El embajador representante permanente de España en el Consejo de Europa, Manuel Montobbio, firmó ayer, en nombre del Estado español, el Protocolo adicional segundo al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas.
Su incorporación al ordenamiento español facilitará la investigación y el enjuiciamiento de las infracciones penales, ya que va a dotar a nuestro sistema procesal de nuevas herramientas que agilizan, facilitan y dotan de seguridad jurídica la obtención de pruebas electrónicas fuera de nuestras fronteras.
En su contenido, mantiene todas las condiciones y salvaguardas de los Derechos Fundamentales que ya se incluían en el Convenio y, además, las completa con una regulación detallada sobre el tratamiento de los datos de carácter personal.
El texto incluye herramientas dirigidas a facilitar la investigación de procesos penales que requieran de prueba electrónica transnacional.
Se podrá solicitar directamente información sobre los registros de nombres de dominio de Internet e información de abonado a los proveedores de servicios que se encuentran en territorio de otro Estado, como forma de cooperación directa con ellos.
Además, se dota a estas autoridades de un mecanismo procesal que permite dar efectividad a las órdenes emitidas por las autoridades de otro Estado, dirigidas a sus prestadores de servicios.
En caso de emergencia, se podrá obtener la asistencia inmediata de un proveedor de otro Estado, sin que sea necesaria una solicitud formal.
Y se utilizará la videoconferencia y los equipos conjuntos de investigación adaptados a las particularidades del ciberdelito y la prueba electrónica.
El Ministerio de Justicia ha representado a España en todo el proceso negociador y ha intervenido de forma activa en la redacción del texto, contando con el apoyo de la Fiscalía de Criminalidad Informática, cuya máxima responsable, Elvira Tejada, se desplazó a Estrasburgo para ser testigo del momento.
Este Protocolo, que había sido adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2021, mejora y complementa lo establecido en el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, firmado en Budapest en 2001, así como el protocolo adicional del mismo, firmado en Estrasburgo en 2003.
