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El TSJCat reprende al Consejo Interuniversitario de Cataluña por vulnerar la neutralidad en la selectividad de junio y le ordena que en la convocatoria de septiembre respete los derechos lingüísticos

Le advierte que las Instrucciones a los tribunales de las PAU dando preferencia a la entrega a los alumnos de los exámenes en catalán quedaron suspendidas Abrió una procedimiento por vulneración de derechos fundamentales el pasado mes de junio a raíz de un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) porque no se daba acceso libremente a los exámenes de Selectividad en castellano. Foto: EP
| | Actualizado: 06/09/2021 9:54

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCat) reprende al Consejo Interuniversitario de Cataluña por vulnerar la neutralidad en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria de junio y le requiere para que en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9, respete los derechos lingüísticos de los alumnos.

En un auto, dictado el 3 de septiembre, el tribunal de la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Quinta) se pronuncia sobre el informe emitido por el Consejo Interuniversitario de Cataluña el pasado 14 de julio sobre el cumplimiento del auto del 7 de junio que suspendía las instrucciones dadas por el Consejo Interuniversitario sobre el funcionamiento de las PAU al considerar que podrían vulnerarse los derechos lingüísticos de los alumnos a recibir en igualdad de condiciones los exámenes de las PAU.

Advierte al Consejo que las instrucciones a los tribunales de las PAU dando preferencia a la entrega a los alumnos de los exámenes en catalán quedaron suspendidas, por lo que el Consejo Interuniversitario de Cataluña no puede “complementar” aquellas.

Por ese motivo, requiere a la presidenta, Gemma Geis, actual consejera de Investigación y Universidades, y al secretario General del Consejo Interuniversitario que dicten unas nuevas instrucciones a los presidentes de los tribunales, en relación con las PAU de la convocatoria extraordinaria de septiembre, para que no se identifiquen a los alumnos, cualquiera que haya sido su opción lingüística ni se anote la elegida. 

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Asimismo, los profesores vigilantes, vocales o presidentes de los tribunales deberán ofrecer los enunciados en cualquiera de las lenguas cooficiales de Cataluña, sin preferencia por ninguna de ellas, pues ésta corresponde a los alumnos para el mejor desenvolvimiento de sus ejercicios.

En la práctica, eso conlleva que los profesores vigilantes, vocales o presidentes de los tribunales no podrán repartir en las materias no lingüísticas primero los exámenes en catalán y preguntar a los alumnos si lo quieren en castellano, sino que deberán entregar un único ejemplar con los idiomas oficiales o bien en el momento del reparto entregar al alumno el ejemplar en la lengua de su elección para lo que deberán ofrecerles los ejercicios en las lenguas oficiales.

El auto lo firman los magistrados Francisco Sospedra Navas (presidente), Elsa Puig Muñoz y Pedro Luis García Muñoz, que ha sido el ponente.

Contra este auto cabe recurso de reposición en el plazo de los cinco días siguientes a su notificación, recurso que no suspende la obligación de dar cumplimiento a lo decidido.

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El TSJCat abrió un procedimiento por presunta vulneración de derechos fundamentales el pasado mes de junio a raíz de un recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) porque no se daba acceso libremente a los exámenes de Selectividad en castellano.

El TSJ ordenó que se ofrezcieran en catalán, castellano y aranés.

La AEB denunció después el «incumplimiento» de las medidas cautelares con relación a los idiomas en los que debía realizarse.

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La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña señala que «el cambio es significativo respecto al modelo que se utilizó en el mes de junio, en el que los vocales de los tribunales al comienzo de las pruebas entregaron el examen en catalán a los alumnos y el cumplimiento de auto se limitó a adherir en las entradas a las aulas de examen unos carteles informando del derecho que tenían los alumnos a disponer del ejemplar en cualquiera de las lenguas oficiales, pero tenían que solicitarlo expresamente en castellano si lo querían en este idioma».

Ana Losada Fernández, presidenta de la AEB (a la derecha).

La AEB ha venido denunciando a lo largo del proceso «las irregularidades llevadas a cabo por el Consejo en la aplicación de las medidas cautelares». Por tanto, celebra que el TSJCat «no haya dejado margen a ninguna duda: a los alumnos se les deben ofrecer los exámenes en las dos lenguas oficiales y les corresponde elegir a ellos, no a los Presidentes ni a los vocales de los Tribunales de las PAU».

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En esta línea de seguimiento de las pruebas, la AEB anuncia que estará «muy atenta» sobre el grado de cumplimiento de este nuevo auto del TSJCat y, en caso de que se vulneren los derechos lingüísticos de los alumnos en la convocatoria de septiembre, reclamará las responsabilidades oportunas.

En el mismo orden de cosas, el TSJCat, por auto de 2 de septiembre, ha desestimado la pretensión del Consejo Interuniversitario de Cataluña de expulsar del procedimiento de vulneración de derechos fundamentales a la AEB por falta de legitimación activa.

Según el alto tribunal catalán, en este procedimiento hay una apariencia de legitimación de la AEB, dado que, entre sus fines estatutarios, figura el fomento e implantación en la enseñanza de las lenguas oficiales, y asegurar y garantizar el derecho de los alumnos a recibir la enseñanza en estas.

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Asimismo, ha admitido la personación en los autos como codemandados de la Asociación Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer y de las Universidades de Barcelona, Gerona y Politècnica de Cataluña.

La AEB no se ha opuesto a su personación en los autos. Pone de manifiesto «el estrecho ligamen existente de los rectores de esas Universidades con la defensa de una Universidad monolingüe en catalán y el vínculo de la ‘Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer’ con la Administración catalana, con quien tiene firmado un convenio de financiación».

Esta asociación, según sus estatutos, pretende conseguir que el catalán sea la lengua común, de cohesión social y de interrelación entre todas las personas del ámbito lingüístico catalán.

El TSJCat también ha admitido que el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales está correctamente planteado por la AEB a la que ha emplazado para que en el plazo de ocho días formalice la demanda. El plazo finaliza el día 16 de septiembre.

«La AEB valora muy positivamente el nuevo auto del TSJCat. Creemos que ha quedado probado que la Conselleria de Universitats está intentando no aplicar las medidas cautelares con artimañas y el tribunal le ha leído la cartilla», señala a Confilegal Ana Losada, presidenta de esta asociación.

También considera «sorprendente» la personación de la Universidad de Barcelona, Gerona y la Politécnica. «Con nuestros impuestos se pagarán abogados que intentan impedir que nuestros hijos puedan utilizar libremente una de las dos lenguas oficiales de Cataluña y mayoritaria entre catalanes», alerta.