De izquierda a derecha, Juan Carlos Campo, Antonio Pau, Manuel Pizarro, Luis María Cazorla y Ana Orellana.
Juan Carlos Campo: Se está produciendo un cambio de paradigma hacia un derecho penal anticipativo o prospectivo
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14/2/2022 06:48
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Actualizado: 14/2/2022 08:15
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El exministro de Justicia, actualmente magistrado de la Audiencia Nacional y doctor en Derecho, Juan Carlos Campo, argumenta que se está produciendo una transformación «imparable» del paradigma procesal penal.
E invita a reflexionar y a estudiar sobre una realidad que está sucediendo bajo nuestros ojos y sobre la que nadie parece ser consciente.
El motor de ese cambio se encuentra en la aplicación de nuevas tecnologías en materia de información de datos, como la llamada minería de datos, el «machine learning» y la Inteligencia Artificial que han dado lugar «a un nuevo mundo de posiblidades, antes inimaginables, en materia de prevención del delito», explicó en su conferencia ante al Academia de Jurisprudencia y Legislación, de la que es miembro correspondiente.
Campo subrayó, en el curso de su disertación sobre la «Función social del ius puniendi: La transformación del Derecho Penal a partir de las nuevas realidades sociales«, que actualmente existen bases de datos sobre cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana.
Por lo que «el análisis automatizado de los mismos se presenta como el instrumento definitivo en la lucha contra el crimen».
Aplicando a la investigación penal los procesos más avanzados en procesamiento de datos, apuntó, «se empieza a considerar posible detectar las amenazas antes de que se concreten los hechos delictivos».
«Ya no se trata, únicamente, de reaccionar frente al delito cometido, sino antes de eso, impedir su comisión, anudando al sistema de justicia criminal una función de carácter anticipativo, que hasta ahora le ha sido ajena»
La incorporación de dichas tecnologías predictivas a la actividad policial y judicial «es de tal calado que sus consecuencias aún resultan desconocidas».
Unas reflexiones que inevitablemente guardan reminiscencias inevitables que conducen al filme «Minority Report», al que no se refirió ni nombró en ningún momento el conferenciante.
«Ya no se trata, únicamente, de reaccionar frente al delito cometido, sino antes de eso, impedir su comisión, anudando al sistema de justicia criminal una función de carácter anticipativo, que hasta ahora le ha sido ajena», señaló.
Y añadió: «En cualquier caso, parece seguro que la acumulación y tratamiento automatizado de la información a través de algoritmos se postula como una pieza clave en el diseño del modelo de seguridad pública y de la política criminal del futuro».
Todo parece indicar, según Campo, que estamos siendo testigos inconscientes de la imparable transformación del paradigma procesal penal.
«Nos encontramos, una vez más, frente a la sustitución del modelo de intervención penal hasta ahora imperante. Ante el tránsito de un Derecho penal ‘reactivo’ a un Derecho penal ‘anticipativo o prospectivo'».
Concluyó: «El debate es apasionante sin duda, y refleja claramente el hilo conductor de este discurso: el Derecho Penal ha de adaptarse e incorporar nuevos instrumentos para alcanzar su fin principal, esto es, asegurar la convivencia social pacífica mediante la prevención y solución de conflictos. Pero la pregunta es si para ello debe renunciar o reformular los principios fundamentales en los que se ha venido cimentando; principios que no son solo resultado de una concreta evolución histórica, sino expresión de una serie de valores compartidos».
El acto tuvo lugar en la Academia de Jurisprudencia y Legislación. Bajo la Presidencia de Manuel Pizarro, presidente de la institución, que estuvo flanqueado por Antonio Pau, secretario, y Luis María Cazorla, vocal. La introducción de la figura de Campo correspondió a la magistrada Ana Orellana.
Entre los asistentes se encontraban Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Pilar Teso, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, y Amaya Arnaiz, directora del Gabinete del presidente del Senado.
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