El CNLAJ rechaza el acuerdo del Ministerio de Justicia con los sindicatos sobre la adecuación salarial

El Colegio Nacional de letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) rechaza el acuerdo del Ministerio de Justicia con los sindicatos sobre la adecuación salarial.

Esta asociación, presidida por el letrado Rafael Lara, denuncia que dicho acuerdo «no se ajusta a lo dispuesto en la Ley General de Presupuestos, en su disposición Adicional 157, una disposición que exige al Ministerio de Justicia y al propio Gobierno adecuar las retribuciones de los Letrados de la Administración de justicia (LAJ, antes denominados secretarios judiciales- a las funciones y responsabilidades asumidas desde hace más de diez años».

El CNLAJ considera que dicho acuerdo «no es la adecuación salarial que obliga la ley de PGE» y que el contenido del mismo, que se conoció ayer por la tarde, «hace que no se suba ni un euro a los Letrados de la Administración de Justicia», según manifiesta a Confilegal Lara.

«Este acuerdo solo beneficia a los funcionarios afiliados a los sindicatos y no a los letrados», critica.

«Por ello, no descartamos el ejercicio del derecho de huelga, como mecanismo de defensa del cumplimiento de la citada norma por el Ministerio de Justicia, preso de unos sindicatos que no defienden nuestros intereses», anuncia.

Además, el CNLAJ está estudiando «la posible ilegalidad de dicho acuerdo, en cuanto a que solamente van a percibir los funcionarios al servicio de la administración de Justicia la subida pactada, y no los letrados cuando los condicionantes legales de carácter retributivo son los mismos».

Por otra parte, recuerda que hace unas semanas, junto a otras asociaciones de Letrados Judiciales, pidió el cese inmediato del secretario de Estado del Ministerio de Justicia, Pablo Zapatero, y del secretario general del Ministerio, Francisco de Borja Vargues, «por la no adecuación salarial ordenada por las Cortes, como por su deficiente gestión de todos los temas que son responsabilidad del Ministerio con este colectivo». Señala que su petición ha tenido buen fin, «aunque tardía».

El CNLAJ informa que sigue trabajando en otras medidas, tales como reuniones con los distintos grupos parlamentarios. Explica que «estos encuentros ya han obtenido la presentación de una enmienda por parte del PP demandando «la justa adecuación de los complementos de los Letrados de Justicia a los de la carrera judicial y complementos de incompatibilidad y carrera profesional que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial introdujo en su día consecuencia de la actividad de los LAJs». 

Añade que esta enmienda, como la también presentada por el Ciudadanos, «ha sido bloqueada por el Ejecutivo y negada por los grupos que le sustentan». Aún así, «el propio Grupo Popular ha presentado una Proposición no de Ley demandando del Gobierno lo mismo que intentó con su enmienda, y en las últimas fechas, una comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que dé explicaciones».

El CNLAJ ha hecho un llamamiento a los miembros del Cuerpo Superior Jurídico de Letrados de la Administración de Justicia «para que cumplan, como siempre, con sus funciones de manera legal y estricta sin asumir más de lo legalmente establecido».

Desde el Colegio se recuerda que «tal y como el propio Ministerio de Justicia ha dicho, no en pocas ocasiones, los LAJs son pieza fundamental de la Justicia».

«De hecho, según datos estadísticos avalados por la estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial, los LAJs asumen el 90% del trabajo ordinario de los Juzgados y el 62% de los asuntos que penden de los mismos están bajo la responsabilidad de los Letrados Judiciales, resolviendo los Letrados un tercio más de las ejecuciones que entran al año en la Justicia», expone.

Por tanto, sostiene que «los males de la Justicia no están en la fase de ejecución de las sentencias».

«Frente a ello, y al abuso funcional de los Letrados Judiciales en tareas que debería ejecutar la administración prestacional», el CNLAJ entiende que «deben ceñirse a las funciones que realmente beneficien al ciudadano, y no a la imagen del Ministerio».