El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ve «indicios suficientemente sólidos» para juzgar a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs Castanyer, por supuesto fraude administrativo cuando era directora del Instituto de las Letras Catalanas (ILC), entre 2013 y 2017.
El magistrado instructor, Jordi Seguí Puntas, explica que una vez terminada la instrucción, «el resultado de las diferentes diligencias permite apreciar como hechos indiciariamente acreditados» que constituirían delito continuado de prevaricación administrativa, fraude administrativo, falsedad en documento mercantil y delito continuado de malversación de caudales públicos.
Propone juzgar a Borràs y otras tres personas, entre ellos su amigo Isaías Herrero Florensa, quien en diciembre de 2019 fue condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a cinco años de cárcel por tráfico de drogas y falsificación de moneda. Las otras dos personas no son cargos públicos.
El juez da ahora traslado a la Fiscalía para que solicite la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctiva de diligencias que considere indispensables para formular acusación.
Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación direcamente o subsidiariamente con el de reforma.
Según expone el magistrado, Borràs fue nombrada directora del Instituto de las Letras Catalanas el 15 de enero de 2013, y entre marzo de 2013 y febrero de 2017, dicha entidad adjudicó por medio de su directora 18 contratos menores relativos a la programación y mantenimiento del portal web de la institución.
Seis de los contratos fueron adjudicados a Isaías Herrero, por un importe total de 112.503,50 euros; otros seis a Xarxa Integral, por 101.035 euros en total; tres a Freelance, por 54.437,90 euros, otros tres a APMG&CE SL, por 21.175 euros; a Andreu P.M. por 20.025,50 euros y a Smartcooper por 21.265,75 euros, precisa.
«La contratación subió a un total de 330.442,65 euros, de los cuales la ILC por sí misma o a través del ICO satisfizo 309.176,90 euros», señala el magistrado, y destaca que Borràs intervino en todos los contratos proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando los gastos, certificando la ejecución del servicio con la factura correspondiente y autorizando el pago.
Asimismo, el juez apunta que Borràs presuntamente abusó de las funciones como directora de ILC dictando «resoluciones injustas», siendo consciente de que las adjudicaciones entraban en contradicción con las exigencias de la legislación reguladora de los contratos del sector público, favoreciendo los intereses de Isaías H., en detrimento de la defensa de los intereses generales.
Y señala que la comunicación por correo electrónico entre Borràs y Isaías H. «son indicios suficientemente sólidos de la concertación entre ellos dos para defraudar a la ILC».
El Tribunal Supremo remitió en abril de 2021 la causa de Borràs al TSJCat al haber perdido en marzo de aquel año su condición de miembro del Congreso de los Diputados y, por tanto, dejó de ser aforada.
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