Representa a 22.000 colegiados especialistas en derecho del Trabajo y Seguridad Social y a sus 43 colegios, un colectivo que ha sido vital para dar solución a la miriada de problemas laborales y empresariales sucedidos durante la pandemia. Son conocidos entre la ciudadanía como "los asesores" pero su nombre oficial es el de graduados sociales. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
Ricardo Gabaldón: «Es justo que a los graduados sociales se nos permita presentar recursos de casación ante el TS»
Es el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España
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09/2/2022 06:50
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Actualizado: 08/2/2022 01:08
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Fue elegido presidente del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (CGCGSE) en diciembre de 2018. Cuando eso ocurrió, Ricardo Gabaldón (Utiel, Valencia, 1963) jamás pudo sospechar que tendría que hacer frente al «Cisne Negro» más disruptor de la historia reciente del planeta tierra: la pandemia de COVID-19.
Un «Cisne Negro», según la definición de Nassim Nicholas Taleb, el ensayista, investigador y financiero estadounidense de origen libanés, es un suceso improbable e inesperado, que tiene un gran impacto socio-económico.
El colectivo que preside Gabaldón jugó un papel esencial para dar solución a esta paralización de la economía sin precedentes y que generó serios problemas a las empresas y a los cientos de miles de trabajadores que, de la noche a la mañana, se vieron confinados en sus casas durante tres meses. Y que después han tenido que arrostrar sus consecuencias, que todavía se pueden sentir hoy.
Como malabaristas sobre el alambre de la pandemia, sin red debajo, con la amenaza continua del contagio legal, estos especialistas en derecho del Trabajo y Seguridad Social a los que la ciudadanía conoce como «los asesores» –formalmente llamados graduados sociales–, han sabido estudiar e interpretar, en tiempo real, un torrente continuo de decretos-leyes y reales decretos-leyes, coordinarse y comunicar con sus clientes y con la Administración para dar soluciones de todo tipo. .
Nunca recibirán una medalla por ello. Tampoco la buscan. Hicieron –hacen– su trabajo. Pero sí han obtenido el reconocimiento del Ejecutivo, como se pudo comprobar en la reciente gala de sus premios, a la que acudieron la ministra de Justicia, Pilar Llop, y su plana mayor, y la vicepresidenta segunda, y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se celebró en el Salón de Plenos antiguo del Senado.
Gabaldón supo afrontar esta crisis con eficacia desde el Consejo y desde su propio despacho, Gabaldón Asesores, firma con sede en Utiel, localidad valenciana a 80 kilómetros de la capital del Turia.
A su favor jugó la experiencia de su paso por la Presidencia del Colegio de Graduados Sociales de Valencia durante 12 años (2005-2017), la Vicesecretaría de la Unión Profesional de Valencia y una vocalía del Observatorio de Justicia de la Generalitat Valenciana.
El presidente del Consejo General de Graduados Sociales es de trato afable, pausado y tranquilo. Conoce bien el paño que vende. Y las reivindicaciones de su colectivo. Las tiene muy presentes. Como que se les reconozca la capacidad de interponer recursos de casación ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y dejar de utilizar a abogados interpuestos, y la asistencia jurídica grauita, que también llevan a cabo, sin remuneración de por medio.
Pero quizá la más perentoria es la oferta que Gabaldón hizo a la ministra de Trabajo de formar comisiones técnicas para afinar la «maquinaria» de implementación legislativa. Sobre esto, y otras cosas, va esta entrevista.
«También es una reivindicación justa formar parte de la asistencia jurídica gratuita. Lo llevamos haciendo hace tiempo. Desde los 43 Colegios de Graduados Sociales estamos asesorando gratuitamente a trabajadores que acuden a nosotros»
Ante los tribunales de lo social ustedes actúan en primera instancia y en suplicación, lo que se conoce como apelación en civil o penal, ante los Tribunales Superiores de Justicia de toda España. Pero no en casación, ante el Tribunal Supremo.
Correcto.
El primero de los galardonados en el acto de sus premios, el pasado mes de enero, reivindicó dos cosas ante los presentes, entre los que se encontraban la ministra de Justicia y la ministra de Trabajo: poder recurrir en casación ante el Tribunal Supremo –que no pueden– y formar parte de la Justicia Gratuita. ¿Ve factible ambas cosas?
Es cierto que no podemos actuar ante la Sala de lo Social del Supremo. Que tiene que hacerlo un abogado. Pero es que, de facto, ya lo estamos haciendo. Porque los recursos de casación de nuestros clientes los solemos hacer nosotros. Es una reivindicación razonable.
Si llevamos el caso en primera y segunda instancia, si somos los que mejor lo conocemos, si redactamos el recurso de casación que otro, un abogado, presenta por nosotros, ¿por qué no reconocerlo de una vez por todas?
Es justo que a los graduados sociales se nos permita presentar recursos de casación ante el Supremo como se hizo ante los Tribunales Superiores de Justicia en suplicación. Cuando eso sucedió hacía tiempo que ya lo hacíamos. Sucedía como ahora.
¿Y formar parte de la asistencia jurídica gratuita, como los colegios de abogados y procuradores?
También considero que es una reivindicación justa formar parte de la asistencia jurídica gratuita. Lo llevamos haciendo hace tiempo. Desde los 43 Colegios de Graduados Sociales estamos asesorando gratuitamente a trabajadores que acuden a nosotros.
Es una realidad que tampoco nadie puede negar.
En esos premios ustedes se ofrecieron a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para formar comisiones técnicas para afinar la eficacia de la «maquinaria» legislativa. ¿Les ha respondido?
Estamos todavía en ello. Confío en que se puedan crear en el Ministerio de Trabajo. Ya las tenemos en el Ministerio de Justicia y funcionan muy bien de cara a las leyes que se van a poner en práctica. En Trabajo son súper necesarias y más todavía en Seguridad Social.
En este sentido, ustedes hacen un papel muy parecido al de los abogados generales del Tribunal de Justicia de al Unión Europea, una figura que no existe en España y que procede del derecho francés. Estos abogados generales, que son neutrales e imparciales, redactan informes, con conclusiones, en casos que tiene que fallar después el tribunal. Para desbrozar el camino. No son vinculantes ni obligatorias de seguir.
Nos gustaría poder hacer algo así. Ayudaríamos bastante. Al Ministerio le vendría bastante bien tener nuestra visión. Nosotros sabemos lo que necesitan las empresas y los trabajadores. Lo estamos palpando cada minuto del día. Asesoramos al 80 % de las PYMES, y son el 99 % del tejido empresarial español.
Los que elaboran las leyes no ven problemas y resulta que sí que los hay porque se genera un embudo en el SEPE, o un problema de tesorería en la Seguridad Social. O no se puede hacer en el plazo que se ha dicho. Nosotros somos el termómetro de las empresas.
¿Cuál es su opinión sobre la reforma laboral?
Fíjese que ha sido pactada entre la patronal y los sindicatos, ¿quién soy yo para decir algo? Es una reforma que ha sido pedida desde Europa, pero que deja la esencia de la reforma anterior.
Ha pretendido entrar en varios aspectos, en la contratación, para que el contrato principal y lógico sea el indefinido. Pero para eso se han suprimido determinados contratos, como el de servicios, el de eventual y el de interinidad. Se han puesto otros, a cambio. Que es el de circunstancias de la producción.
A su vez, muchos contratos temporales que se iban haciendo se han reconducido al fijo discontinuo. Por lo tanto, si por una parte se acorta el tiempo, por otra se reconducen algunos contratos y se penalizan los contratos temporales, lo que se pretende es que los contratos sean más fijos e indefinidos y menos temporales.
Eso, en parte, va a ser así. Y, por otra parte, por estadística.
«Nosotros somos el termómetro de las empresas»
No ve usted mucho cambio, entonces.
Estadísticamente si yo antes hacía contratos temporales cíclicos y ahora los tengo que hacer fijos discontinuos va a parecer que son fijos y no temporales.
¿Cómo se manejaron ustedes ante el torrente de Decretos-Ley y Reales Decretos-ley que el Gobierno dictó durante el primer año de pandemia?
Muy mal. Tuvimos que estar mirando siempre el BOE, además del resto de los boletines. Tuvimos que estudiarlos a fondo, interpretarlos e identificar todas las lagunas que tenían para dirigirnos al departamento correspondiente, ya fuera Ministerio de Trabajo o de Seguridad Social, para que nos diera respuestas a aquellos que no entendíamos y sobre las que hacía falta un criterio.
Póngase en modo profesor. ¿Qué puntuación le daría a la calidad legislativa de toda aquella legislación de emergencia?
Yo creo que es muy difícil poner nota. En unas condiciones normales se puede decir que podría haberse hecho mejor. Pero hay que poner las cosas en su contexto. Eran condiciones de emergencia y de urgencia. Las prisas llevan a no perfilar todo de forma correcta, como debería haberse hecho. Se produjeron algunas lagunas que luego se fueron corrigiendo.
Desde el Consejo que usted preside, supongo que coordinarían las respuestas a esas dudas de sus compañeros en estos tiempos tan difíciles.
Hemos dado formación, asesoramiento y seguridad ante lo que faltaba. Aparte, nosotros somos una corporación de derecho público. Un organismo que dirige una profesión. Nada que ver con el organismo que legisla y que debe interpretar.
Hemos intentado ayudar a que el graduado social tuviera, primero, toda la narrativa; segundo, la formación necesaria. Y tercero, la interpretación lógica de esa narrativa. Bien por nosotros mismos, bien a través de los Ministerios con criterios que hemos ido solicitando, intentando que modificaran ciertas cosas.
Por ejemplo, una cosa que nos preocupó mucho fue no ya la obligación de realizar las gestiones, sino lo farragoso que eran. La burocracia de la Administración es increíble.
Hay que pensar que estábamos acostumbrados a hacer un ERTE cada 5 meses o 6 o al año. En un momento determinado pasamos a hacer 70, 80 o 90 ERTE.
El colapso que se produjo en el SEPE fue por esto. En vez de uno, ochenta.
Había compañeros que nunca habían hecho un ERTE. Intentamos simplificar. Al final las aguas vuelven a su cauce, pero sí me hubiera gustado que hubiera habido más conexión con las comisiones técnicas del Ministerio de Trabajo.
Si tuviera que explicarle a una persona que hasta ahora desconocía que ustedes existían, ¿cómo le contaría lo que son?
Le diría que el graduado social es un titulado universitario, con un título de grado, que es especialista en derecho del trabajo y en Seguridad Social.
Y que, como tal, asesoramos jurídicamente y representamos ante el Juzgado de lo Social a la empresa, al trabajador y a cualquier institución que tenga algún conflicto o problema de historia laboral y de Seguridad Social. Que somos los mejores que vamos a poder asesorarles y representarles sobre esas materias.
Además de la especialización en derecho del trabajo y Seguridad Social, también tocamos otros ámbitos como puede ser la fiscalidad y mercantil.
Los abogados laboralistas pueden decir que ellos también.
Abogados laboralistas que sean especialistas. Pero de la carrera de Derecho no salen como especialistas.
Un abogado tiene un conocimiento muy amplio del derecho. Pero del derecho del Trabajo dan una asignatura. Y de Seguridad Social, nada.
Nosotros damos de derecho del trabajo dos años y de Seguridad Social otros dos años. Nosotros estudiamos derecho del Trabajo y Seguridad Social básicamente.
¿Es usted consciente de que el nombre de graduado social induce a confusión?
Si hoy se hubiera creado se hubiera llamado de otra forma: relaciones laborales. De hecho, muchas universidades dan el título en relaciones laborales.
Pasa un poco como con Derecho. Estudias derecho y luego eres abogado. En nuestro caso estudias relaciones laborales y luego eres graduado social. Hay una parte de nuestro sector que no le gusta. Dicen que no dice nada. Podría haber sido más acertado el nombre, es cierto.
El nombre hace a las cosas. Condiciona muchísimo la percepción que recibe la gente. Ustedes son 22.000 colegiados registrados en 43 colegios. Sin embargo, ustedes son los grandes desconocidos.
Porque nosotros no le hemos dado publicidad.
¿Y cómo llegan a ustedes los clientes?
Llegan a nosotros porque el profesional que es el profesional que está instalado, tiene un despacho abierto y es una asesoría jurídica de gestión. El cliente viene a nosotros sin saber muchas veces si dentro de esta asesoría hay en un abogado, un graduado social una economista o es una asesoría, multifuncional, porque tiene varios profesionales o porque el mismo profesional y tiene muchas veces desconoce realmente quien está al frente de esa asesoría.
Y nosotros, repito, no le hemos dado la publicidad que teníamos que haber dado.
Yo les digo a mis compañeros que sus clientes deben de saber que ellos son graduados sociales. Que ellos son los que les han solicitado los ERTE, que ellos son los que les han solicitado las prestaciones por cese de actividad. Que los graduados sociales son los que han estado al lado de su empresa. Que no ha sido un abogado o un economista, que ha sido un graduado social. Si no, pasamos desapercibidos. Está ocurriendo.
La gente piensa que son abogados los que hacen esas gestiones.
Abogados, economistas, nosotros… La gente nos llama el asesor. Pero, ¿qué es el asesor? Puede ser un abogado o puede ser un abogado social.
¿Y por qué esa renuncia a ser reconocidos por su nombre como una pieza clave dentro del sistema?
No tiene ninguna explicación. Los nombres que se suelen utilizar son asesoría de gestión, asesoría jurídica empresarial… El nombre de graduado social ha pasado desapercibido. Opino que tenemos que darle la publicidad que precisa.
No han considerado cambiar el nombre, claro.
No, en absoluto. Está contemplado en todas las leyes, sería un follón hacer un cambio de ese calado. Lo que sí tenemos que hacer es que se perciba que graduados sociales equivale a relaciones laborales.
Ante los tribunales de lo social ustedes representan tanto a empresas como a trabajadores, como los abogados laboralistas…
En un mismo día nos podemos sentar a la derecha o a la izquierda de Su Señoría, representando a unos o a otros.
¿Llevan ustedes toga?
Sí, claro.
¿Qué hubiera pasado si no hubiesen existido ustedes durante la pandemia, con los ERTE, los ERE, las reclamaciones de cantidad de los autónomos…?
Somos bastante desconocidos para la sociedad, pero bastante conocidos para los ministerios, para las organizaciones empresariales… Ahí sí somos conocidos y reconocidos. La sociedad nos conoce como “los asesores”. Nos falta dar el paso de que nos conozcan por nuestro nombre. Como graduados sociales.
Si no hubiéramos existido durante la pandemia habría que haber inventado una profesión como la nuestra para hacer este trabajo.
Ha sido muy duro. Dos años de un trabajo descomunal.
Sí, porque no han parado.
Nosotros somos una actividad esencial. Hemos tenido que ir al trabajo pertrechados con mascarillas, con geles, poniendo distancia con los compañeros, con los clientes, que casi no podían venir al despacho.
Nos la tuvimos que ingeniar para que nos trajeran la documentación para poderles hacer todo. Las prestaciones de actividad de los autónomos, que al principio iba a ser para tres meses, luego cuatro, luego había que solicitar prórrogas. Con los ERTE también. Las ayudas que salieron, provinciales, autonómicas y estatales. Había que ir solicitando todo.
Luego iba saliendo un decreto-ley tras otro.
«Si no hubiéramos existido durante la pandemia habría que haber inventado una profesión como la nuestra para hacer este trabajo»
Llevamos varios meses escuchando que va a producirse una avalancha de ERTE, de ERE, pero no termina por aparecer…
No creo que se vaya a producir una avalancha como tal. ¿Que va a haber destrucción de empleo?, posiblemente muchos de los que están en ERTE todavía de la primera hornada no se puedan incorporar a sus puestos de trabajo.
¿Que también van a haber empresas que van a desaparecer porque no van a poder aguantar el tipo?, también, ¿pero avalancha? Creo que no.
¿Qué entiende usted por empresas ‘zombie’?
Pues empresas que tienen trabajadores en ERTE y que ya no están ni se les espera. Que han desaparecido. Se calcula que el número de trabajadores en estas condiciones está entre los 150.000 y los 200.000.
Usted, al mismo tiempo que preside el Consejo –por lo que no cobra– dirige un despacho, Gabaldón Asesores, en Utiel, una población valenciana a 80,3 km de la capital de esa Comunidad. ¿Qué tipo de servicios presta?
Es un despacho mediano, de graduado social, con 10 trabajadores. Allí, principalmente, lo que tocamos es el asesoramiento jurídico y laboral de las empresas. Siempre digo que nosotros acompañamos a las empresas desde que nacen hasta que se extinguen.
Damos alta en Tesorería, hacemos la confección de nóminas y seguros sociales, hacemos contrataciones, bajas. Todo lo que es la vida de una empresa. También derivadas que puedan salir, como ERTE, Eres, etcétera. Y luego si la empresa tiene algún problema interno, le asesoramos jurídicamente. Mediamos, tratamos de solucionar el conflicto y si no es posible, la representamos ante la justicia. También a los trabajadores que acuden a nosotros.
Esto sería un 70 % del trabajo. Luego tenemos un 25 % de carga fiscal: impuestos, IVA, renta, sociedades y demás. El 5 % restante son gestiones de todo tipo.
Desde el despacho damos un servicio integral al cliente. Como mis 21.999 compañeros. Un servicio vital. Y a pesar de todo, somos los grandes desconocidos. Toda una paradoja.
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