El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) han pedido hoy a la ministra de Justicia, Pilar Llop, el cese del secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y del secretario general del Ministerio de Justicia, Francisco de Borja Vargues Valencia, «ante la ruptura de las negociaciones sobre la adecuación salarial de los Letrados de la Administración de Justicia tal y como se determina en la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales para 2021».
Estas tres asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) -antes denominados secretarios judiciales- han hecho esta reivindicación a la ministra en una carta, remitida esta mañana.
Además, en un comunicado conjunto destacan que esta adecuación salarial corregiría «el grave desajuste existente entre las funciones y responsabilidades asumidas durante la última década por las Letrados de Justicia y su salario».
La cuarta asociación, el Sindicato de Letrados (SISEJ), se ha desmarcado de ellas. Rafael Lara, presidente del CNLAJ, lamenta que «desde un principio el SISEJ no ha seguido la línea de unidad con las otras tres asociaciones mayoritarias y que se haya descolgado de las acciones conjuntas», según ha manifestado a Confilegal.
Preguntado acerca de por qué se exige responsabilidades en las personas de Zapatero y De Borga Vargues, Rafael Lara asegura que «tanto el secretario de Estado como el secretario general no han cumplido con sus compromisos y ni siquiera han demostrado capacidad para solucionar la adecuación salarial del Cuerpo, ordenada por el Parlamento de la nación, ni tampoco han llevado una gestión ordinaria del Cuerpo de manera adecuada».
El presidente del Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia señala que «es evidente que la ministra de Justicia tiene también responsabilidad en todo lo ocurrido, pero confían en que reconduzca la situación, se dé una adecuada respuesta a la adecuación salarial y al resto de reivindicaciones», y apunta que en caso contrario, también exigirán que responda políticamente por ello.
CNLAJ recuerda que el proceso de negociación, presidido por el secretario general de Justicia concluyó el pasado mes de septiembre con el
anuncio de acuerdo con los sindicatos de funcionarios, «que suponía un flagrante incumplimiento de lo mandatado en la norma presupuestaria”.
«Entendemos que no queda más remedio que solicitar los ceses, dado que mediada la legislatura no se ha avanzado en ninguno de los temas pendientes que afectan a los letrados», ha manifestado a este diario el portavoz de UPSJ, Francisco Aguilar Osuna. Por otra parte, señala que «no es admisible que se persista en el incumplimiento de la disposición presupuestaria y que incluso esté en peligro el magro acuerdo alcanzado en septiembre con los sindicatos».
Estas tres asociaciones señalan en el comunicado que el acuerdo de 195 euros brutos con carácter retroactivo «no obedecía, ni obedece, a las expectativas del colectivo y que únicamente se habría aceptado en concepto de primer pago de la adecuación salarial».
Denuncian que «la brecha entre la propuesta y el cumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales para 2021 se incrementaba esta semana, cuando el Ministerio de Justicia informaba que ni siquiera dará cumplimiento a tal compromiso, acordado mediante negociación colectiva, ante la negativa de Hacienda a autorizar la cuantía», aunque el propio secretario general había asegurado “que el pago a abonar este año se
haría con fondos propios de Justicia”, hecho que no ocurrirá “sin que ahora se justifique qué ha pasado”.
Para CNLAJ, UPSJ y AINLAJ se trata de «una nueva burla a los Letrados de la Administración de Justicia y una grave fractura de la buena fe y confianza que debe presidir cualquier proceso de negociación”.
También manifiestan que esta no es la única cuestión que suscita “la queja, malestar e indignación del colectivo”. En este sentido, afirman que estamos ya a mitad de legistura y que el Ministerio de Justicia «no ha sido capaz, no ya de avanzar, sino de siquiera abordar, el resto de cuestiones pendientes, como el decreto de sustituciones, que el secretario general se comprometió a zanjar el pasado mes de enero, la retribución a los Letrados Judiciales encargados del nuevo Registro Civil, la reforma del reglamento, una solución al sistema de categorías y escalafón, la regulación de las libranzas, el complemento de los juzgados de violencia, la convocatoria de oposiciones, concursos, etc».
CNLAJ, UPSJ y AINLAJ han solicitado a la ministra una reunión urgente de cara a retomar el diálogo y avanzar en la adecuación salarial y en el resto de temas pendientes “que permita poner fin al abandono de los Letrados de Justicia por parte del Ministerio, y al clima de indignación que se está generando”.
