De izquierda a derecha, José Manuel Ferrer, de AEAFA, Pilar Cascón de ASNALA, Ángeles Chinarro, de ALA, José María Alonso decano del ICAM, Eugenio Ribón, diputado de la Junta Gobierno, Elena García de APAEM y Juan Manuel Maillo, de ALTODO.
Asociaciones de abogados denuncian en el ICAM el «colegueo» entre jueces y fiscales en algunos juicios
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16/6/2022 06:50
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Actualizado: 16/6/2022 10:07
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La llamada abogacía de trinchera constituye cerca del 90 % de los despachos de abogados de España. La gran mayoría de ellos cuentan ente 1 a 5 profesionales que trabajan conjuntamente para compartir gastos y clientes según el último barómetro del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Su mejor publicidad es la boca a boca y un cliente satisfecho.
Una realidad diferente a la de las grandes firmas de abogados.
Muchos de estos profesionales están integrados en asociaciones profesionales, entidades que les ofrecen respaldo en muchas cuestiones así como en el desarrollo de su red de contactos y “networking”.
Algunas de ellas intervinieron este miércoles en un debate en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), como colofón al Foro Justicia celebrado en la entidad colegial.
Son profesionales que impulsan su despacho con esfuerzo diario sin demasiadas alegrías.
Una de las preocupaciones que mostraron es el “colegueo” que hay entre jueces y fiscales en algunas vistas tanto, especialmente cuando empiezan los juicios, cuestión que tienen que explicar a sus clientes, no siempre con acierto.
Se da, sobre todo, en aquellas salas en las que se celebran varios juicios por la mañana. Jueces y fiscales permanecen en la sala mientras que los abogados y sus clientes se van sucediendo unos tras otros. En esos intervalos, jueces y fiscales charlan animadamente como si fueran buenos amigos, lo que proyecta la impresión de que la imparcialidad no está ni se la espera, creando un cierto desasosiego, sobre todo, entre los clientes.
Y una desconfianza evidente.
Esto quedó patente en el debate que moderó Eugenio Ribón, diputado de la Junta Gobierno, y en el que participaron José Luis Ferrer, de la Asociacion de Abogados de Familia (AEAFA); Pilar Cascón, secretaria general de Asociacion de Abogados laboralistas, (ASNALA); Ángeles Chinarro Pulido, presidenta de la Asociacion Libre de Abogados (ALA); Elena García, miembro de Asociación de Abogados de Extranjeria (APAEM) y Juan Manuel Maillo, presidente de Asociacion del Turno de Oficio ALTODO, manifestaron su preocupación por la relación que notan en algunas salas de vistas.
“Llegas y ves como conversan el juez con el fiscal; y cómo el fiscal tras la reforma del Estatuto Orgánico, puede intervenir cuando quiere aunque no sea su turno. Y en muchos procedimientos tiene la ultima palabra”, comentó Maillo.
La reforma en cuestión es muy reciente y se hizo a través del Real Decreto 305/2022 de 3 de mayo. En esa reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio fiscal en su artículo 118 cita algunos derechos profesionales de los fiscales:
Entre esas atribuciones o derechos profesionales se citan, “el ocupar el lugar derecho al lado del juez; que se les avise de ir a sala cuando no se encuentren en el juzgado, a pedir la palabra aunque no estén en uso de ella, por interés publico”.
Otras cuestiones que indicaron es que el fiscal tiene derecho a comparecer por videoconferencia, así como participar en todos los órganos jurisdiccionales diferentes del penal, en último lugar de cada turno, salvo disposición legal.
Por el momento, no hay recurso interpuesto ni por el ICAM ni por el CGAE sobre dicho Real Decreto aunque las reuniones entre estas entidades ya se han producido en los últimos días.
DEMANDAN MÁS PROTECCIÓN DEL ICAM
Para los allí asistentes la desigualdad de armas es evidente en estos momentos. “Es muy difícil lograr el expediente judicial de cualquier asunto. Creemos que el ICAM debería presionar al CGAE en este sentido. En esta situación se hace muy necesaria la Ley Orgánica de Derecho a la Defensa que ALA viene reclamando desde el 2013 y que nos protegería mejor a los abogados”, apuntó Chimeno.
Esta jurista valoró en gran medida el servicio Defensa Abogacia que tiene el ICAM. “Es bastante rápido pero ahí el ICAM debe ser inflexible de cara a permitir intromisiones en la relación profesional del abogado y sus clientes, sobre todo en el tema de evitar cualquier tipo de escuchas telefónicas”.
Por su parte, Pilar Cascón, como abogada laboralista en ejercicio, consideró que los colegios de abogados tienen que hacernos valer y ayudar a que nos respeten en los juzgados. Cree que el ICAM aún puede implicarse mas en la defensa de los abogados.
Consideró que funcionan bien los servicios de Defensa Abogacia y el creado hace años, Espacio Abogacia, como centro de «coworking» donde los profesionales pueden trabajar en esos centros de negocios.
En otro momento comentó que “los abogados de lo social bastantes problemas en los juzgados. Podrían tratarnos mejor”. Cree que algunos jueces y letrados de la administracion de justicia deberían respetarles más en el ejercicio de su actividad profesional”.
Cascón llamó la atención sobre el hecho de que el magistrado Antonio Cervera, titular del Juzgado de lo Social 10 de Madrid, como delegado de la juez decana, María Jesús del Barco, organiza periódicamente reuniones de colaboración para destacar lo que se puede mejorar.
«A esas reuniones también acude el Colegio de Abogados de Madrid. En algunas cuestiones nos dicen que son temas jurisdiccionales y que no se pueden meter, pero por lo menos nos escuchan”. subrayó.
Por su parte, Elena García, como abogada de extranjería era consciente que la crisis derivada de la guerra de Ucrania “ha puesto sobre la mesa el papel de los abogados que nos dedicamos a esta práctica. Somos firmas pequeñas que vivimos muy al día y que no siempre es posible desarrollar una estrategia de crecimiento porque los costes pueden ser elevados”.
ABOGADOS Y PLAZOS PROCESALES
Para Ferrer, en nombre de AEAFA, destaco el papel de los abogados del Turno de Oficio, con los que se ha encontrado en alguna ocasión “están muy bien preparados. El problema que sufren es el de los pagos, porque los baremos aún no están actualizados”.
Este experto recordó que los abogados están por su trabajo constreñidos por los plazos procesales en muchas de sus actuaciones. Sin embargo, si el fiscal manda un escrito fuera de plazo no sucede nada. Tampoco pasa nada en el caso de alguna sentencia errónea de un juez.
En su opinión, “los abogados tenemos nuestra responsabilidad profesional limitada y tasada por lo que hacemos o dejamos de hacer, cuestión que al parecer no tienen otros operadores jurídicos por lo que estamos viendo.
Desde ALTODO, Maillo dijo creer que los servicios de Espacio Abogacia y el de Defensa Abogacía están funcionando bien y que el ICAM debe hacer un esfuerzo informático importante y mejorar el «call center» de las guardias. “De hecho, desde ALA y ALTODO, hemos pedido ya que se cree un registro electrónico en el propio Colegio de Abogados”.
Sobre la subida en enero de este año de los baremos del turno de oficio, “recordó que aún no se ha recuperado el poder adquisitivo del 2003. Hay que recordar que el pago de las guardias ronda los 200 euros brutos y que en ocasiones el coger tu vehículo, con la crisis energética que hay supone tener que hacer otro gasto importante en combustible”.
Para este jurista es muy importante que se observe imparcialidad en la relación del juez con los fiscales, o del juez con el propio letrado de la Seguridad Social si te metes en un juzgado de lo social. “Parece que los plazos procesales solo atañen a a los abogados, pero no existen para nadie más».
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