Pesa nuevamente sobre la Fiscal General del Estado el deber de abstención después de que la pasada semana tres partidos políticos con representación en la Asamblea Parlamentaria de Madrid (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) presentaran ante la Fiscalía Anticorrupción otras tantas denuncias con el objeto de que se inicie procedimiento para investigar las posibles irregularidades en que se hubiera podido incurrir en la adjudicación de un contrato de suministros con una empresa supuestamente vinculada con el hermano de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Díaz Ayuso.
Tampoco en esta ocasión, con motivo de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo hará. Quizás movida por la creencia de que tal ejercicio conlleva el reconocimiento implícito de su inidoneidad para el cargo que ostenta e incurriendo en la deliberada ignorancia de que el hecho determinante de ese deber de abstención, su procedencia inmediata del anterior ejecutivo, no desaparecerá haciendo oídos sordos y mirando hacia otro lado –como cuando siendo niños nos asustan las sombras– ante la voces que reclaman de la FGE un acto que por ser el debido conforme a Ley dignifique la Institución que dirige y le devuelva la credibilidad perdida en los dos años que ahora se cumplen desde que la Sra. Delgado fuera nombrada FGE.
Preferirá, como ya ocurrió con las denuncias y querellas que inundaron el Tribunal Supremo contra altos cargos del Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria por Covid-19, con los indultos concedidos a los condenados por el procés, con las indiscriminadas andanadas que algunos miembros del actual ejecutivo dirigieron a la independencia del Poder Judicial, obviar ese deber y cobijarse en la oscuridad que ofrecen las reuniones de pasillo, las instrucciones disfrazadas de opiniones o sugerencias cuando ni siquiera estas son procedentes y las llamadas a la lealtad entendida como inquebrantable adhesión a sus designios para eludir su obligación de abstención.
Cada vez que opta por transitar uno de estos atajos se adentra, y con ella la Institución, en modelos de Ministerio Fiscal entendidos como extensión del poder establecido y alejado del principio de separación de poderes, planta de los estados democráticos. La importancia de lo que está en juego hace y hará que sigamos señalando el deber de abstención que incumbe a la FGE, aun a riesgo de que nos tilden de ingenuos por esperar lo que la experiencia nos dice que no se producirá.
