El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha remitido este lunes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, el suplicatorio para continuar la causa en la que se investiga a la diputada y portavoz de JxCat, Laura Borràs, “al objeto de que se le dé el trámite que corresponda en esa Cámara”.
El pasado viernes el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, dirigió un oficio a Lesmes para que trasladase el suplicatorio a Batet para proceder penalmente contra la portavoz de JxCAT.
La diputada tiene una causa abierta en el Supremo desde el pasado mes de diciembre por los presuntos delitos prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en la etapa en que era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La comunicación remitida por el Supremo va acompaña de la exposición razonada del instructor de la causa, el magistrado de la Sala Segunda Eduardo de Porres, que es quien ha instado el suplicatorio.
El suplicatorio se trata de un requisito de procedimiento en el que el tribunal pide formalmente al Congreso de los Diputados permiso para continuar el procedimiento penal contra uno de los miembros de la Cámara Baja, en este caso la diputada catalana.
Borràs fue citada el pasado 14 de febrero en el Supremo para prestar declaración voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como establece la ley, pero la diputada optó por no acudir a la citación. A raíz de ello, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio.
La Sala Segunda del Supremo abrió el pasado 17 de diciembre la causa para investigar los indicios de diversos delitos apreciados por el juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, que elevó al Supremo una exposición razonada.
El tribunal extendió su competencia, además de a Borrás, a Isaías Herrero Florensa, por la inescindible conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a Borràs.
Según la investigación del juzgado de Barcelona, que se recoge en la exposición razonada del magistrado Eduardo de Porres dirigida al Congreso, hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe total de 259.863 euros, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs, entonces directora del Instituto, mantenía una relación de amistad.
