La ministra Pilar Llop y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la clausura del I Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Foto: MJ
Llop destaca que la digitalización de la Justicia tiene ya un impacto real en la vida de ciudadanos y empresas
Más de 440.000 juicios telemáticos, 88.000 accesos al expediente judicial electrónico o 318.000 textualizaciones de grabaciones de vistas son algunos de los datos que arrojan las soluciones puestas ya en marcha por el Ministerio de Justicia, según ha explicado
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22/4/2022 15:47
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Actualizado: 26/9/2023 17:43
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La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado que la digitalización de la Justicia tiene ya un impacto real en la vida de los ciudadanos y y empresa.
Así lo manifestó ayer en la clausura del I Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia, celebrado este pasado miércoles y jueves en Madrid, en el que han participado representantes del sector público y privado de la Justicia.
Organizado por el Ministerio de Justicia, en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), ha tenido entre sus objetivos acercar la cocreación de valor entre las administraciones, la ciudadanía y el sector privado, así como potenciar el papel de la Justicia en la transformación digital española.
En su intervención en la clausura, Llop ha hecho hincapié en la importancia de la transformación digital “tal y como la entiende el Ministerio: como un proyecto de país con múltiples potencialidades que nos lleva a prestar un servicio más ágil, más humano y que favorece la transición ecológica”.
La implantación de esta tecnología en Justicia “es ya una realidad y tiene un impacto real y positivo en la vida de la ciudadanía, y también en el día a día de las empresas”, asegura Llop.
La ministra ha puesto como ejemplo de la implantación de la tecnología en la Justicia los más de 95.000 oficios de órganos judiciales a administraciones públicas gracias a la interconexión de sistemas, y la integración a través de la interoperabilidad de más de 288.000 expedientes administrativos de manera automática en el expediente judicial electrónico.
También ha señalado como muestras del proceso de digitalización el trámite electrónico de más de 326.000 citas previas en las sedes judiciales y oficinas del Registro Civil, la celebración de más de 440.000 juicios telemáticos, los más de 88.000 solicitudes de acceso al Expediente Judicial Electrónico o la textualización de más de 318.000 grabaciones de vistas.
Asimismo, Llop ha puesto en valor el diálogo como “método de hacer política, como herramienta de la acción del Gobierno”. “Por ello, hemos aunado nuestros esfuerzos para que este foro actúe como catalizador de las sinergias de los sectores público y privado”, ha puntualizado.
En la clausura también participó el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien ha señalado la importancia de ir «juntos» en este proyecto que es la digitalización: «Entre todos es más fácil conseguir esa Justicia que queremos, justa, ágil y cercana».
UNA JUSTICIA ‘MÁS CERCANA E IGUALITARIA’
La ministra ha indicado que el objetivo del foro ha sido potenciar la cocreación de valor entre las administraciones públicas, el sector privado y la ciudadanía, e “impulsar el proyecto de transformación digital en el ámbito de la Justicia y posicionar a España como líder de esta transformación”.
La titular de Justicia ha subrayado que la tecnología contribuye a la vertebración del territorio y avanzar en igualdad entre las personas, “nos permite, en definitiva, contar con una Justicia más cercana y más igualitaria”.
Además, ha puesto en valor «la gestión eficiente» que ya se está haciendo de los fondos europeos, “que contribuye a la recuperación del país, a la mejora del tejido productivo y a una mayor competitividad”.
Las jornadas fueron inauguradas por el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez, quien también destacó que “la transformación digital es una realidad que forma parte del día a día de la sociedad española y es fundamental para el funcionamiento de los servicios públicos y la competitividad de un país”.
«Con este foro se refuerza la seguridad jurídica digital, intercambiando información entre el sector público y privado; va a mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos judiciales, escuchando a la ciudadanía, empresas y profesionales; se va a trabajar en la inversión directa en el ámbito de las tecnologías de la información y comunicaciones; permitirá la apertura y transparencia de las actuaciones, proyectos y previsiones de transformación digital de la Administración de Justicia; facilitará la gestión eficiente de los fondos europeos; impulsará el apoyo de todo el sector productivo, en especial a las pymes y autónomos; y favorecerá la asignación de recursos, ya que las empresas conocen los contratos o proyectos que están previstos, mejorando el funcionamiento del sistema”, explicó Rodríguez.
GRUPOS DE TRABAJO
El primer día se celebraron tres grupos de trabajo. Uno, sobre seguridad jurídica digital, en el que participaron la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán; el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez; el presidente ejecutivo y socio director de Garrigues, Fernando Vives; y el socio de la consultora PricewaterhouseCoopers, José Amérigo. Un encuentro para “encontrar soluciones, propuestas e ideas que coloquen a nuestro país como referente desde una perspectiva nacional e internacional en el sector Justicia”, según ha explicado la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que lo moderó.
Otro grupo de trabajo trató sobre innovación y mejora de servicio público de Justicia, y participaron en él el coordinador del grupo de trabajo de Digitalización del Servicio Público de la Justicia de Ametic, Miguel Ángel de la Pisa; la fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo, Esmeralda Rasillo; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez; y el socio de Deloitte responsable de consultoría tecnológica para el sector público, Javier Santos.
Fue moderado por el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, quien ha destacado “la importancia de la cogobernanza” y la necesidad de impulsar “una mayor participación entre sector privado y la sociedad civil”.
El tercer grupo versó sobre dimensión internacional y fue moderado por la directora general para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal. En su intervención, García destacó que el plan Justicia 2030 contempla implantar la Oficina de Justicia en los municipios para que los habitantes de las zonas despobladas, “que tengan problemas para acceder al mundo digital, como las personas mayores o con discapacidad, cuenten con profesionales que les ayuden a hacer trámites con la Justicia”.
En esta mesa participaron el presidente de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia, (CEPEJ), Ramin Garagurbali; la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Europa, Fazia Pusterla; y el director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales de Ametic, Antonio Cimorra.
Ayer se celebraron dos mesas de trabajo. Una, sobre contratación, soluciones tecnológicas y fondos europeos, en la que se abordaron las cuestiones relacionadas con la gestión, tramitación y ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, moderada por el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo.
La otra, sobre la transformación digital, justicia, sostenibilidad y el mundo local, moderada por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y en la que ha participado la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez.
El secretario de Estado ahondó en la importancia y las consecuencias positivas de la transformación digital, especialmente en el ámbito local, y aseguró que “la digitalización va a permitir que desde las Oficinas de Justicia en los municipios se pueda comparecer en juicio, recibir información sobre expedientes judiciales, obtener certificados, o realizar consultas al Registro Civil”.
Por su parte, la subsecretaria de Justicia se ha referido a la importancia que tiene la sostenibilidad, un objetivo recogido tanto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como en el proyecto Justicia 2030. «Y sostenibilidad y digitalización están íntimamente relacionadas: la digitalización nos va a permitir ahorros energéticos, de consumo de papel, o en desplazamientos de las personas; llevar, en definitiva, la sostenibilidad medioambiental al sector Justicia”, ha explicado Sánchez.
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