Manuel García Castellón, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia nacional, ha finalizado la instrucción de la pieza 21 del caso Tándem (proyecto Wine), archivando la causa contra Antonio Brufau e Isidro Fainé, presidentes de Repsol y Caixabank, respectivamente, y proponiendo enjuiciar al comisario José Manuel Villarejo y a cinco personas más.
En el auto de transformación a procedimiento abreviado, el juez imputa a Villarejo y a su socio Rafael Redondo, por delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos, a los directores de Seguridad de Repsol, Rafael Araújo, y de Caixabank, Miguel Fernández Rancaño, y a Rafael Girona, por el delito de cohecho activo, y al también comisario Enrique García Castaño, por los delitos de cohecho pasivo y descubrimiento y revelación de secretos.
Asimismo, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional y archivo respecto de los directivos Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris, Juan de Amunátegi y Antonio Masanell en esta pieza en la que se han investigado los encargos de Caixabank y Repsol a Villarejo para evitar una adquisición de acciones del empresario Luis del Rivero sobre esta última compañía.
En su resolución, el magistrado explica que de la investigación se desprende, “sin género de dudas”, que ambas compañías, ya en el momento de la contratación con Cenyt, empresa de la que es propietario Villarejo, contaban con un modelo de prevención de delitos que cumplían con los requisitos previstos en la ley y, por tanto, no se les puede atribuir los delitos investigados en este procedimiento.
Respecto de los presidentes de Repsol y de Caixabank, señala que no hay indicios ni sospechas de que la orden de contratar con Cenyt o a Villarejo fuese conocida por ellos. Ni de que ambos fuesen informados de sus resultados ni del pago al proveedor, que fue realizado, según el juez, por los respectivos jefes de Seguridad.
En definitiva, el magistrado concluye que de las numerosas diligencias de investigación practicadas no es posible mantener la situación de imputación que a día de hoy ostentan los dos presidentes.
“Cuando de todo ese acervo se desprende su total falta de participación en los hechos investigados, estando prescrita la imputación por razones meramente objetivas por razón del cargo», afirma el magistrado.
En su auto, García Castellón explica que en 2011 Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr Vallehermoso, llegó a un acuerdo con la compañía mexicana Pemex para aumentar su participación en Repsol hasta casi un tercio del capital social sin lanzar una OPA.
Como consecuencia de estas operaciones, desde servicios directivos de Caixabank y Repsol se articularon de modo conjunto distintas vías de acción para evitar dicha adquisición, entre ellas la contratación con el Grupo Cenyt que confeccionó el denominado proyecto Wine.
En su encargo, según señala el juez, fueron los directores de Seguridad de Repsol y Caixabank quienes se reunieron en varias ocasiones con Villarejo y Redondo desde finales de 2011 hasta la primera mitad de 2021.
Los servicios de investigación contratados se centraban en obtener información sobre Del Rivero, su mujer, el jefe de Seguridad de Sacyr y el antiguo director Financiero de Repsol YPF.
Por estos servicios, el Grupo Cenyt recibió a cargo de Repsol y CaixaBank un total de 413.600 euros por una supuesta elaboración de estrategia.
El juez indica que cuando se llevaron a cabo estos hechos, Villarejo era comisario de Policía en activo.
En otros dos autos, el magistrado rechaza unas diligencias solicitadas por Luis del Rivero.
