Societat Civil Catalana ha alertado al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, de «la deriva iliberal que ha seguido la Generalitat de Cataluña estos últimos diez años, incluyendo las campañas de desprestigio del Estado de Derecho, la permanente apología de la desobediencia y el clima de coacción a las instituciones judiciales».
Así se lo transmitió ayer el presidente de la asociación, Fernando Sánchez Costa, en una reunión en Bruselas, en la que entregó al comisario un informe sobre el «ambiente de presión» que viven y «la expulsión fáctica» de servidores judiciales en Cataluña, «desertización judicial que está provocando en Cataluña el acoso de los independentistas a jueces y fiscales».
En la reunión, que duró 45 minutos, también participaron el presidente del Consejo Consultivo de SCC, José Rosiñol, la vicepresidenta de SCC, Elda Mata, y el eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, que facilitó el encuentro desde el grupo Renew Europe.
Explicaron a Reynders «la grave vulneración de derechos en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana por querer hablar y estudiar en español».
Societat Civil Catalana denunció la «incomprensible marginalización» del castellano en la educación catalana y el «incumplimiento histórico» de las sentencias judiciales exigiendo una verdadera conjunción lingüística en las aulas.
Además, la delagación de SCC y Bauzá detallaron la «presión» que viven las familias que piden un 25% de la enseñanza en español, «lengua materna del 55% de catalanes». Le expusieron el acoso que está sufriendo el niño de 5 años en Canet de Mar por haber solicitado al centro clases en español y exigieron medidas «ante la grave discriminación lingüística» que, según denuncia Bauzá, se está produciendo en Cataluña, Islas Baleares y la Comunidad Valenciana.
«Hemos exigido a la Unión Europea que se solidarice con la familia afectada, e inste a las autoridades españolas y autonómicas a respetar los derechos que reconocen a todos sus ciudadanos la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», ha indicado el eurodiputado, quien ha reclamado a Bruselas que “considere todos los mecanismos a disposición de la Comisión Europea para velar por los valores de la Unión” si persisten estos ataques contra los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.
“Cuando se llega al extremo de señalar a un niño pequeño y a su familia, sin que el Gobierno de España o la Generalitat hagan nada por garantizar sus derechos más básicos, la ciudadanía espera que Europa tome cartas en el asunto para defender el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, como lo hace en otros Estados miembro«, ha subrayado.
«La situación es grave en Cataluña, pero también en las Islas Baleares», ha añadido Bauzá. «El Gobierno socialista de Armengol, junto con los partidos nacionalistas, intentan continuamente implementar su agenda catalanista. La nueva ley de educación balear pactada con los nacionalistas o los nuevos requisitos de catalán para trabajar en la administración pública son ejemplos muy claros», ha denunciado.
Por otra parte, en pleno debate sobre la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont, los miembros de SCC destacaron «la importancia de garantizar la vigencia del sistema de euroórdenes» y advirtieron que «la no reciprocidad judicial entre países miembros implica el colapso del sistema judicial europeo».
