El Ministerio de Interior incluirá la figura de agente de libertad condicional y libertad vigilada en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Así lo avanzó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el encuentro de directores de centros penitenciarios y de centros de inserción social que se celebró recientemente en Cuenca.
El titular de Interior explicó entonces que el plan es que los funcionarios de prisiones tengan la consideración de agentes de la autoridad y la creación de nuevas figuras como la de agente de libertad condicional.
Se trata de un puesto que actualmente no está regulado en España -no se menciona ni en el Código Penal, ni en el Reglamento Penitenciario-, pero que pese a ello ya ejercen algunos funcionarios de prisiones.
Y es que, durante los últimos años esta tarea la han venido desarrollando coordinadores de Centros de Inserción Social, funcionarios de segunda actividad, trabajadores sociales o funcionarios designados por los directores del centro por reunir el perfil adecuado.
Su función consiste en proporcionar al Equipo Técnico del Centro Penitenciario encargado del seguimiento y control de los liberados condicionales informes de supervisión sobre el ámbito en el que desarrolla su libertad.
Esta figura persigue el conocimiento en todo momento de la localización del liberado, sus movimientos y actividades, así como la posibilidad de someterse a determinadas reglas de conducta.
La Administración penitenciaria ha de informar al juez de Vigilancia Penitenciaria de la evolución del liberado y de cualquier incidencia. Por ello, el penado está obligado a facilitar su seguimiento y sustraerse al control o incumplir las reglas de conducta es motivo de revocación de la libertad condicional.
Esta figura que no está regulada en España, existe en otros países como Reino Unido y Estados Unidos, donde los agentes se encargan de supervisar oficialmente el cumplimiento de la medida, elaborar informes periódicos sobre la evolución del penado y su entorno de desarrollo laboral y familiar.
La idea del departamento de Grande-Marlaska de crear esta figura no es nueva ya que, tal y como se recoge en un expediente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en abril 2019 ya hablaba de la necesidad de crear este puesto en una respuesta a una solicitud de información sobre los agentes de libertad condicional en España.
Ahora, este asunto ha vuelto al foco mediático tras la detención la semana pasada de Francisco Javier Almeida por raptar y matar a un niño de 9 años en Lardero (La Rioja). Almeida fue condenado a 30 años por el ‘crimen de la inmobiliaria’ en 1998. Desde abril de 2020, según recoge Europa Press, se encontraba en libertad condicional.
«Una función que habrá que crear en el futuro por recaer sobre un cometido que es una de las obligaciones que contrae la administración penitenciaria»
Sobre los agentes de libertad condicional, el Ministerio -en el informe de 2019- reconocía que «es una plaza que no existe, que no está creada«.
En este sentido, explicaba que «en algunos Servicios de Gestión de Penas y Medias Alternativas se ha visto la necesidad de realizar seguimientos puntuales de penados clasificados en tercer grado que trabajan en el exterior o controles aleatorios sobre internos liberados condicionales pero siempre desde el planteamiento de considerar estos cometidos como tareas a realizar, nunca como funciones exclusivas o puestos de trabajo propiamente dichos».
Sobre esto, agregaba que «en varios centros penitenciarios o de inserción social sí que se está asignando a funcionarios en exclusiva a estas tareas, sin que se haya formalizado la oportuna Comisión de Servicios, ya que los puestos de trabajo no existen».
«Varios de estos funcionarios asignados son de Vigilancia Interior (que por definición deben ocuparse de la vigilancia en el interior de los centros) y algunos de ellos, incluso, figuran en los Libros de servicios con servicio asignado de seguimiento y control de liberados condicionales», añadía.
Tras una nueva petición de información sobre este asunto, en julio de 2019 en el ámbito del mismo expediente, el Ministerio reiteraba que «no existe un puesto de trabajo que se denomine agente de libertad condicional«.
«No obstante lo dicho, en variados casos ha sido y seguirá siendo necesario realizar gestiones o controles que tienen mucho que ver con este cometido, para ello se está contando con la disponibilidad y colaboración de profesionales penitenciarios«.
«Seguramente se trate de una función que habrá que crear en el futuro por recaer sobre un cometido que es una de las obligaciones que contrae la administración penitenciaria como administración competente en esta materia por mandato legal».
En 2018, la Sección Sindical Estatal de CCOO en Instituciones Penitenciarias pidió la creación de un grupo de trabajo sobre «verificadores» del cumplimiento de la libertad condicional.
Entonces solicitó que se regularan las funciones de los agentes de Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) y de libertad condicional. Asimismo, que las funciones de estos «verificadores» no confronten con las funciones de otros colectivos como los trabajadores sociales.
El sindicato también pedía que no se abordaran con los mismos recursos nuevas realidades y que se dotara a este personal de medios y de la regulación para realizar las funciones encomendadas.
Ahora, el Ministerio de Grande-Marlaska ha anunciado la creación oficial de los agentes de libertad condicional y libertad vigilada. Tras su anuncio, este medio solicitó a su departamento los detalles de estos nuevos puestos, pero de momento no ha recibido respuesta. En los próximos meses se verá en qué se concreta este anuncio.
