El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha dictado recientemente una nueva sentencia que anula un proyecto lingüístico de centro educativo en Cataluña al no contemplar el castellano como lengua vehicular.
Se trata del proyecto lingüístico de la escuela Puig de les Cadiretes de Llagostera (Gerona) que fue aprobado por el Consejo escolar del Centro en mayo de 2014 y actualizado el 29 de enero de 2019. El citado proyecto lingüístico reconocía que la lengua materna de las familias del centro eran 60,2% de lengua catalana, 28,7% de lengua castellana y 11,1% de lengua extranjera.
En él se definía como uno de los objetivos generales del proyecto lingüístico el “establecer el tratamiento de la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe, explicitando el uso como lengua vehicular y de aprendizaje a emplear de forma habitual en las actividades internas y externas de la comunidad educativa”.
Asimismo, en el apartado dedicado a la regulación del catalán como lengua vehicular, tras unas citas relacionadas con el marco normativo, se declara que “la mayor complejidad y la diversidad lingüística y cultural de la sociedad catalana hacen necesario potenciar desde la escuela la lengua propia, que ha de convertirse en lengua común y factor de cohesión social de toda la población”.
Tras ello, se indica que “la escuela Puig de les Cadiretes con conciencia respecto a la realidad social a la que pertenece y bajo la voluntad integradora del contexto que la conforma, establece el catalán como lengua vehicular en todos los niveles educativos, dado que esta establece como lengua propia de Cataluña”.
El tribunal de la Sala de lo Contencioso (Sección Quinta) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el letrado Mateo Argerich González, en representación de los padres de un alumno, y anula también parcialmente la resolución dictada por el consejero de Enseñanza el 5 de julio de 2019.
Los recurrentes han estado asesorados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).
La sentencia es la número 3895/2021, de 30 de septiembre. La firman los magistrados José Manuel de Soler Bigas (presidente), Francisco José Sospedra Navas y Eduard Paricio Rallo, que ha sido el ponente.
Con esta resolución, ya son seis los centros cuyos proyectos lingüísticos han sido anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, informa la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.
Explica que a los dos primeros del pasado mes de marzo, se han sumado cuatro nuevos centros educativos: las escuelas Puig de les Cadiretes de Llagostera (centro público), Frangoal de Castelldefels (centro concertado), Aura de Reus (centro concertado), Bogatell de Barcelona (centro público) y Josefina Ibañez de Abrera (centro público), y el Instituto Els Pallaressos (centro público).
Esta asociación, presidida por Ana Losada Fernández, manifiesta que a día de hoy se desconoce la fórmula que van a utilizar los centros educativos para adaptar a la regulación vigente los proyectos lingüísticos. Indica que «lo lógico es que reconozcan que tanto catalán como castellano son lenguas vehiculares y garanticen en todos los cursos escolares que se impartan al menos un 25% de materias en castellano o en catalán con independencia de la realidad social del entorno del centro educativo».
Apunta que algunos de los centros, como la escuela Frangoal de Castelldefels han introducido el español como lengua vehicular para toda la etapa de primaria y secundaria en todos los grupos clase, «pero, sin embargo, no ha reflejado este cambio oficialmente todavía en su proyecto lingüístico».
LA GENERALITAT HA RECURRIDO TRES ANTE EL SUPREMO
Según ha informado la AEB, la Generalitat ha recurrido en casación, hasta el momento, los proyectos lingüísticos de las escuelas Josefina Ibañez, Bogatell y Els Pallaressos «porque considera que los padres de los alumnos no tienen legitimación activa para recurrir los proyectos lingüísticos».
«Sin embargo, en contra de lo que manifiesta públicamente, no ha recurrido la anulación de los proyectos lingüísticos por no contemplar el castellano como lengua vehicular«, destaca esta asociación, y afirma que «este hecho es inaudito, dado que el Departamento de Educación fundamenta el recurso en aspectos de contenido formal y no cuestiona el modelo de conjunción lingüística».
Los padres han comparecido ante el Tribunal Supremo «para defender su derecho a recurrir el proyecto lingüístico de los centros, habida cuenta de que su contenido afecta directamente a los alumnos», expone.
Para esta asociación, «lamentablemente, lo que pretende la Generalitat con esos recursos de casación es dilatar la aplicación inmediata de la doctrina del TSJCat, que considera que los proyectos lingüísticos deben reconocer que tanto el castellano como el catalán son lenguas vehiculares».
La presidenta de la AEB señala que «hasta ahora, los reiterados pronunciamientos judiciales a favor de la consideración de las lenguas oficiales como lenguas vehiculares afectaban exclusivamente a los grupos-clase de los alumnos que solicitaban el modelo bilingüe de escolarización». «La nueva doctrina supone un cambio sustancial en la aplicación del modelo de conjunción lingüística, en tanto que afecta al conjunto de los alumnos y docentes de los centros educativos afectados y no sólo a los del grupo clase», subraya Ana Losada.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña es la entidad que ha asesorado a los padres que han recurrido los proyectos lingüísticos.
Desde su fundación en 2014, ha logrado que más de 2.300 alumnos disfruten de un modelo pedagógico acorde con el modelo constitucional, que les garantice, al menos, la docencia en español de una asignatura troncal junto con la de lengua castellana.
Los centros con grupos clase también en español como lengua vehicular, se encuentran distribuidos en las poblaciones de Barcelona, Reus, Els Pallaressos, Vila seca, Sant Pere de Ribes, Cubelles, Abrera, Sant Esteve Sesrovires, Sant Adrià de Besos, El Prat de Llobregat, Castelldefels, Hospitalet de Llobregat, Palamós, Canet de Mar y Sant Cugat del Vallés.
La AEB continurá trabajando «para que las escuelas en Cataluña respeten el modelo legal vigente de conjunción lingüística, en el que las dos lenguas oficiales deben ser lenguas vehiculares». Considera fundamental «la implicación y reacción ciudadana frente a la imposición ilegal del sistema de inmersión lingüística y las campañas que desde la Generalitat y asociaciones del círculo nacionalista intentan señalar a los profesores y alumnos que utilizan el español dentro de los centros escolares».
