se aplicaría ya a la clasificación automática de documentos judiciales, la extracción de información relevante, la generación de resúmenes, la anonimización de datos personales, la transcripción de grabaciones y la traducción automática en la atención al ciudadano.
A esas herramientas se suman plataformas que ya forman parte del paisaje cotidiano de jueces, letrados y procuradores: Carpeta Justicia, para consultar resoluciones y el estado de los expedientes; LexNet, el canal de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos; DICIREG, para tramitar online los expedientes del Registro Civil; y el Hub de Interoperabilidad, que permite remitir expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos.
Servicios operativos en el territorio Ministerio: Las Comunidades Autónomas administradas directamente por el Ministerio –Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia e Islas Baleares–.
El reconocimiento de Ametic no llega aislado. El Ejecutivo invoca también, como aval externo, el EU Justice Scoreboard 2026 y el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026, ambos de la Comisión Europea, que sitúan a España entre los países más avanzados de la Unión en digitalización judicial.
