El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Fernando de Rosa Torner, ha registrado una moción en la Cámara Alta para instar al Gobierno a que prevea «más garantías» para los funcionarios de prisiones en el protocolo de denuncias por malos tratos.
«El Ejecutivo socialista ha abandonado a los funcionarios de prisiones, y se niega a adoptar medidas para garantizar que trabajen con las máximas garantías», declara De Rosa a Confilegal, y hace hincapié en que gracias al trabajo de estos trabajadores se mantiene el Estado de Derecho en los centros penitenciarios.
Por eso, afirma que «cualquier sombra de duda que se haga sobre su trabajo es negar la realidad» y por ello, considera necesario modificar el Código Penal y «aclarar» el artículo 533 y, en consecuencia, modificar la instrucción de instituciones penitenciarias.
En el texto de la iniciativa expone que «el problema de las cárceles es un problema que, en términos generales, se observa, y, sobre todo, se siente lejano», y que esa percepción «alejada y ajena» es precisamente «la que marca la insensibilidad general hacia el fenómeno penitenciario».
Señala que reclusos y trabajadores de prisión tienen perfectamente delimitados sus roles y que la finalidad última del sistema es que exista una coexistencia pacífica. «Y esa coexistencia pacífica se trunca, como es lógico, si unos y otros actúan con excesos», destaca.
De hecho, añade, esa coexistencia y, sobre todo, la dignidad de los reclusos es tan importante que para evitar cualquier exceso por parte de quienes a priori ostentan el poder, el Código Penal prevé el delito de rigor innecesario del artículo 533, «que castiga, precisamente, al funcionario penitenciario que dispensa un rigor innecesario al preso».
Fernando de Rosa, que es magistrado en servicios especiales, pone el foco en que el precepto está formulado «de forma tan abierta» que no concreta qué es rigor innecesario o cuando es necesario, «colocando al funcionario de prisiones en una clara inseguridad jurídica».
«La Administración Penitenciaria abandona sus funcionarios a su suerte procesal», lamenta el portavoz de Justicia del PP en el Senado
«Es un precepto abierto que mal se compadece con el principio de legalidad, y produce el efecto perverso de que cualquier denuncia de un preso, sin un mínimo de corroboración, lleva a la investigación penal del funcionario denunciado», manifiesta.
De Rosa subraya que el artículo 533 del Código Penal «no puede ser un arma arrojadiza para someter a la pena de banquillo al funcionario que lleva a cabo una conducta que simplemente molesta o no gusta al interno». Y denuncia que «la Administración Penitenciaria abandona sus funcionarios a su suerte procesal».
«Una cárcel por definición es un entorno laboral complejo en el que la tensión entre funcionarios e internos es frecuente y, por tanto, los automatismos no son recomendables. No es dable es que la mera incomodidad o molestia de los internos finalice mediante la denuncia contra el funcionario y sea la propia Administración Penitenciaria la que lo abandone a su suerte procesal, obligando al funcionario a pasar un calvario moral y económico en un juzgado de instrucción», manifiesta el portavoz de Justicia del PP en el Senado.
El Protocolo de denuncias por malos tratos, de 17 de marzo de 2021, firmado por el subdirector general de Análisis e Inspección Penitenciaria, dispone que de la denuncia verbal o escrita formulada por las personas privadas de libertad ante la Dirección o personal del centro penitenciario, “se remitirá la denuncia, inmediatamente y en todo caso en plazo no superior a 48 horas desde su recepción, al Juzgado de Guardia y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, acompañada de un informe inicial y la documentación obrante”.
En definitiva, a juicio De Rosa, «la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante la simple denuncia del interno se lava las manos y ya el funcionario se las arreglará ante el juzgado oportuno», y el funcionario de prisiones «pasa a ser u ocupar, ante la más mínima denuncia, aunque no tenga fundamento, presunto autor del delito de rigor innecesario (o alguno más grave)».
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta moción, a iniciativa de Fernando de Rosa, para que la Comisión de Interior del Senado inste al Gobierno a «defender la presunción de veracidad de los funcionarios de prisiones».
De Rosa fue presidente de la Audiencia Provincial de Valencia y el último vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (2008-2013) antes de que este puesto desapareciera por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013, y presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces en la primavera de 2012.
