Empresas y firmas de abogados se refuerzan para afrontar la avalancha normativa que va a llegar desde Bruselas
El Programa de Trabajo anunciado por la Comisión Europea para 2022 plantea 42 nuevas iniciativas, 26 propuestas de simplificación normativa y 76 medidas de continuación de políticas prioritarias, además de 6 propuestas de retirada de iniciativas presentadas en 2021. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Empresas y firmas de abogados se refuerzan para afrontar la avalancha normativa que va a llegar desde Bruselas

En materia digital y sostenible
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07/1/2022 01:00
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Actualizado: 07/1/2022 12:07
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La transición verde y digital trae de cabeza a las empresas españolas que operan en la Unión Europea (UE). Esto ha hecho que sean más exigentes con sus despachos externos, a los que reclaman que cuenten con equipos especializados en estas materias.

Según el análisis llevado a cabo por la consultora FTI Consulting tanto del plan de la Comisión Europea (CE) y como del plan normativo y la producción del Gobierno de España, esta tendencia ya se apreció a finales de 2021: en los últimos 122 días del pasado año, se previó la publicación en España de 144 normas, de las que solamente un 14,5% estaba previsto que se sometiera a control parlamentario.

La salida de Reino Unido, la crisis energética o eventuales amenazas similares al COVID centran los esfuerzos de la CE y el Europarlamento para preparar a las empresas a competir en un entorno global.

Las iniciativas planteadas para 2022 están diseñadas sobre los pilares del inicio del mandato de Ursula von der Leyen y representan una continuación de este centrado en la sostenibilidad medioambiental y la adopción de la digitalización en toda la cadena de valor de las empresas.

“Desde una perspectiva estratégica, existe una creciente voluntad política de involucrar a los ciudadanos en el proceso legislativo así como en la determinación de cuáles son las prioridades para la UE, para garantizar la transparencia”, señala Juan Rivera, Senior Managing Director de FTI Consulting en España.

El Programa de Trabajo anunciado por la Comisión Europea para 2022 plantea 42 nuevas iniciativas, 26 propuestas de simplificación normativa y 76 medidas de continuación de políticas prioritarias, además de 6 propuestas de retirada de iniciativas presentadas en 2021.

“El programa para 2022 refleja nuestra determinación de recuperarnos de la pandemia mientras aprovechamos las oportunidades que ofrecen las transiciones ecológica y digital”, planteó recientemente Maros Sefcovic, vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la CE, a propósito de la nueva normativa en curso.

La transición ecológica importa mucho

En este contexto, los despachos de abogados refuerzan sus estructuras.

Desde el pasado 1 de enero una firma como Gómez-Acebo & Pombo incorporaba a Santiago Garrido de las Heras, hasta ahora socio responsable del área de Público y Regulatorio de Hogan Lovells, y a Borja Carvajal y Pedro Soto, socio responsable y director, respectivamente, de Regulatorio, Administrativo y Competencia de KPMG.

Otras incorporaciones relevantes relacionadas con el campo energético tienen que ver con las incorporaciones de dos abogados del Estado en excedencia, como son los casos de Fermín Garbayo, procedente de Gomez-Acebo & Pombo a Dentons y la más reciente de Félix Plasencia, anterior responsable de EY Abogados a Cuatrecasas en su área de Derecho Público y Energía.

Por su parte, el despacho internacional Pinsent Masons fichaba a Miguel Nieto para liderar el área de Transporte y Movilidad de la firma en España, apostando por aplicar su modelo de asesoramiento legal estratégico también para este sector, que facilitará el cumplimiento, por las empresas y administraciones involucradas en el Transporte y la Movilidad, de los objetivos de sostenibilidad y digitalización fijados por la Unión Europea.

Nieto, abogado del Estado en excedencia, se incorporó al bufete desde el área de Público y Regulatorio de la firma internacional Andersen Tax & Legal. Asimismo, este experto está trabajando muy de cerca con el equipo de Tecnología liderado por la abogada Paloma Bru para dar respuesta a las demandas tecnológicas de los clientes.

Sofía Lazcano es socia responsable de G-advisory, de Garrigues.

Garrigues y su filial medioambiental

Un despacho como Garrigues lanzaba en el año 2000 su filial medioambiental que, a finales del 2013, cambiaba su nombre por el de G–Advisory, la filial de consultoría técnica, económica y estratégica en energía y ESG de este bufete.

En aquel momento ya vislumbraron la importancia del medioambiente y ecológico a nivel legal.

La consultora acaba de actualizar su identidad visual corporativa para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado. La nueva imagen, muy centrada en el color verde, busca transmitir los valores de la marca, con un claro compromiso sostenible.

De hecho, sus servicios ligados a la energía toman impulso tras la firma de un acuerdo estratégico con Simulyde, compañía experta en el análisis y modelado del mercado eléctrico, en particular del desarrollo de herramientas de predicción de precios y del modelado de los diferentes activos.

Para Sofía Lazcano, socia responsable de G-advisory, “la nueva imagen corporativa está concebida para transmitir los valores que rigen el trabajo del equipo de G-advisory, basados en conceptos como la confianza o la ética, y pretende ser reflejo de nuestra principal ventaja competitiva: un enfoque integral capaz de combinar aspectos técnicos y jurídicos”.

Desde FTI Consulting resaltan el aluvión de medidas para acelerar la transición ecológica en la UE, para ayudar a los cuales se ha dotado del Plan EU Next Generation de préstamos y subvenciones a empresas y estados miembros.

En concreto el paquete de medidas incluido en el Fit For 55 plantea una reducción drástica de las emisiones de CO2 en las próximas décadas que pasa por evolucionar hacia formas de producción de energía renovable, con una transformación fundamental del transporte y la movilidad y un rediseño de las cadenas logísticas.

“Hablamos de medidas encaminadas a la protección de la calidad del aire y del agua; y de avance hacia una economía circular, que afectan a infinidad de industria, como por ejemplo el plástico, los fertilizantes, el etiquetado o la gestión de aguas residuales urbanas”, afirma Carlos Ochoa, «Head of Public Affairs» (director de Asuntos Públicos) de FTI Consulting en España.

Carlos Ochoa, director de Asuntos Públicos de FTI Consulting en España.

Refuerzos en derecho tecnológico

A nivel tecnológico hay una agenda digital comunitaria que avanzará temas cruciales para las empresas como la amenaza de la ciberdelincuencia, la protección de datos de los consumidores o la no intromisión en la intimidad de estos.

Todas ellas supondrán un reto normativo para los países miembros que a su vez delegarán en las comunidades autónomas parte de la implementación de las mismas.

“Contar con una estrategia de incidencia pública tanto a nivel comunitario como en el aterrizaje de la norma antes las autoridades estatales, comunidades autónomas y ayuntamientos, en el caso español, es clave para que las empresas puedan adaptarse correctamente y al menor coste a su entorno regulatorio”, destaca Ochoa.

En este contexto, la futura Digital Services Act que se está tramitando ahora en el Parlamento europeo podría el poder a las plataformas digitales de suprimir o bloquear los contenidos que ellas consideren ‘inadecuados’, aunque no sean ilegales.

Por ello, el movimiento de profesionales ha sido notable 

El pasado mes de octubre KPMG Abogados incorporaba en derecho digital Noemí Brito, de Ceca Magán.

La letrada se incorpora al área legal de la «Big Four» como directora responsable del área de Servicios de Transformación de Operaciones Legales, que se integra dentro del departamento Mercantil.  Un refuerzo importante a nivel de economía digital, inteligencia artificial y blockchain.

Al mismo tiempo, el fichaje  de Ana Burbano en esta firma sirve para liderar el área de operaciones legales. Un servicio novedoso que empiezan a dar los despachos de abogados de cara a ayudar a la gestión de los procesos y actividades de las asesorías jurídicas para que sean más eficientes.

En España la consultora Lois impulsada por Eugenia Navarro, Eva Bruch y Jordi Estalella son una de las referencias.

Por su parte, Deloitte Legal apostó firme por buscar a los mejores profesionales del sector e incorporó recientemente a Raúl Rubio, un abogado especializado en el asesoramiento en diferentes ramas del Derecho, como la propiedad intelectual, servicios digitales, sector audiovisual, derechos de imagen o seguridad de la información.

Joaquín Muñoz es socio de Bird & Bird en España. Es uno de los grandes expertos de derecho tecnológico; procede de ONTIER.

Otra incorporación importante en lo digital fue la de Carlos Pérez y su equipo de siete abogados, procedente de ECIJA e Barcelona a la estructura tecnológica de Fieldfisher Jausas.

Perez es un abogado de gran prestigio en el sector y lidera ya la práctica a nivel global en esta firma internacional por su experiencia y contactos globales. 

Un despacho internacional como Bird & Bird, fichaba a Joaquín Muñoz, socio de ONTIER y abogado que protagonizó hace ya siete años la sentencia del derecho al olvido que obligaba a Google a desarrollar un procedimiento de eliminación de ciertos contenidos.   

El área sigue creciendo y se espera un nuevo profesional que se incorpore el próximo lunes.

El futuro mas inmediato pasa por seguir reforzando estos equipos.  

Los propios fondos europeos Next Generation se basan en el desarrollo de un 80 % en proyectos de transformación digital y transición ecológica. El trabajo de los abogados de derecho público con estos especialistas en tecnologías y medioambiente será cada vez más recurrente.

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