Los sindicatos CSIF, STAJ, CC OO y UGT se concentraron ayer ante el Ministerio de Justicia debido a que Hacienda ha bloqueado el acuerdo alcanzado con el departamento de Pilar Llop en materia de retribuciones y condiciones laborales.
El acuerdo contemplaba una subida del complemento específico para el personal dependiente del Ministerio de Justicia (Servicios Centrales, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Murcia, Extremadura, Ceuta y Melilla) para homologar sus retribuciones con las del personal dependiente del resto de comunidades autónomas con transferencia.
En total, se ven afectadas 15.000 personas, que iban a ver complementadas sus nóminas con una cantidad de entre 80 y 195 euros, en función de las categorías (un total de 31 millones de euros de masa salarial).
El secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Francisco de Borja Vargues, bajaron a la puerta de San Bernardo 45 -sede del Ministerio-, y recibieron a los responsables de las organizaciones sindicales.
Sin embargo, según indica UGT, «no han sido capaces de explicar que acciones están realizando, a día de hoy, para revertir la situación y volver al Acuerdo de 14 de septiembre, ni han dado ninguna otra explicación».
Tras este bloqueo, CSIF ha informado de que «da por rotas las negociaciones con Justicia«.
Y es que, según informa en un comunicado, «no se puede negociar con quien carece de credibilidad al haber incumplido lo acordado en materia de retribuciones».
En este escenario, las organizaciones sindicales han convocado una manifestación el próximo sábado, 20 de noviembre, que saldrá de la sede de Justicia a las 12:30 horas y llegará hasta la calle Alcalá, sede del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
Desde CCOO recuerdan que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 reconoce la necesidad de adecuar las retribuciones del personal destinado en el ámbito de competencia del Ministerio de Justicia, establece que este asunto debía solucionarse a través de la negociación colectiva en la mesa de negociación y dispone que, el Gobierno, debe adoptar los acuerdos que correspondan en orden a la dotación presupuestaria adecuada para financiar lo acordado.
El 13 de mayo se inició esa negociación con la finalidad de alcanzar un acuerdo que supusiera una homologación retributiva. Hasta ahora ha habido nueve reuniones: 13 y 26 de mayo, 9 y 23 de junio, 7 de julio y 2, 9 y 14 de septiembre. Durante las cuales, asegura, «no se ha presentado ni un solo reparo a la negociación».
Tras el intercambio de documentación por parte de la Administración, alegaciones sindicales, propuestas y contrapropuestas el 14 de septiembre se cerró un acuerdo en la mesa de negociación.
El Ministerio de Hacienda, según CCOO, conocía la existencia de la negociación desde el principio.
En primer lugar, no vetó la enmienda de ERC que dio lugar a la Disposición Adicional de la Ley de presupuestos cuando estaba habilitada para ello.
Más tarde, según informaron los representantes de Justicia en la mesa, autorizó la negociación y estableció los límites en los que el Ministerio se podía mover.
«Durante todo este tiempo Hacienda no ha realizado observación alguna que pudiera presagiar que no estaba de acuerdo con la evolución de la negociación y, durante mes y medio después de cerrado el acuerdo en la mesa de negociación, no dijo ni media palabra sobre el acuerdo… hasta hace unos días en los que rechazó el acuerdo e impuso nuevas condiciones recortando lo ya pactado», afirma.
