La Asociación de Fiscales (AF) ha recurrido la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de suspender sine dine la constitución de la Comisión de Ética de la Carrera Fiscal, órgano independiente que marcará las pautas del Código Ético de los fiscales y que estará integrado por seis miembros de la Carrera y un académico, según ha informado hoy.
La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, manifiesta a Confilegal que «no existe razón jurídica que avale la suspensión» y achaca la decisión de Delgado «a que quizás no le ha gustado el resultado de las elecciones al haber sido elegidos para el cargo miembros de esta asociación y por eso suspende sin plazo la constitución y pretende también influir en el proceso de selección del miembro externo».
El lunes interpuso ante la AN un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Delgado, en el que pide que se deje sin efecto; solicita medidas cautelares
El pasado 17 de diciembre fueron elegidos los 6 fiscales que la integrarán: Consuelo Madrigal, Vicente Garrido, Antonio Mateos, Marta Valcarce, Abelina Alia, y Diana Lanceros. La elección de los componentes de la misma se realizó mediante un procedimiento abierto a toda la Carrera, resultando los candidatos elegidos, pertenecientes a la Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la Carrera Fiscal.
Está pendiente la designación del miembro externo, que, «según las reglas de organización y funcionamiento de la Comisión de Ética Fiscal, debería ser elegido por la Comisión en el acto de constitución», subraya la AF.
El 7 de febrero, la fiscal general acordó, por decreto, la suspensión del plazo establecido para la constitución -antes de que terminara el 17 de enero debía producirse la convocatoria para la constitución de la Comisión-, alegando que había que proceder a la elección del miembro externo -académico-, para lo que diseñaría un sistema de selección. Decreto que concluye señalando que contra el mismo no cabe recurso alguno.
«La fiscal general se atribuye para sí el proceso de selección del miembro externo, que debería ser elegido por dicha Comisión, según las reglas de funcionamiento, teniendo en cuenta el deber de imparcialidad que debe ostentar la fiscal general que no debería interferir directa o indirectamente en este procedimiento porque que la Comisión de Ética es un órgano independiente de la Fiscalía General», señala Dexeus.
Así, la AF denuncia que Delgado quiere «arrogarse funciones que no le corresponden» y pone el foco en que la suspensión se ha dado «tras no conseguir ningún tipo de representación la asociación a la que ella perteneció, la Unión Progresista de Fiscales (UPF)».
En cuanto a sus funciones, este órgano tiene por objeto la interpretación del Código Ético del Ministerio Fiscal a través de la emisión de dictámenes e informes, de forma similar al órgano que ya existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que realiza recomendaciones sobre actuación de los jueces respecto a los medios de comunicación, asistencia a eventos públicos, etc.
«Deseamos que la democracia venza a suspensiones interesadas y unilaterales, convocando la constitución de la Comisión de Ética», manifiesta la AF
«Se ha suspendido un plazo vencido para convocar un proceso transparente y público del que, sin embargo, nadie tiene noticia. No sólo porque no se haya comunicado a la Carrera, que no se ha hecho, sino porque no se ha publicado convocatoria alguna ni se conocen los órganos encargados de sustanciar y resolver el proceso», detalla la Asociación de Fiscales en un comunicado.
Señala que «funcionan así tales principios a modo de advocaciones que llaman a la confianza, tal vez incluso a la fe en las buenas prácticas de una fiscal general permanentemente envuelta en polémicas haciendo traslación desde la implementación de las características que se predican a su sola mención». «Nada más contrario al mundo del Derecho donde rigen las garantías y las evidencias», destaca la AF.
Apunta que esa suspensión es, además, «por tiempo indeterminado sujeto únicamente a la voluntad de la fiscal general de convocar, tramitar y ultimar ese proceso, que, al parecer, va a ser también participativo» por ella.
Frente a esta situación, el pasado lunes interpuso ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Delgado, en el que pide que se deje sin efecto para que así se pueda proceder a la constitución de la Comisión. Solicita medidas cautelares.
Además, la AF emplaza en su comunicado a todos aquellos que estén convencidos, como esta asociación, de la necesidad de la constitución de este órgano, que insten a la fiscal general del Estado «a su inmediata convocatoria».
«La materialización de la voluntad expresada por la Carrera no admite triquiñuelas que, además, se intentan sustraer al conocimiento público de la misma obviando la difusión del decreto dictado el pasado 7 de febrero. La suspensión de la democracia es un camino que ni queremos, ni debemos, ni podemos explorar», subraya la Comisión Ejecutiva de la AF, que desea «que la democracia venza a suspensiones interesadas y unilaterales, convocando la constitución de la Comisión de Ética Fiscal».
«Para cumplir con las recomendaciones del GRECO no basta con dotar a la Carrera de un Código Ético cual operación de maquillaje, sino de hacerlo efectivo a través de la Comisión», sentencia Dexeus.
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