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Cs pide explicaciones al Gobierno sobre el ‘incumplimiento’ de la subida salarial del personal dependiente del Ministerio de Justicia
Edmundo Bal se reunió el martes con representantes de estos cuatro sindicatos, a los que trasladó su disposición a exigir explicaciones y su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia y a las movilizaciones que están llevando a cabo, que comenzaron con una concentración el lunes -en la imagen- ante el Ministerio de Justicia, a la que seguirá una manifestación este sábado en Madrid.

Cs pide explicaciones al Gobierno sobre el ‘incumplimiento’ de la subida salarial del personal dependiente del Ministerio de Justicia

CSIF, STAJ, CC OO y UGT, Hacienda ha bloqueado el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia en materia de retribuciones y condiciones laborales
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18/11/2021 11:09
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Actualizado: 18/11/2021 11:13
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Ciudadanos ha preguntado al Gobierno sobre el «incumplimiento» por parte del Gobierno de la subida salarial del personal dependiente del Ministerio de Justicia.

Según han denunciado los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO y UGT, Hacienda ha bloqueado el acuerdo alcanzado con el Ministerio de Justicia en materia de retribuciones y condiciones laborales, que contemplaba una subida del complemento específico para el personal destinado en el ámbito del Ministerio de Justicia (servicios centrales, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con competencias de Justicia.

Ante esta situación, que afecta a 15.000 personas, que iban a ver complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, en función de las categorías, un total de 31 millones de euros de masa salarial, estos cuatro sindicatos han iniciado movilizaciones «para denunciar esta burla a la negociación colectiva y a la dignidad de miles de funcionarios» de la administración de justicia.

Comenzaron el pasado lunes con una concentración de delegados sindicales frente al Ministerio de Justicia, a la que seguirá una manifestación en Madrid este sábado, 20 de noviembre, en Madrid, que comenzará a las 12.30 en la sede del Ministerio de Justicia hasta el de Hacienda. Y no descartan otro tipo de medidas.

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Edmundo Bal Francés, vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz de Justicia del partido, que es abogado del Estado en servicios especiales, registró ayer tres preguntas al Gobierno, para las que pide respuesta por escrito.

¿Alcanzó el pasado 14 de septiembre un acuerdo el Ministerio de Justicia con las organizaciones sindicales más representativas en orden a dar cumplimiento a la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021?, es la primera.

En ese caso, quiere saber qué razones han llevado al Ministerio de Justicia a romper unilateralmente el acurdo alcanzado.

Por último, pregunta si «tiene intención el Ministerio de Justicia de rectificar la ruptura unilateral del acuerdo alcanzado y, en consecuencia, cumplirlo en todos sus términos al objeto de dar el debido cumplimiento al mandato legal contenido en la Disposición Adicional 157 de la Ley de Presupuestos».

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Edmundo Bal se reunió el pasado martes con representantes de estos cuatro sindicatos, a los que trasladó su disposición a exigir explicaciones y su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia y a las movilizaciones que están llevando a cabo.

El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, que es también portavoz de Justicia del partido. Foto: Pedro Ruiz

En su escrito, el dirigente de Cs que la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, titulada Adecuación del complemento específico del personal al servicio de la Administración de Justicia, establece que «se procederá a la negociación en el ámbito de la Mesa de Retribuciones y Empleo de la Administración de Justicia de un incremento en los complementos específicos del personal de los Cuerpos de Auxilio Judicial, de Tramitación Procesal y Administrativa, de Gestión Procesal y Administrativa, de Médicos Forenses y de los cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, para adecuar los mismos al volumen y responsabilidad en el trabajo y aproximarlas a las que se perciben en puestos equivalentes en otros ámbitos».

Dicha disposición añade que igualmente se procederá a la adecuación salarial del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en relación con las nuevas funciones asumidas por este Cuerpo en las últimas reformas procesales y organizativas. Para ello, el Gobierno adoptará los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada a la esta disposición.

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Bal señala que en orden a dar cumplimiento a lo mandatado en la citada DA 157, se ha venido desarrollando un proceso negociador, iniciado el pasado 13 de mayo y que, tras diversas reuniones, concluyó el 14 de septiembre al alcanzarse un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las cuatro organizaciones sindicales más representativas del personal al servicio de la Administración de Justicia (CCOO, UGT, CSIF y STAJ)».

El portavoz de Justicia de Cs destaca que se trataba de un acuerdo final, «considerado satisfactorio por parte de las organizaciones sindicales al considerar que se daba el debido cumplimiento a lo preceptuado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021», y que «para sorpresa e indignación general, el Ministerio de Justicia ha decidido incumplir el pacto alcanzando, alegando una presunta desautorización del mismo por parte del Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, ha procedido a reescribir el acuerdo alcanzado y ha dado un ultimátum para su aceptación».

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A Bal le resulta «absolutamente sorprendente que se alegue ahora la desautorización de lo acordado por parte del Ministerio de Hacienda, cuando lo cierto es que durante el proceso negociador el Ministerio de Justicia trasladó a las organizaciones sindicales que ambos ministerios mantenían una comunicación constante al respecto del avance de lo negociado».

Denuncia que se ha producido «no sólo el incumplimiento flagrante de un precepto legal en vigor, sino también del más elemental principio de buena fe negocial que debe respetarse en cualquier procedimiento en que se ejercite el derecho a la negociación colectiva», y pide explicaciones.

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