El sindicato UGT reivindica una homologación retributiva y de recursos entre el personal transferido a las Comunidades Autónomas (CCAA) y el del Ministerio de Justicia, ya que existe una diferencia salarial de hasta 8.000 euros anuales que perjudica a los funcionarios vinculados al Ministerio de Justicia.
La diferencia se encuentra en el complemento específico, que en el caso de las comunidades transferidas ha ido evolucionando en los últimos años.
Algo que, según denuncia el sindicato, no ha sucedido en el ‘territorio Ministerio’.
Los funcionarios dependientes del departamento de Juan Carlos Campo, es decir, los de Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Melilla, Ceuta y los destinados en los órganos centrales, están cobrando menos por el mismo trabajo que se desarrolla en las comunidades con competencias transferidas.
La diferencia salarial anual de una persona empleada en el cuerpo de Gestión no transferido y otra transferida al País Vasco, que es la comunidad que mejor retribuye, llega a 8.147 euros. En el cuerpo de Tramitación la diferencia salarial anual asciende a 5.908 euros y en el de Auxilio se sitúa en 5.488 euros anuales.
Así lo refleja el informe ‘Desigualdades en la Administración de Justicia. Un estudio comparativo del empleo y las retribuciones del personal del ministerio y de los transferidos a las Comunidades Autónomas’ presentado este lunes en rueda de prensa por Carlos Álvarez, secretario Federal de AGE en la FeSP-UGT y Victoria Carrero, responsable del Sindicato de Justicia de FeSP-UGT.
La responsable de Justicia de UGT recordó que en 2008 el personal funcionario dependiente de Justicia, tras una huelga de dos meses, consiguió un incremento del complemento específico, que redujo la diferencias con los complementos específicos con las Comunidades Autónomas transferidas.
Sin embargo, trece años después, la historia se repite, asegura el sindicato, «y día a día los Cuerpos Generales al servicio de la Administración de Justicia, los Cuerpos Especiales y el Cuerpo de LAJ volvemos a estar en una situación de discriminación salarial con respecto a los demás transferidos».
«Es incomprensible esta brecha salarial en la Administración de Justicia», y es que, por el mismo trabajo los funcionarios no están cobrando lo mismo, ya que depende de si se encuentran una comunidad con las competencias transferidas o no.
UGT pide a Campo convocar la Mesa de Negociación
Carrero destacó que, pese a la dualidad del sistema de gestión de personal en la Administración de Justicia, este personal pertenece a Cuerpos Nacionales y, por tanto, las pruebas de acceso son gestionadas por el Ministerio.
En este sentido, incidió en que los funcionarios -independientemente de su destino- tienen los mismos requisitos de acceso a la Administración y desarrollan el mismo trabajo en los órganos judiciales.
Un ejemplo muy gráfico es el de los funcionarios de Justicia con destino en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y los funcionarios de Justicia del Tribunal Supremo (del ‘territorio Ministerio’).
Estos dos órganos judiciales están ubicados en la misma calle de Madrid, sin embargo un funcionario del TSJM gana una media de 300 euros más al mes que su compañero que está en el edificio de enfrente en el Supremo.
Carrero ha instado a Campo a convocar sin demora la Mesa de Negociación para acabar con esta brecha salarial.
Sobre el personal y medios: «Si la Justicia no es ágil no es Justicia»
Por otro lado, destacó que entre 2010 y 2014 se crearon muchas unidades judiciales nuevas en los territorios con competencias transferidas, algo que no sucedió en el ‘territorio Ministerio’.
En cuanto al personal, afirmó que muchos órganos judiciales del Ministerio tiene una carga de trabajo que sobrepasa los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Frente a ello, «el Ministerio de Justicia niega a sus comunidades crear nuevas plazas para las plantillas orgánicas y cuando en un un órgano judicial la situación está muy desbordada se limita a acordar prolongaciones de jornada a algunos funcionarios».
Esto, según explicó la responsable de Justicia de UGT, «consiste en ir un par de tardes al órgano judicial a sacar trabajo, pero eso ni ayuda a la plantilla ni ayuda a la carga de trabajo, es un pequeño parche, y no hace que la Justicia sea ágil y si la Justicia no es ágil no es Justicia».
Estas desigualdades, remarcó, dan lugar a que en España exista una Justicia de dos velocidades, una de primera velocidad, que es la que asumen las comunidades autónomas con el servicio transferido y la segunda, perteneciente al ‘territorio Ministerio’ que es «una Justicia lenta, colapsada, cargada y con pocos medios personales, por lo tanto el servicio público que se le da al ciudadano es de segundo nivel».
Este documento viene a completar el ‘Mapa de la Desigualdad en la AGE’, donde UGT denuncia los desequilibrios que perviven dentro de la Función Pública.
