El Gobierno anunicó ayer que prevé incorporar mecanismos para asegurar la participación de las Comunidades Autónomas en el sistema de seguridad nacional, una iniciativa con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende reforzar el marco de colaboración y cogobernanza con las autonomías que inició con la pandemia.
Se trata de una de las conclusiones que se han abordado durante la reunión de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional que presidió el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
Este órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades y ciudades autónomas fue constituido en 2018 y es de «vital importancia para la cogobernanza en materia de Seguridad Nacional», según Moncloa.
En un comunicado, el Ejecutivo explicó que ha puesto en marcha una serie de iniciativas para renovar la política de seguridad nacional con el fin de «dotarla de una orientación más preventiva, introducir una mayor certeza en los procesos y adaptarla al nuevo contexto internacional».
En la reunión se presentó, por segunda vez, el borrador de anteproyecto de modificación de la Ley de Seguridad Nacional y se abordó el Programa de Ejercicios para situaciones de crisis que afecten a la seguridad nacional que se desarrollará durante 2022.
También se informó sobre las fases del despliegue de la primera malla de comunicaciones encriptadas entre el Gabinete de la Presidencia del Gobierno y las Comunidades y ciudades autónomas.
En este punto, Moncloa señaló que, pese a tratarse de una competencia estatal, el sistema de seguridad nacional prevé incorporar mecanismos que aseguran la participación de las Comunidades Autónomas para reforzar «en el corto y el medio plazo» el marco de «colaboración y cogobernanza» con un incremento de la participación en las distintas etapas del sistema de contribución de recursos.
Durante la reunión, Bolaños puso en valor el papel de las Comunidades Autónomas a la hora de «proteger la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos» así como de «garantizar la defensa de nuestros principios y valores constitucionales».
