La alianza entre ambos juristas sigue la línea de boutiques penales que surgieron en los años anteriores a la década de los noventa. Muchas de ellas se mantienen aun operativas. Foto: Carlos González Armest.
El catedrático Fermín Morales y el ex socio director de penal de Uría Menéndez Óscar Morales impulsan una nueva boutique penal
Con esta alianza, ambos profesionales unen sus nombres y trayectorias bajo la marca común: Morales Abogados Penalistas
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12/1/2022 05:15
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Actualizado: 12/1/2022 12:12
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Morales Abogados Penalistas es el nombre de la nueva boutique penal, ya operativa, dirigida por dos pesos pesados del Derecho Penal nacional. Fermín Morales, catedrático de Derecho Penal, y abogado, y Óscar Morales, exsocio director de penal de Uría Menéndez en Barcelona, suman fuerzas en este proyecto.
Con esta alianza, ambos profesionales unen sus nombres y trayectorias bajo la marca común. Esta unión pone de manifiesto la intención que comparten de renovar el mercado de la abogacía penal y combinar la artesanía de las boutiques con el asesoramiento internacional propio de las grandes firmas.
La alianza entre ambos juristas sigue la línea de boutiques penales que surgieron en los años anteriores a la década de los noventa. Muchas de ellas se mantienen aun operativas.
Más tarde, el crecimiento de los despachos multidisciplinares propició un cambio de tendencia, donde las firmas internacionales comprendieron la importancia de mantener una protección integral para sus clientes, e integraron así a sus equipos a los primeros espadas del campo penal.
Sin embargo, en estos últimos cinco años hemos visto como las boutiques penales han vuelto a tener protagonismo. Es el caso del buffete González Franco, que ha llevado la defensa de Sandro Rodell expresidente del FC Barcelona, en las derivaciones del caso Neymar.
Otros ejemplos son los de Martell Abogados, también en Barcelona, abogado de los Pujol; Choclán Montalvo, abogados de la trama Gürtel y de Rita Barberá; Miguel Bajo, en caso Bárcenas; Enrique Bacigalupo, desde A25 Abogados y Economistas, caso Messi, caso Caja España; y Molins Silva, que intervino en la defensa del caso Nóos.
La nueva Edad Media de nuestra sociedad
La historia de Morales Abogados Penalistas comienza hace 31 años en Santander, donde se conocieron. Óscar era estudiante de licenciatura y Fermín acababa de ganar la Cátedra de Derecho Penal. El contacto fue fluido desde el primer momento y abrió la puerta a una relación profesional intensa. Luego el catedrático dirigió la tesis doctoral del docente.
Fermín Morales es catedrático de Derecho penal desde 1991. Ha gestionado esta cátedra en Santander, Lérida y Barcelona. Desde 1994 se encuentra en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Su despacho, Gabinete Jurídico Fermín Morales, se puso en marcha en 1996 y se situó rápidamente entre las más reputadas de Barcelona, donde destacó por su asesoramiento a directivos e instituciones de primer nivel.
Reconoce que su maestro a nivel universitario fue Gonzalo Quintero, “como abogado no he tenido referencia clara. Fundé el despacho ya siendo catedrático y realmente no tuve ningún director por encima de mi persona. Hemos mantenido abierto el bufete pese a alguna oferta de despacho internacional que tuvimos”.
En el momento en el que abre su bufete, existían boutiques en Barcelona como Jufresa, empezaba Martel, Pablo Molins eran los referentes o el propio Emilio Zegrí. Luego aparecieron otros como Javier Melero que se separó de Molins.
Para Fermín Morales “el derecho penal ha evolucionado de forma notable. Ha penetrado en todos los ámbitos y no tiene nada que ver con el que nos encontramos hace veinticinco años. Estamos en una nueva Edad Media. Cuando se recurre tanto al derecho penal que supone castigar, es que esta sociedad no va bien. Esta en crisis no es capaz de desarrollar otros instrumentos jurídicos”.
A juicio de este reputado penalista, “las empresas tienen preocupaciones transversales como a nivel tributario, tecnológicas por los ciberataques y la falta de medidas de seguridad y el florecimiento de los nuevos delitos como la corrupción en los negocios y todo lo que se deriva de ello”.
Morales recuerda su participación en el juicio de Banesto, asesorando a varias empresas de la corporación y llevando la defensa de Arturo Romaní, mano derecha de Mario Conde, también el fraude fiscal de la familia Agrolimen, que acabó en una conformidad y algunos asuntos de Caixa Cataluña, defendiendo al que era en aquel momento su director general.
Respecto a la gestión de los Fondos Europeos Next Generation, “hay que recordar que cuando las cosas van mal se ven los delitos en las insolvencias, si van bien se ven los delitos en los fraudes en las inversiones de negocios. Es posible que la gestión de dichos fondos generen problemas. De hecho se obliga a las empresas que gestionen dichos fondos que tengan planes antifraude basados en ‘Compliance’”.
Reconoce que “el derecho penal preventivo no existía en mis inicios profesionales. Ahora ya no nos dedicamos solo a acusar o defender, sino a asesorar preventivamente a muchas empresas y evitar riesgos. En este escenario los programas de ‘Compliance’ son bastante útiles”.
Sobre el ‘Compliance’, “hay que entenderlo dentro del derecho preventivo de las empresas en la medida que las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad penal. El ‘Compliance’ se convierte en moneda de cambio en los negocios. Ahora además de la ‘due dilligence’ para vender una empresa, dicha compañía debe demostrar que tiene un plan de ‘Complianc’e. Ahora es un argumento de excelencia en el mundo de los negocios”.
La vuelta a las boutiques
Por su parte, Óscar Morales ha dedicado cerca de dos décadas a una de las firmas más prestigiosas del país, Uría Menéndez, dirigiendo como socio el área de derecho penal de los negocios e investigaciones internas de su oficina de Barcelona, desde la que ha asesorado a grandes corporaciones internacionales y directivos tanto en litigios como en ‘Compliance’.
“En los años 90 hubo movimientos importantes, Carlos Bueren, ex magistrado de la Audiencia Nacional, recalaba en Uría Menéndez; el exfiscal Luis Jornada de Pozas, en Cuatrecasas y Florentino Orti, ex fiscal de la Audiencia Nacional en Garrigues, al igual que Jesús Santos, como exfiscal de la Audiencia Nacional y el Supremo, ahora en Baker Mckenzie en España”, explica.
Tuvieron mucho éxito, “pero la presión de honorarios y de estructura es tan fuerete que este tipo de asesoramiento solo llega a determinados clientes. Clientes que puedan pagar esos honorarios, fundamentalmente empresas del IBEX. Esto ha revitalizado las boutiques en un mundo de riesgos”, señala Óscar Morales.
A su juicio, “el derecho penal ha evolucionado “de estar basado en los resultados ahora es un derecho de riesgos. Es evitar riesgos. Incurrir en riesgos ya es delito. No todo el mundo puede ir a las grandes firmas por eso se vuelve la mirada a las boutiques penales, cuya apuesta es la excelencia profesional con otra presión de honorarios diferente».
Este experto en derecho penal coincide con el otro jurista en señalar que “coincido con Fermín que es una vuelta a la Edad Media y que cualquier cosa sospechosa puede generar un delito. Es el caso del delito contra los derechos de los trabajadores, no hace falta que se accidente sino que basta con decir que faltan medidas de prevención y hay delito”.
Sobre esa vuelta a la Edad Media, “se nota también en el ámbito procesal, lo que ha hecho que deje de ser el último ratio, y en muchos casos en lugar por la vía civil se acude a los procedimientos penales. Así sucede en materia de propiedad intelectual, donde se prefiere la vía penal o la civil, o la propia vulneración de los secretos profesionales”.
Este penalista valora el esfuerzo de las empresas en materia de ‘Compliance’, “aunque todavía hay mucho que aprender sobre todo de esta práctica por parte de los tribunales. Nos encontramos en no pocos casos jueces que imputan a empresas en delitos que no tienen aparejada esa responsabilidad penal, es el caso de la falsedad documental”.
En cuanto a los Fondos Europeos, recuerda que obligan a muchas empresas a que tengan programas de cumplimiento antifraude “de todas formas, en general el 80% de la empresa tiene ya un modelo de cumplimiento normativo adecuado y suficiente. No creo que sea un problema para optar a los Next Generation».
“Sin embargo, es un grave desatino que las empresas públicas no puedan responder penalmente, salvo excepciones están exentas de responsabilidad criminal. Creo que es un desatino importante, porque a veces esas empresas pueden generar comportamientos poco éticos. La obligación se la autoimponen realmente”.
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